Es bien sabida, por parte del común de los mortales, la situación por la que está atravesando nuestro sistema financiero-bancario inmerso en una mal llamada reestructuración que bajo diversas fórmulas variopintas, tales como fusiones, absorciones o singulares asociaciones de curioso matiz, dependiendo del ojo con el que se miren; sin mencionar el camino que está utilizando nuestro organismo regulador, léase Banco de España, para poner orden en tan complicado asunto que no es otro que la más directa y dramática intervención sobre aquellas entidades financieras que presentan un cuadro clínico sin retorno, con una patología de cuidados intensivos, dado su estado patrimonial y de liquidez.
No es cometido de lo que aquí voy a tratar el analizar el por qué, el cuándo y de qué manera buena parte de nuestro sistema financiero tenga que ser auxiliado por todos nosotros ante la situación alarmante en la que se encuentra y así poder abordar un saneamiento tremendamente necesario, si no queremos estar abocados a un colapso de consecuencias irreversibles. Esto lo dejaré en manos de analistas más avezados.
Lo que aquí trataré, como consecuencia de la mala salud de nuestro sistema bancario, es un hecho que prácticamente está pasando desapercibido, dado el manejo mediático en el que está inmerso nuestro patio financiero.
Me refiero a la “Obra Social” de nuestras Cajas de Ahorros, figura muy arraigada en nuestra historia económica como nexo de unión entre nuestro aparato financiero y social a la que se ha recurrido a fin de contribuir al desarrollo y la promoción de territorios y comunidades.
Las Cajas de Ahorros fueron constituidas y diseñadas allá por el siglo XVII como Pósitos y Montes de Piedad o Montepíos, eran instituciones benéficas donde los pobres obtenían dinero a cambio de empeñar las pertenencias que poseían, muy a semejanza de las creadas en Italia en el siglo XV. Y bajo esta idea original se constituyeron, bajo la fórmula jurídica de fundaciones de naturaleza privada, con una finalidad eminentemente social, a diferencia del resto de entidades financieras cuyo fin principal era ganar dinero.
El Estatuto de las Cajas, llamado Estatuto para las Cajas Generales de Ahorro Popular en su redacción más moderna, data del año 1933 y hasta el año 1971 la función de órgano regulador y de control recaía sobre el Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro. A partir de ese año fue sustituido por el actual Banco de España que es el órgano que asume en la actualidad el control e inspección de las mismas.
La CECA, Confederación Española de Cajas de Ahorro, organismo creado en al año 1928, viene a ser el ente que las representa a nivel institucional.
Y la FUNCAS, Fundación de las Cajas de Ahorros, es la institución sin ánimo de lucro encargada de gestionar la Obra Social de la CECA.
En estos momentos las cajas se rigen por la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, cuyos consejos de administración lo forman representantes gubernamentales fijados por cada CCAA, con representación sindical y es, a través de cada Asamblea General, donde se ejerce el gobierno de cada una de ellas.
En la práctica y al no existir la figura del accionista, a diferencia del resto de bancos financieros regidos por la Ley de Sociedades Anónimas, no pueden proceder al reparto de dividendos a los socios, lo que conlleva que sus beneficios se deban destinar, en primer lugar a reforzar sus fondos propios, según las exigencias estatutarias de cada una de ellas, así como de las impuestas legalmente, amén de dotar de las obligadas provisiones que el Banco de España imponga. Y, en segundo lugar, a la Obra Social.
De una forma sencilla, la Obra Social no es otra cosa que el conjunto de actividades culturales, educativas, deportivas, de conservación del patrimonio histórico y demás asuntos de interés social que son financiados por esa parte de beneficios generados por esas mismas cajas.
¿Se secarán los brotes verdes de la Obra Social? |
Hasta aquí todo parecía idílico, las cajas ganaban dinero y contribuían al desarrollo social.
Pero la llegada de los acontecimientos que ahora vivimos ha destapado las deficiencias, más bien diría las vergüenzas y desvergüenzas, propias de la condición humana. Nos hemos encontrado que estas entidades han sido utilizadas en beneficio de los propios partidos políticos no ya sólo para su propia financiación, sino también para llevar acabo unos proyectos políticos de dudosa valía, han servido para establecer cuantiosas y vergonzosas retribuciones a sus directores, a todas luces obscenas; han financiado determinados negocios económicos sin atender a los más mínimos estándares éticos y de riesgos, contradiciendo no ya sólo las más elementales reglas económicas sino incluso a la propia finalidad social para las que fueron creadas. Pasaron a ser entidades financieras de economía real; de financiar verdaderos proyectos de economía social a inmiscuirse en esa economía especulativa del fregado financiero, participando en la venta y comercialización de productos financieros de dudosa transparencia, sin entrar a hablar de otras operaciones de calado inversor que nada tienen que ver con su propia finalidad.
De repente hemos descubierto que muchas de estas Cajas presentan un cuadro quebrado en sus cuentas con un desbocado endeudamiento, con una morosidad escandalosa; sin entrar en que, como no podía ser de otro modo, la mala utilización de las mismas ha contribuido al fomento de una buena parte de la corrupción imperante en este país.
Y llegados a este punto, ¿en qué afecta todo esto a nuestra Obra Social...?
Pues la reestructuración y conversión a la que se están viendo abocado el conjunto de nuestras Cajas de Ahorros está dañando de forma importante la dotación de dinero que históricamente se venía destinando a ese fin.
Una de los caminos escogidos por buena parte de ellas es la creación de los llamados Sistemas Institucionales de Protección (SIP), mecanismo por el cual se agrupan creando un órgano de cabecera, generalmente un banco, en el cual participan como un socio más con una participación predeterminada.
Las Cajas dejan de operar directamente en la gestión del negocio financiero y sus ingresos vendrán dados por el beneficio que se le asigne en función de su participación en ese SIP, con la particularidad de que deberán hacerse cargo, cada una de ellas, de esos activos tóxicos (activos inmobiliarios, entre otros) para liberar a precisamente a esas SIP. Con ello, y dadas las nuevas exigencias de ratios de capital que le serán exigidas, la disponibilidad de dinero de todas y cada una de ellas para destinar a la Obra Social será cada vez menor, lo que provocará que pueda incluso llevar a su desaparición en un futuro próximo.
Si el camino elegido es la propia intervención en las cajas por parte del Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, llamado FROB, donde el propio Estado participa como socio dominante y estableciendo como premisa que el beneficio obtenido se destine a la devolución de esa aportación, parece claro que la situación de la Obra Social se torna mucho más complicada, sin analizar la posibilidad en la cual pueda decidirse, por parte de este socio dominante, la opción de venta de esa caja intervenida al mejor postor con lo que la desaparición de la dotación destinada a esa Obra Social será un hecho.
En el año 2007 y 2008, el conjunto de nuestras Cajas destinaron a la Obra Social en torno a los 2.000 millones de euros; en el año 2009 apenas llegaron a los 1.800 millones y en el año 2010 la cantidad rondó los 1.400 millones (Datos de la CECA).
Esto nos da una idea del futuro al que está abocada nuestra querida y necesaria Obra Social.
Los pobres de España no te olvidamos. |
Nos insisten los que ahora dirigen los designios de estas instituciones financieras en su compromiso más ferviente de que las aportaciones a la misma no decaerán, comprometiéndose a que ésta se postule como pieza fundamental para los distintos desarrollos económicos regionales de nuestro país, pero mucho me temo que las condiciones cada vez más exigentes que nos vendrán impuestas desde el exterior, acabarán por hacer mella en tan honroso objetivo, convirtiendo la buena intención de nuestros financieros en una auténtica quimera.
Soy Goyo Vilda y en este blog comparto contigo mis inquietudes y reflexiones semanales. Para atender tus intereses personales o necesidades empresariales estoy a tu disposición con todo el equipo técnico de ALFICO. Puedes usar el formulario de contacto de nuestra web o el teléfono 979 123 738.
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