EL PAPEL DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES

En pleno debate sobre la conveniencia de una racionalización del gasto en el conjunto de las Administraciones Públicas o de la cacareada necesidad en la reestructuración y optimización de este sector público, nos encontramos en uno de esos momentos históricos donde nuestra clase política, bien por razones económicas, por la crisis que atravesamos, bien por razones electoralistas, estamos prácticamente en campaña de una de ellas, o bien por el momento propicio resultado del grado de sensibilidad social y ciudadana respecto a todo esto, se ha dado cuenta de la necesidad de replantearse nuestro modelo de administraciones públicas, cuestionando, incluso, no sólo la utilidad sino la existencia de una parte de las mismas.

Nada mejor que una buena dosis de crisis económica para que nuestros gobernantes se planteen, en su propio detrimento con lo que ello conlleva en la supresión de determinados privilegios, incluso la supresión de ciertas instituciones enquistadas desde hace más de 175 años en nuestro ordenamiento público y que tan enraizadas están dentro de nuestra jerarquía institucional, las conocidas como Diputaciones Provinciales.

Creadas allá por el año 1836 en el reinado de Isabel II tenían como función principal el gobierno y la administración autónoma de la provincia.

Actualmente, y dentro del actual marco autonómico, cada provincia dispone de una de ellas excepto aquellas CCAA uniprovinciales como la de Asturias, Cantabria, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja, donde su competencia es asumida por la propia comunidad autónoma, por aquello de la no duplicidad de funciones.

En determinadas CCAA, la denominación que se las asigna obedece a ciertas etimologías que bien podrían estar relacionadas con ciertas connotaciones regionalistas, de tal modo que en el País Vasco se las conoce como Diputaciones Forales, en las Islas Baleares como el Consejo Insular, en las Islas Canarias como el Cabildo Insular y en Cataluña como los Consejos de Vergüerías, hoy cuestionados por el propio Tribunal Constitucional.

Y dentro de cada Diputación Provincial existe un Órgano de Gobierno formado por un presidente, un vicepresidente, una junta de gobierno y un pleno, todos ellos órganos de “elección indirecta”, esto es, la composición viene dada por los resultados en las elecciones municipales en cada provincia, donde el número de diputados en cada pleno depende del número de habitantes que hay en cada provincia, y todo esto regulado por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, sobre el Régimen Electoral General.

En las provincias vascas, y como excepción, las diputaciones forales, además de las funciones que les son propias, poseen también competencia en materia fiscal, y sus órganos son de “elección directa”, esto es, por votación. En esencia, entre las funciones propias atribuibles a las diputaciones estarían:

a) Asistencia jurídica, económica y técnica a los municipios.

b) Fomento del desarrollo económico y social en el territorio provincial.

c) Prestación de servicios supramunicipal y supracomarcal.

Por otra parte, las diputaciones forman parte del escalafón jerárquico dentro de nuestro sector público formado por una Administración Central/Estado, por las CCAA, por las Provincias/Diputaciones Provinciales y por las Entidades Locales/Ayuntamientos.

Y una vez comentado el papel y sitio que ocupan y habiendo ido desarrollando su función hasta la fecha de hoy, a pesar de los numerosos cambios desarrollados, tanto en materia institucional como constitucional de nuestras administraciones públicas, es ahora cuando su existencia está siendo más cuestionada, si bien nunca les faltó una masa crítica antes de la llegada de la extrema situación presente.

Y esto habrá que achacarlo, es de suponer entre otras razones, a la insostenibilidad de nuestro sistema de administraciones públicas situándolas en el centro de la diana y convirtiéndolas en instituciones anquilosadas empeñadas en seguir existiendo al mismo tiempo que se iba produciendo un incremento, cada vez mayor, de las competencias de las propias CCAA, a través de los desarrollos de sus respectivos estatutos lo que ha provocado un solapamiento y duplicidad de funciones entre ellas acarreando un incremento innecesario del gasto corriente y más aún en el capítulo de personal.

El presupuesto que manejan el conjunto de las Diputaciones Provinciales, según datos cerrados al 2009, asciende a 7.000 millones de euros, al tiempo que en las tres Diputaciones Forales vascas su presupuesto más que duplicaba al del resto llegando a los 15.000 millones de euros.

A fecha del primer trimestre del presente año, la deuda del conjunto de diputaciones provinciales ascendía a unos 7.200 millones de euros.

Y si además, como dato anecdótico, una diputación como la de Valladolid, de considerable envergadura, sólo destinó en ese año el 29,15% de su presupuesto total al capítulo de “inversiones reales”, esto es, a las tareas propias para el desarrollo provincial, nos haremos una idea dónde y a qué se destina el resto de los presupuestos.

Son eficaces, son eficientes nuestras diputaciones... ???

Desde la perspectiva del ciudadano, contribuyente nato, el problema puede llegar a adquirir tintes dramáticos si tenemos en cuenta el momento que estamos viviendo, y algo de razón llevará el ciudadano cuando, a tenor de todo esto, es en el plano político cuando surgen dentro de nuestra clase dirigente, auténticos partícipes y creadores de este desaguisado, corrientes que abogan sino por la supresión total de estas instituciones si por una reestructuración total del papel que vienen jugando.

Parece claro que, tanto desde el plano institucional como desde el plano social, es imprescindible acometer las reformas necesarias para eliminar duplicidades en funciones y tareas lo que conllevará el correspondiente ahorro y eficiencia en el gasto.

El reto, pues, que se plantea ahora es bajo qué fórmula debe acometerse una auténtica reforma de estas administraciones a fin de que no pierdan el espíritu con el que fueron creadas.

En mi opinión, una de las fórmulas posibles estaría dentro de las propias CCAA, asumiendo directamente esas tareas para provocar una optimización de recursos, creando, dentro del organigrama de cada comunidad autónoma, una figura que gestionase y controlase directamente el desarrollo económico y social de cada provincia.

Si tenemos en cuenta que existen en la actualidad unos 8.000 municipios, cabe otra fórmula, postulada por algunos, que sería proceder a la creación de una figura denominada “agrupación de municipios” que operase bajo un órgano coordinador. No olvidemos que ya existen en la actualidad ayuntamientos que aglutinan, de forma centralizada, la gestión de otros municipios y pedanías que por sí mismos no disponen de esa capacidad de gestión dado su tamaño, lo que nos llevaría, no a crear esa figura, sino a fomentar su desarrollo normativo dotándola de los medios y recursos necesarios para acometer en plenitud todas y cada una de esas funciones asignadas.

Y es aquí donde surgirá el debate, que, a buen seguro, se planteará para la próxima legislatura, sometiendo a estas administraciones a su propio test de estrés que bien podría llevar a su desaparición y, con ello, a la supresión de uno de esos niveles en nuestro ordenamiento administrativo público.

Habrá que estar atentos si ese debate y las soluciones propuestas traerán en realidad esa racionalización que buscamos, sin perder eficacia en su labor y que no suponga un maquillaje, vivido ya en otras ocasiones, que impida afrontar con seriedad una reforma a todas luces necesaria.

Soy Goyo Vilda y en este blog comparto contigo mis inquietudes y reflexiones semanales. Para atender tus intereses personales o necesidades empresariales estoy a tu disposición con todo el equipo técnico de ALFICO. Puedes usar el formulario de contacto de nuestra web o el teléfono 979 123 738.

EN LA POLÍTICA ESTÁ LA CRISIS

En el verano del año 2001 recuerdo haber tenido una conversación, entre otras muchas que probablemente pude mantener, con un director de sucursal bancaria, hoy ya prejubilado, en la que se congratulaba de lo adelantado que estaba en el cumplimiento de los objetivos que su dirección había marcado a su oficina para todo el año en el capítulo de “activo”, para los no iniciados en la jerga bancaria significa el volumen de préstamos concedidos y formalizados a sus clientes, y apenas había transcurrido la mitad del año.

Eran los tiempos donde circulaba el dinero fácil y barato, donde los mercados financieros proporcionaban la suficiente masa monetaria para que los agentes locales de cada país, y mucho más en España, colocasen tan ingente cantidad de dinero entre sus clientes de forma tan rápida como fuera posible, y lo que es más grave, sin valorar los más mínimos estándares de solvencia y garantía de clientes para este tipo de operaciones.

Claro, había que cumplir los objetivos incluso antes de finalizar el año y además cobrar los bonos de productividad, todos.

Todo esto provocó que la economía viviese un estado de irrealidad no conocido en muchas décadas, y cuando esto sucede el propio mercado, como todo buen enfermo, necesita una excusa para devolvernos a una realidad que nunca debimos haber abandonado, y esa escusa se asomó en forma del pinchazo de las ya conocidas “hipotecas basura” de los EEUU.

En opinión del que aquí suscribe, éstas no fueron el origen del problema que ahora vivimos, sino más bien fueron la consecuencia de lo que no debimos vivir.

Y en lo referente a nuestra propia realidad personal estábamos inmersos en una euforia, en una especie de “ilusión monetaria” que trajo como consecuencia lo que tan duramente estamos pagando ahora. Creo que nadie puede ejercer de rico conduciendo un "seiscientos" y además estando endeudado.

No analizaré el momento por el que estamos pasando, nos levantamos todos los días con un sin fin de problemas vestidos en forma de desempleo, desahucios, morosidad, recortes sociales,...etc., provocados precisamente por esa irrealidad vivida.

A pesar de todo, si algo tiene de bueno esta crisis es que, al menos, estamos aprendiendo conceptos económico-financieros de los que apenas habíamos oido hablar. Nos atiborran con informaciones estadístico-económico-financieras de los que no sabíamos ni de su existencia o al menos rara vez oíamos hablar el resto de los mortales.

Se me ocurre que esta crisis va ayudar a un enriquecimiento de nuestro vocabulario económico y lo más sorprendente es que lo está consiguiendo en aquellas personas donde su máximo nivel de conocimientos en este terreno se limitaba a acercarse a su sucursal bancaria para actualizar su cartilla de ahorros.

Nos hablan en los telediarios de la “Prima de Riesgo”, esa señorita hasta ahora tan desconocida que de pronto cobra un protagonismo atroz que en su definición técnica seria el diferencial, en puntos básicos, que presenta el bono español con respecto al bono alemán a 10 años, y que para que lo entienda todo el mundo no es otra cosa que el interés que tiene que pagar nuestro país, todos nosotros, por pedir dinero prestado y así poder atender a nuestras necesidades internas.

Como dato curioso y preocupante, según el Instituto de Estudios Económicos (IEE) del BBVA, por cada 100 puntos básicos que suba esta prima de riesgo todos nosotros deberemos pagar entre 1.100 y 1.200 millones de euros en intereses anuales.

Afirman los expertos en la materia, que si la prima de riesgo llegase a 450 puntos básicos supondría el punto de no retorno, ésto es, sería más barato para todos nosotros que el país fuera intervenido, bajo fórmulas ya estudiadas, que seguir acudiendo al mercado para financiarnos y pedir prestado.

Y amigos, estamos tuteando los 400 puntos básicos.

También nos hablan en los mismos telediarios de la “Crisis de Solvencia de los Estados” que trae como consecuencia la “Degradación en la Calidad Crediticia” de esos mismos Estados, es lo que analizan las mal llamadas “Agencias de Calificación”, tan conocidas últimamente, cuya función es analizar, clasificar y puntuar la solvencia de los países. Y esto también para que todo el mundo lo entienda, ocurre que nadie se fia de nadie, nadie quiere prestar porque piensa, el que presta, que no le van a devolver el dinero que ha prestado.

Y también como dato curioso, esta agencias que nos valoran han establecido una escala de estándares, códigos, que miden la solvencia a largo plazo que presentan los Estados, es decir, la capacidad que tienen éstos para devolver lo que previamente les han ido prestando.

Estos estándares se presentan como AAA, AA, A, BB, B, CCC, CC, C, donde “AAA” sería la máxima clasificación de solvencia que representa una situación óptima de fiabilidad y estabilidad del país receptor del préstamo hasta llegar a la “C” que sería la mínima clasificación de solvencia que representa un altísimo riesgo de impago para el país receptor del préstamo.

En estos momentos España presenta una clasificación “AA”, ésto es, situación muy estable y bajo riesgo, aunque con perspectiva negativa, lo que supondrá una bajada en nuestra nota, y en ésto tienen mucho que ver las CCAA con su excesivo endeudamiento.

Y llegados a este punto, y sin entrar a analizar sobre el origen, lo que representa y las consecuencias que nos está trayendo esta crisis, ya lo hacen los expertos por todos nosotros, me pregunto si esta crisis no tiene mucho que ver con el grado de calidad de nuestras Instituciones y Estados.

En primer lugar, habría que pensar si antes de la llegada de la crisis no vivíamos ya en una crisis de liderazgo político, a nivel nacional e internacional, dejaron de gobernarnos verdaderos estadistas, estrategas, gentes de estado y de gobierno, con sentido de la responsabilidad, y nos invadió una clase política del "pim-pam-pum", viviendo en la inercia de un sistema ciego en lo social, apalancado en una economía basada en el endeudamiento y no en un modelo productivo, permisivo con un modelo de negocio montado en torno a corrupciones y corruptelas, y todo ello sin dejar de mirar a reojo al contador electoral.

En segundo lugar, en lo que atañe a Europa, hemos sido incapaces de finalizar la verdadera integración monetaria iniciada en el año 1.999, y así eliminar todas esas asimetrías que provoca esa falta de integración política y fiscal, lo que provoca que no tengamos una auténtica autoridad centralista que aglutine ideas, soluciones y decisiones de los Estados miembros, y así hacer frente común en medidas que nos permitirían acometer semejante problema, en vez de la descoordinación que se vive hoy en día en el conjunto estos Estados europeos.

Y es precisamente, esta situación tan dispar que presenta Europa y sus Estados lo que provoca la penalización de los mercados financieros e inversores internacionales.

Y en tercer lugar, a nivel nacional, estamos ante unos gobiernos interinos, a las puertas de elecciones, ante Jefes de Estado con nefasta formación y preparación, sin nombrar a aquellos más empeñados y ocupados en resolver sus vergüenzas y debilidades personales que en dirigir los designios de los países, cuando no se pavonean cual pavo real olvidando para lo que fueron realmente elegidos.

Amigos pido... CORDURA y RESPONSABILIDAD.

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PLAN DE PENSIONES... ESTATAL

El año 2011 nos ha traído, una vez más, otra perla legislativa con respecto a nuestro Sistema de Pensiones a través de la llamada Reforma del Sistema de Pensiones que se regula por la Ley sobre la actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social (Ley 27/2011 del 1 de Agosto, BOE 184).

En lo tocante a nuestro Sistema de Pensiones no es ésta la única reforma sobrevenida a la largo de la historia de nuestro régimen pensionista pero, sin lugar a dudas, resulta la más mediática de las producidas hasta el momento por dos motivos fundamentales; primero, porque se produce en un entorno económico altamente crítico y, segundo, porque torpedea la línea de flotación del cotizante más abnegado.
Recordemos, brevemente y a título informativo, aquellas reformas acometidas con anterioridad:

• En el año 1985 se incrementa el período mínimo de cotización que pasa de 10 a 15 años y el cómputo de la Base Reguladora que pasa desde los 2 hasta los 8 años.
• En 1994 se constituye la Comisión para el Informe sobre Problemas y Reformas del Sistema.
• En 1995 se produce el llamado Pacto de Toledo y sus "15 Recomendaciones".
• En 1996 se produce el Acuerdo sobre Consolidación y Racionalización del Sistema de la Seguridad Social.
• En 1997 se aprueba la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de la Seguridad Social, donde se regulan dos aspectos fundamentales como es el incremento del cómputo de la Base Reguladora que pasa de los 8 a los 15 años y la creación del llamado Fondo de Reserva.
• En 2001 se aprueba la Ley 35/2002, de 12 de julio, de Medidas para el establecimiento de un Sistema de Jubilación gradual y flexible. Se establece la jubilación a partir de los 65 años y la jubilación anticipada a partir de los 61 años.
• En 2003 se produce el Informe de la Comisión no permanente para la valoración del Pacto de Toledo y sus 22 Recomendaciones. Se aborda la proporcionalidad entre la pensión y toda la vida laboral.
• En 2006 se produce el llamado "Acuerdo sobre Medidas en Materia de la Seguridad Social".

Hasta llegar a la reforma actual que, a grandes rasgos, regula una serie de modificaciones entre las que se encuentran:

• Primera.- Aumento paulatino de la edad de jubilación, a partir del año 2013 y hasta el 2027, pasando de los 65 años actuales a los 67 años.
• Segunda.- Ampliación gradual de los años de cálculo, desde el año 2013 hasta el 2022, pasando de los últimos 15 años actuales hasta los 25 años.
• Tercera.- Incremento progresivo, desde 2013 al 2027, de los años de cotización para la obtención de la pensión máxima, pasando de los necesarios 35 años a 37 años cotizados, y con 65 años cumplidos, antes precisábamos haber cotizado 35 años y ahora 38 años y medio.

Amen de otra serie de reformas cuantitativas a la hora de calcular lo que se conoce por "Escala de Aseguramiento", que no es otra cosa que el incremento proporcional, a medida que vamos cumpliendo años cotizados y partiendo de una pensión mínima que representa el 50% de la Base Reguladora, teniendo cotizados 15 años mínimos, hasta llegar al 100 % de la nuestra Base Reguladora, lo que significa que será necesario cotizar más años con el nuevo sistema de progresividad para alcanzar ese máximo de pensión.

A todo esto hay que añadir, como colofón, al endurecimiento de esta nueva reforma que la misma no contempla —nunca se contempló— la actualización monetaria en base al incremento del IPC de las bases reguladoras cotizadas en años anteriores. Ello provoca, inevitable y claramente, una pérdida de poder adquisitivo al no recogerse en el cálculo de la pensión el efecto inflacionista.

Si tenemos en cuenta que nuestro Sistema de Pensiones utiliza dos variables para el cálculo de nuestra pensión como son, los períodos de cotización y las aportaciones realizadas, parece razonable pensar que, a mayor esfuerzo, mayor recompensa.

Y, a tenor de todo esto, nuestro sistema en realidad se sustenta sobre bases que pueden llegar a constituir un auténtico fraude al establecer como principio de liquidez del mismo el llamado Sistema de Reparto. Esto es, en resumidas cuentas los que entran pagan a los que salen, lo que se asemeja bastante al fraudulento timo piramidal conocido como "Sistema Ponzi", situación que se va agravando dado que la base de la pirámide, formada por los que entran al sistema, se torna cada vez más estrecha en relación al vértice del la pirámide, los que salen, donde se ensancha cada vez más, entre otros motivos, por el buen dato de esperanza de vida que tenemos añadido al descenso demográfico y aumento del paro juvenil.

Si a todo esto añadimos la permisibilidad de nuestro sistema en la concesión de prejubilaciones, en la cada vez más recurrida opción a los expedientes de los llamados ERE, la falta de trabajo para nuestra masa activa, la incorporación más tardía de los jóvenes al mercado de trabajo… no puede sorprendernos que todo ello nos lleve inexorable e inevitablemente a un colapso de nuestro sistema.

Me pregunto, si no sería posible llevar a cabo un verdadero cambio en el sistema para instaurar un auténtico "Sistema de Capitalización", en vez del que tenemos. Un nuevo sistema donde se constituyese una "unidad de cuenta" por cada cotizante en la que se capitalizasen individualmente las aportaciones realizadas a lo largo de toda la vida laboral y así, llegado el momento de la jubilación, poder tener y disponer del capital adecuado para nuestra jubilación.

¿No sería esto el reflejo de nuestro propio esfuerzo, no reflejaría esto la proporcionalidad que se busca entre la pensión y nuestra vida laboral cotizada....? ¿Sería posible llegar a un "Sistema Mixto"...? ¿Sería posible utilizar el Fondo de Reserva como herramienta para llegar a este sistema de capitalización...?

Dicen los entendidos que esta reforma se ha quedado en un camino intermedio, dado que una de las intencionalidades que se planteaba, utilizando como excusa la, cada vez mayor, esperanza de vida que tenemos, era considerar como verdadera edad de jubilación la de los 70 años, y que, bien por razones sociales o, más bien, político-electoralistas, no llegó a instalarse como uno de los pilares de esta reforma.

En ALFICO nos tememos que esta reforma no será la última que se acometa y ya veremos en la siguiente a que datos socio-político-económicos recurre nuestra clase dirigente para acometer la que, sin lugar a dudas, vendrá y mucho antes de lo que podamos pensar, so pena que nos sea impuesta por exigencia de instituciones u organismos externos a nuestra propia economía.

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HIPOTECAS: CLAÚSULAS Y CONDICIONES. Viviendas con baño y cocina “alicatados hasta el techo”... e hipoteca “blindada hasta el suelo”

La consabida crisis que estamos viviendo no sólo está trayendo un cambio en las costumbres más cotidianas de nuestra vida, si no que además porque la escasez de trabajo y esperanza, entre otras razones, nos llenan de incertidumbre nuestro propio futuro y el de nuestras familias, nuestro proyecto de vida y perspectivas profesionales. Todo ello nos lleva a un asfixiante presente que en ALFICO tratamos de hacer más respirable.

Dicen que ninguna crisis es buena, por leve y localizada que sea, y ésta en la que estamos inmersos se presenta como un autentico cáncer, no ya sólo porque es grave la enfermedad en sí, sino porque para intentar curarla hemos tenido que recurrir, al menos por parte de la clase dirigente, a terapias que al aplicarlas han matado hasta lo bueno. Y en eso son expertos nuestra clase política, en primer lugar, al negar y no reconocer la existencia de la enfermedad y en segundo lugar, al no aplicar adecuadamente los remedios para paliarla.

Así, inmersos en esta problemática general que a todos nos afecta, la crisis ha traído algo de sensatez a ciertos aspectos de nuestra economía doméstica y cotidiana, que, si no la más importante, es la estrella de nuestras obligaciones financieras y en la que la mayoría de nosotros compartimos mesa común. Se trata del conocido producto financiero que es la “HIPOTECA”.

Pues bien, ni los políticos, financieros, analistas eruditos, entendidos, etc., fueron capaces durante los años de locura y "bien o buen vivir", de poner coto a uno de los abusos más tangibles y cuantificables en lo que a las cláusulas de este producto se refiere y que no son otras que las llamadas de "suelo". Es decir, aquellas por las que las entidades financieras dejan de revisarlos a la baja, si el mercado lo permite, al existir un mínimo aplicable que se desentiende de la evolución del propio mercado a la hora de no permitir aplicar un tipo de interés más bajo que lo suscrito por esa cláusula. Reducción de interés y cuota que conllevaría la ayuda, más necesaria que nunca en estos tiempos, para menguar la presión sobre familias y empresas y dotar de mayor liquidez a estos agentes. Liquidez imprescindible para, entre otras cosas, ser destinada al consumo más directo, lo que redundaría en ayuda de la añorada recuperación económica.

Y decíamos que la coyuntura ha aportado sensatez, porque ha sido la propia crisis la que ha permitido aflorar, entre otros, este problema a través de una sentencia del Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de Sevilla fechada el 30 de septiembre del 2.010.

La citada sentencia cuestiona la "cláusula de suelo" de cuatro entidades y que, en resumidas cuentas, viene a decir que existe un desfase visible entre "el suelo" y "el techo" de esas hipotecas, dado que para el banco es más factible y probable la aplicación "del suelo", lo que les lleva a un enriquecimiento claro, por estar más en consonancia con la evolución de los mercados, que llegar "al techo"; una condición de difícil aplicación, por la evolución de esos mismos mercados en favor de los hipotecados, lo que, al final, redunda en un perjuicio para ellos mismos.

A raíz de esta sentencia existen asociaciones para afectados, entre los que me incluyo, que a colación de la misma han presentado demandas colectivas en los distintos juzgados para reclamar, en representación de sus asociados-afectados, lo que plantea la citada sentencia que no es solamente la anulación de la citada cláusula de suelo, sino también la reclamación, con carácter retroactivo, de lo cobrado de más indebidamente por la aplicación de esa cláusula.

Pero lo curioso de esta sentencia, en mi opinión, no es lo que se discute y concluye en si misma, sino que al producirse en plena crisis, el propio tribunal que la falla se hace eco del abuso que se ejerce, fundamentalmente, sobre el agente económico más desprotegido y débil que no es otro que la propia familia. Otro tanto ocurre con la pequeña empresa, agentes todos ellos altamente endeudados y visiblemente sensibles a este tipo de prácticas aplicadas por esas entidades financieras, a las que, por otra parte, hemos tenido que ayudar con nuestros impuestos para que no se colapsase el propio sistema.

Ya veremos si la citada sentencia traerá y provocará, en los litigios y recursos planteados sobre esta situación, jurisprudencia suficiente y necesaria para arreglar el desaguisado y el ya consabido abuso de poder de estas entidades... al menos en lo que a este punto se refiere.


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