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martes, 17 de enero de 2012

¿HAY CRISIS EN EL FÚTBOL?



Acabamos de conocer las primeras medidas de ajuste, articuladas en los primeros Consejos de Ministros celebrados estos últimos días y encaminadas a tomar el pulso al desbocado déficit público; medidas, por otra parte, impuestas probablemente por instrucciones de hecho, que no de derecho, por nuestros reguladores europeos.

Como bien decía el depuesto Director General del FMI, Sr. Strauss-Khan, “las crisis siempre las pagan los mismos”, los más débiles. Y debe ser así, porque las citadas medidas suponen un buen recorte, no sólo hacia la merma de servicios básicos como la salud y la educación, sino que además van dirigidas de la forma y manera más directa al bolsillo de los ciudadanos a través del incremento en la presión fiscal. Pero esto ya lo sabemos, se ha repetido otras veces.

"No es oro todo lo que reluce"
¿Y, si los que se encargan de dirigir nuestros designios, echasen un vistazo hacia determinados sectores de nuestra economía...? ¿Y, si antes de emprender una senda de recortes de bienes  básicos, organizasen con más eficiencia esos otros sectores económicos...?

Si nos situamos a principios de la década de los noventa, la deuda acumulada por el conjunto de los clubes de fútbol español rondaba los 240 millones de euros, unos 40.000 millones de las antiguas pesetas, cantidad que, por aquel entonces, ya suponía un verdadero escarnio social.

El Gobierno de entonces, ante la magnitud del problema creado por la irresponsabilidad manifiesta de los dirigentes de esos clubes, ayudada por la desidia de nuestras leyes, decidió poner en marcha dos medidas. 

¡Manda güevos...!
La primera de ellas, encaminada a dotar de un marco jurídico y económico a esos clubes que, hasta entonces, habían estado funcionando como auténticas asociaciones deportivas con presupuestos millonarios en un mundo altamente profesional; se legisla y se diseña la llamada Ley del Deporte, Ley 10/1990, desarrollada a su vez por el Real Decreto 1251/1999. Y, la segunda, procediendo a subir el porcentaje en el que participan el conjunto de los clubes en la recaudación de las quinielas deportivas, entonces la "gallina de los huevos de oro", pasando del 2,5% al 7,5%, con la condición impuesta por el gobierno de que el mismo se destinara a sanear y taponar el agujero creado por ellos.

Con la creación de la citada ley se perseguía dotar de mayor transparencia a nivel económico y jurídico a las empresas del deporte profesional y más en concreto al mundo del fútbol, de gran peso social y mediático en nuestro país, que hasta la fecha venían funcionando sin un marco legal que regulase sus actuaciones y sus responsabilidades, lo que había traído esa situación de catarsis económica, a la vez, que abría la puerta para que esas sociedades anónimas deportivas pudieran en un futuro participar en nuestro mercado bursátil con su salida a bolsa, lo que, a fecha de hoy y curiosamente, no se ha producido por parte de ninguna de ellas.

En resumidas cuentas, se pretendía poner orden, responsabilizar a los dirigentes de esos clubes en su gestión y evitar que los hechos se repitieran de nuevo.

A raíz de esto, se obliga a los clubes a convertirse en sociedades anónimas deportivas, las llamadas SAD, a excepción, curiosamente, de determinados clubes, por otra parte los que más presupuesto manejan y más poderosos son dentro del calendario futbolístico, que siguen rigiéndose por el mismo mecanismo societario de entonces. Sin entrar a analizar este hecho por no ser tema de lo que aquí se trata, esto vulnera el principio de aplicación de la citada ley del deporte.

Si nos situamos en el momento actual de los hechos, estos clubes deportivos no sólo no han visto saneados sus presupuestos millonarios, por otra parte regados de millones con otra de las "gallinas de oro" actuales, como son los derechos televisivos, sino que, a fecha de hoy y según los datos declarados por ellos mismos en el Registro Mercantil, la deuda total sobrepasa la friolera de los 3.500 millones de euros, datos incompletos y aproximados porque parte de los clubes profesionales no presentan desde hace tiempo sus cuentas en registro correspondiente. De esta deuda, más de 600 millones de euros, también dato incompleto, son deudas con Hacienda, y una cantidad no determinada, que a buen seguro será de cuantía respetable, con nuestra Seguridad Social.

Hacienda ¿somos todos?
No entraré a analizar que otro de los canales de ingresos, a los que habitualmente han recurrido los clubes para ir solventando su nefasta tesorería, ha sido a las famosas recalificaciones de terrenos aprovechando los acuerdos urbanísticos con los ayuntamientos de turno, "gallina" que, por el estallido ya conocido en el sector inmobiliario, ha dejado de dar esos preciados "huevos de oro".

En el mundo económico y cuando se estudia la asignatura de análisis de balances se define a la quiebra financiera, de forma coloquial, cuando el conjunto de los bienes que posee una empresa se ve superado por el conjunto de sus deudas. El conjunto de las deudas de los clubes ya supera el 91% de lo que tienen, analizando los datos publicados por ellos mismos, lo que nos lleva a pensar que tal situación se dará en breve, si es que no la han sobrepasado ya, por lo que podríamos encontrarnos en una situación irreversible.

A esto se añade que por cada 100 € que generan, gastan 113 € y que, cada vez más, estos clubes se acogen a la Ley Concursal.

Pero, ¿en qué afecta todo esto al resto de los ciudadanos...?

A tenor de las medidas a las que están recurriendo el conjunto de nuestras Administraciones Públicas para la reducción del susodicho déficit, y valga como ejemplo la Comunidad Autónoma de Cataluña que, con toda seguridad, se postula como la punta de lanza de lo que harán el resto de CCAA, estableciendo ya un copago sanitario con el euro por receta y los 10 euros por estancia de hospital, restricción de horarios sanitarios básicos como son las unidades de urgencias y coronarias de ciertos hospitales, el cierre de centros de salud y de camas hospitalarias, céntimo sanitario, reducción de profesorado, y un sin fin de medidas que nos llevarán al principio del fin de lo que hasta ahora entendíamos como derechos fundamentales para todos.

Cómo un sector del deporte que maneja cantidades ingentes de dinero, se permite el pago de millonarias cantidades de dinero por adquisiciones de jugadores, contrayendo una deuda que, a buen seguro, no podrán pagar, con unos sueldos de jugadores obscenos en lo moral y en lo social y además con un trato fiscal especial que y que muy probablemente no proporcionan a nuestro país ningún valor añadido, salvo el ya conocido, y todo esto a costa de mantener una deuda del todo inadmisible con nuestras arcas públicas, consentida por esos mismos políticos que exigen al resto de la ciudadanía un esfuerzo adicional.

¿Cuántos servicios necesarios para el conjunto de los ciudadanos se podrían mantener si este mundo consentido del fútbol cumpliese con sus obligaciones...?

Soy Goyo Vilda y en este blog comparto contigo mis inquietudes y reflexiones semanales. Para atender tus intereses personales o necesidades empresariales estoy a tu disposición con todo el equipo técnico de ALFICO. Puedes usar el formulario de contacto de nuestra web o el teléfono 979 123 738.


sábado, 22 de octubre de 2011

EL "COPAGO" SANITARIO

El artículo 43 de nuestra Constitución de 1978 normaliza el derecho de todos los españoles a la protección de la salud estableciendo como obligación a los poderes públicos la organización y tutela de la Salud Pública.

Esta aseveración que marca nuestra Ley de leyes transforma el Derecho a la Salud como un derecho fundamental y lo dota de un carácter universal para todos y cada de los ciudadanos de nuestro país.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, Ley General de Sanidad regula todas las acciones que permiten hacer efectivo el derecho a la protección de la salud reconocido en ese artículo de nuestra Constitución.

Más recientemente el pasado mes de julio se aprueba la Ley General de la Salud donde se reconoce, en esencia, el acceso a la asistencia sanitaria de todos los ciudadanos sin excepción, lo que reafirma más si cabe la universalidad de este servicio tan básico y vital.

A través de estas normas, y otras más que se han ido redactando, el legislador viene a definir dos hechos de capital importancia, el primero, que todos los ciudadanos tienen el derecho ineludible de poder acceder a un sistema de salud digno y el segundo, descarga sobre la Administración la obligación de dotar a ese sistema de todos los medios necesarios y suficientes para que pueda ser ejercido tal derecho.

Así pues, y bajo la tutela de nuestras Administraciones, cualquier ciudadano podrá tener a su alcance al conjunto de medios humanos y materiales denominado Sistema Nacional de Salud que es el que debe de garantizar uno de nuestros pilares fundamentales del llamado Estado de Bienestar que no es otro que la salud individual de cada uno de nosotros.

Surge, pues, la cuestión de fondo que no sólo ataña a nuestro país sino a todos los países de nuestro entorno, o al menos de aquellos cuyas economías son más avanzadas, sobre cómo afrontar el coste que le supone a cada país garantizar con plenitud el ejercicio de la salud para todos y cada uno de los ciudadanos.

¿Cómo dotar los recursos necesarios para llevarlo a cabo?

¿Cómo hacer que sea sostenible a lo largo del tiempo?

En nuestro país los recursos que se destinan a nuestro Sistema Nacional de Salud se establecen a través de nuestros Presupuestos Generales del Estado “consolidados”; los formados por el Estado, los Organismos Autónomos, la Seguridad Social y el resto de Organismos.

Recordemos que la competencia de la Salud ha ido transfiriéndose desde el año 2003 a cada una de las CCAA de tal modo que son ellas con sus presupuestos las que deben garantizar el funcionamiento de nuestro sistema y, a modo de ejemplo, la Comunidad de Castilla y León destina al capítulo de salud 1.685 millones de euros de los 10.045 millones de su presupuesto total y la Comunidad de Madrid destina 7.125 millones de euros de un total de 16.724 millones que conforman su presupuesto global.

En el conjunto de nuestras CCAA, prácticamente el 40% de sus presupuestos van destinados al sector sanitario.

Hay que tener en cuenta que el sistema sanitario resulta ser un sistema deficitario para el conjunto de nuestras administraciones y en consecuencia para todos nosotros; necesitamos mucho dinero de nuestros presupuestos para que pueda ser desarrollado de forma eficaz.

El Informe Abril elaborado en el año 1991 vino a sugerir un sistema de “copago” sanitario al establecer que los pensionistas con más recursos pagaran parte de las medicinas.

Más recientemente, en enero de este año el Secretario de Estado de Hacienda, el Sr. Ocaña, opinó, a una pregunta que se le formuló al respecto de nuestro Sistema de Salud, que habría que considerar en un futuro el establecimiento de un sistema de pago directo por parte de los ciudadanos para aliviar la carga presupuestaria de nuestras administraciones.

Así y con todo, existen otras voces que afirman que antes de llegar a la contribución del propio ciudadano habría que emprender un saneamiento de otros sectores de nuestra economía a la vez que acometer reformas estructurales de nuestro sistema sanitario ya contempladas en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y la Ley de Cohesión y Calidad de la Salud.

Si bien es cierto que ningún gobierno desde la entrada de la Democracia en nuestro país se ha atrevido a poner sobre la mesa tan controvertida materia, no es menos cierto que ya existe uncopago encubierto y valga como ejemplo la contribución del famoso céntimo sobre carburantes que algunas CCAA ya aplican, el pago de una parte de nuestras recetas para medicamentos para parte, sobre todo, de la clase trabajadora, sin dejar de lado que determinadas especialidades médicas están fuera de la cobertura sanitaria como son los odontólogos y podólogos, entre otras.

La salud tiene precio
En lo que atañe a países de nuestro entorno más directo, cada país acomete la financiación con fórmulas diversas aunque el espíritu es común denominador a todos, derivar directamente al bolsillo de los ciudadanos una parte de esta factura sanitaria para descongestionar la aportación estatal, así pues...
  • Francia, el ciudadano aporta 1 € por visita al médico.
  • Italia, 10 € por visita al médico y 25 € por urgencia al hospital.
  • Alemania, 10 € al trimestre por visita al médico, el 10% del precio del medicamento y 10 € por cada día de hospitalización.
  • Suecia y Noruega, de 15 € a 20 € por visita la médico, 7 € por cada día de ingreso en un hospital y pago de medicamentos hasta un total de 180 €.
  • Reino Unido, es similar al español.
  • Irlanda, de 2,20 € a 4,50 € por visita al médico, 100 € por urgencia al hospital y hasta un máximo de 120 € en gasto de medicamentos.
  • Portugal, de 2,20 € a 4,50 € por visita al médico.
  • Grecia, todos los ciudadanos pagan el 25 % de los medicamentos.
  • Austria, de 8 € a 17 € por día de hospitalización y 5 € por receta médica.
Y a la vista de estas comparativas con los países de nuestro espectro geográfico, con los que compartimos nuestra andadura a través de la Unión Europea, más que nunca debemos plantearnos la viabilidad de nuestro sistema de salud para el futuro.

Dicen los juristas constitucionales que imponer una tasa por la utilización de los servicios sanitarios provocaría el incumplimiento del ejercicio de tal derecho universal para una parte de nuestros ciudadanos agravado por el abandono que les provocaría en su persona al no poder afrontarlo por su bajo nivel de rentas.

El abuso que históricamente hemos hecho no sólo de la utilización de los servicios sanitarios, incluyendo el despilfarro en medicamentos innecesarios, ha contribuido también a esta situación deficitaria en la que nos encontramos.

Nos guste o no, habrá que afrontarlo a un juego a dos bandas, por una parte la Administración deberá sanear otros sectores y así poder destinar más recursos a este bien básico a la vez que debe acometer una reestructuración en el propio sistema sanitario a fin de conseguir una mejor optimización de esos recursos, y por otra parte, el ciudadano en un ejercicio de responsabilidad deberá utilizar los servicios de forma más razonable y cuando la necesidad lo exija.

Alguien dijo alguna vez que nada conciencia más a la gente que hacerla pagar para que valoren el servicio que reciben aunque creo que si esto se produjese supondría una vía recaudatoria más para nuestros poderes públicos.

En todo caso el dilema no tardará en despejarse.

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