LAS AMNISTÍAS FISCALES Y LOS PGE

Es muy difícil tratar de explicar al resto de los ciudadanos incluso desde una perspectiva profesional, caso del que escribe este blog, la indignación que uno siente, no ya sorpresa, cuando ve con gran perplejidad ciertas decisiones, por parte de los "mandamases" que nos gobiernan, en lo referente a la confección de los muy  renombrados Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Presupuestos Generales del Estado 2012

Hasta ahora, cuando un Estado moderno procedía al diseño de los PGE, con todo el grado de implicación que supone para el bolsillo de los ciudadanos, el mismo atendía fundamentalmente a dos aspectos.

En primer lugar, en lo referente al capítulo de los ingresos, se trata de hacer una estimación lo más real posible en base a unas previsiones económicas de lo que un Estado puede llegar a  percibir en un ejercicio económico, por la vía de la recaudación de impuestos, como base general, si bien existen otras fuentes  de las que se nutre este capítulo.

Y en segundo lugar, se realiza una cuantificación de los gastos generales que afectan al país que, en esencia, lo conforman el monto total de los servicios que la población recibirá por determinadas prestaciones, llamémoslas sociales, también en el mismo ejercicio económico anual.

A la diferencia entre esos ingresos estimados y los gastos en que se pueda incurrir se le llamará déficit público, y digo déficit, y no superávit, porque históricamente los gastos suelen superar los ingresos contabilizados.

Visto por el genial Forges

Conviene aclarar, por otra parte, que cuando se produce un déficit estatal de presupuestos, caso de España, éste debe ser financiado con recursos externos, es decir, los de fuera nos prestan el dinero a un determinado tipo de interés. Actualmente el tipo medio de nuestras emisiones de deuda pública ronda el 5,5%, y se estima que esos préstamos nos costarán, sólo en intereses, la friolera de 28.000 millones de euros para el ejercicio del 2012.

Sin entrar en detalle y para no aburrir, las partidas que conforman los PGE, tanto en el capítulo de ingresos como en el de gastos, están tipificadas por ley. Es decir, todas y cada una de ellas están contempladas y normalizadas de tal modo que las mismas se discuten y aprueban en nuestro Parlamento, con las correspondientes enmiendas de los distintos grupos políticos que conforman nuestra Cámara Legislativa.

De repente nos hemos dado cuenta que las personas que ahora nos gobiernan han creado, más bien inventado, un nuevo concepto que viene a complementar, dentro de nuestro aparato presupuestario estatal, el capítulo de ingresos al que definen como “regularización extraordinaria” que no es otra cosa que una “amnistía fiscal”, hemos de suponer que el nuevo concepto se habrá dado para suavizar el posible impacto auditivo que pudiera provocar en el oído del ciudadano más sufrido por flagrante agravio comparativo.

O sea, que los mismos políticos, Sr. Montoro, Sr. Rajoy, Sra. Cospedal, que allá por el año 2010 calificaban, con buen criterio, de ocurrencia y disparate cualquier suerte de amnistía que se pudiera conceder en el plano fiscal,  por parte del gobierno que en aquel momento ejercía su labor, ya que entendían entonces que eso produciría un trato preferente, injusto e inadmisible en favor de los ricos con  respecto al resto de los contribuyentes más cumplidores de sus obligaciones. Sin embargo, ahora lo plantean como una medida del todo necesaria para evitar, por ejemplo la subida de otros impuestos, léase IVA, o para poder cumplir con los compromisos de los servicios más básicos del Estado.

Para que lo entendamos todos, que los futuribles ingresos que el Estado pueda llegar a  recaudar provenientes del afloramiento del dinero opaco, término técnico, blanqueo del “dinero negro” en términos coloquiales, gravado a una tasa rebajada del 10% a nuestros millonarios defraudadores, se ha convertido en capítulo vital en los PGE a tal punto que nuestra Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Sra. Marta Fernández, postula esta amnistía como alternativa al impuesto del IVA. De locura.

Tengamos en cuenta que el dinero negro no tiene un código de barras que identifique su procedencia con lo que habrá que estar abierto a la posibilidad que, a través de este mecanismo, pueda ser lavado dinero de actividades absolutamente ilícitas, a través de sociedades que los delincuentes y sus asesores crean al efecto y que nada tienen que ver con actividades financieras o empresariales. 

Si analizamos la historia sobre las diferentes amnistías fiscales habidas en España desde el comienzo de nuestra democracia tendríamos que remontarnos a la del año 1984, siendo el Sr. Boyer ministro de Hacienda, y a la del año 1991, cuando era el Sr. Solchaga quien ocupaba la misma cartera. La experiencia demuestra, con datos cuantificados, que cualquier amnistía concedida, no sólo en el ámbito estatal sino las emprendidas en el resto de países, no han conseguido ni logrado las expectativas recaudatorias para el erario público, amén de provocar un coste colateral, a mi entender esencial, como es el de reflejar que el incumplimiento del deber de contribuir por parte de todos y cada uno de los ciudadanos al sostenimiento de un país resultará ser una opción más barata y, además, se constituirá como otra posibilidad sin más, dentro de las relaciones que un ciudadano mantiene con el resto del Estado.

¿Cuál es la diferencia?

Las conclusiones a las que llegan los estudios realizados al respecto de las diferentes amnistías aplicadas en los distintos países a nivel internacional, realizados por el  Sr. Le Borgone y la Sra. Katherine Baer, economistas del Fondo Monetario Internacional, FMI, y del Sr. Sharan Nuitel y Sr. Russel S. Sobel, economistas de prestigio internacional, se desprende que, si bien a corto plazo, son fuente adicional de ingresos, cada vez con menor capacidad recaudatoria,  los beneficios que generan están exagerados y hayan un coste reflejado en un mayor incumplimiento en el futuro, esto es, se incentiva la dejadez en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los ciudadanos a largo plazo.

Cuando un gobierno decide emprender la senda de semejante “ocurrencia” suele conceder patente de corso al enemigo, dando la sensación de que el incumplimiento de las obligaciones se convierte en una conducta admitida y arraigada, además de provocar un desánimo general para el resto de ciudadanos cumplidores, sin entrar a valorar la sensación de impunidad de la que disfrutan determinados personajes de nuestra sociedad altamente conocidos.

Además, para que tal amnistía pueda ser aplicada, deben ser modificados por parte de nuestro legislador determinados aspectos de leyes básicas en el ámbito tributario, al menos de forma temporal,  como son la Ley 58/2003, Ley General Tributaria y el RD 2063/2004, Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario. Leyes ambas que regulan sobre las obligaciones tributarias del ciudadano y las correspondientes sanciones que éste recibirá precisamente por su incumplimiento.

Ante tal disparate, por qué no sugerir todo lo contrario. 

Persigamos el abultado y ofensivo fraude que tenemos, haciendo que se aplique la ley como un auténtico resorte con total contundencia hacia el incumplidor por poderoso que sea, pongamos bajo la guillotina de la figura del delito fiscal al que evade y hagámosle pagar acorde a lo defraudado, demos armas a nuestro engranaje inspector y judicial para que tales hechos delictivos sean sometidos al escrutinio legal, instauremos la idea de que el cumplimiento es la norma y no la excepción, digamos y demostremos al resto de los ciudadanos cumplidores de lo humano y lo divino que la impunidad no tiene lugar.

Si acometemos todo esto, haremos que el ciudadano llegue a creer en un verdadero Estado de Derecho que protege realmente al que cumple, eliminaremos el gran desánimo que hoy invade a buena parte de la ciudadanía, daremos un toque de atención a ricos, famosos y delincuentes, y haremos que un Estado tan garantista como el que tenemos lo sea en verdad para el bueno y no para el malo.

Y tal vez así recaudaremos más, tendremos menos déficit, con todo lo que eso tiene de implicación para el bienestar de todos, y no tendremos necesidad de recurrir a ideas de dudosa legalidad lo que provocará  filigranas presupuestarias y legales que hacen tambalear las creencias más arraigadas que el ciudadano pueda tener en nuestro sistema democrático.

Soy Goyo Vilda y en este blog comparto contigo mis inquietudes y reflexiones semanales. Para atender tus intereses personales o necesidades empresariales estoy a tu disposición con todo el equipo técnico de ALFICO. Puedes usar el formulario de contacto de nuestra web o el teléfono 979 123 738.

ISLANDIA: LA ILUSION FINANCIERA

Tal vez ningún otro país llegue jamás a plasmar con tanta exactitud, y a la vez con tanta crudeza, lo que ha buen seguro ha supuesto en estos últimos años la desmesurada ambición acompañada con buena dosis de avaricia del sector financiero o, para ser más exactos, hasta qué punto puede ser transformado todo un país cuando la especulación más salvaje se apodera de las propias entrañas institucionales de una nación.

Tratemos de analizar lo sucedido en este pequeño territorio de apenas 330.000 habitantes, en otro tiempo admirado por el equilibrio que representaba, y cuyo pilar económico lo sustentaba una arraigada industria pesquera como motor dinamizador y exportador y que consiguió a lo largo de su historia, sin apenas recursos naturales, el sustento necesario para sus ciudadanos y familias.

Tras años de flirteo con la ruleta de la fortuna financiera y enfrascado en una ceguera especulativa en el mundo de las finanzas a gran escala, todo esto por indicación y recomendación de esos dirigentes a los que en otro tiempo se idolatraba y admiraba y, de repente, como un gran castillo de naipes todo se derrumba y se ve envuelto a finales de 2008 en un problema de colosales dimensiones que trajo como principal consecuencia el derrumbe de pilares económicos que se creían sólidos y ejemplares.

Acabando 2008 sus tres principales bancos entran en barrena, el Glitnir, el Landsbanki y el Kaupthing, y son nacionalizados por el estado islandés al presentar tal cuadro de quiebra de liquidez que no les permitía atender a sus obligaciones más inminentes derivadas de compromisos de ahorros, tanto de personas como de instituciones foráneas, provenientes fundamentalmente de los Países Bajos y del Reino Unido. Depósitos, por otra parte, captados en tiempos gloriosos de la burbuja, al ofrecer altas rentabilidades y seguridad a todas luces imposible de garantizar.

Como consecuencia de la situación de colapso creada por sus tres bancos principales la deuda externa sobrepasó la friolera de 50.000 millones de euros cuando el PIB nacional apenas llegaba a los 8.500 millones de euros.

Países como el Reino Unido se ven en la obligación de cubrir los ahorros perdidos por una parte de sus ciudadanos al haber sido invertidos en esos bancos, seducidos por unas condiciones tan ventajosas como imposibles.

La Reserva Federal Alemana tuvo que acudir en ayuda del Bayern Banck con unas pérdidas de 1.500 millones de euros por inversiones fallidas en los citados bandos islandeses.

El F.M.I. se vio obligado a conceder un préstamo urgente al gobierno islandés por valor de 2.100 millones de euros para el sostenimiento de su caja nacional.

Y todo esto acompañado con los típicos y tópicos problemas estructurales económicos que llevaron a que el PIB se contrajese un -5,5%, la corona islandesa se devaluó, se conocieron tasas de desempleo inimaginables hasta entonces, la suspensión de ayuda de créditos internacionales y, como colofón, una inflación que se situó en el 20% a principios del 2009.

Ante semejante cuadro clínico nacional y con unas perspectivas de futuro negras, negrísimas, no sólo en lo económico sino en lo social para las familias islandesas, haciendo que se tambaleasen las estructuras básicas del propio estado, los ciudadanos islandeses acometen la llamada “Revolución Islandesa” que, en esencia, se plasmó en una movilización ciudadana en protesta por la situación creada por sus dirigentes institucionales y bancarios lo que llevó a la caída del gobierno vigente y trajo la convocatoria de unas nuevas elecciones para la elección de un nuevo gobierno y, algo muy importante, se impulsó un juicio al primer ministro Sr. Geir Haarde por un delito de “omisión del deber”.

Birgir Smari Arsaelsson victorioso posa frente al parlamento islandés

Como consecuencia de las exigencias de los gobiernos de los Países Bajos y del Reino Unido que exigían la devolución de 3.500 millones de euros por las inversiones que los ciudadanos de esos países habían perdido, obligando a estos a hacerse cargo del montante total, debido a la ruptura del sistema financiero islandés, en marzo del 2010 y en abril del 2011 se acomete en este país lo que supone un hecho sin parangón en las historia económica mundial más reciente, apoyado, más si cabe, por una importantísima deuda externa de los bancos islandeses nacionalizados, la llamada “Icesave”.      

La Icesave se postula como una consulta popular al pueblo islandés sobre la posibilidad de conceder ayudas del Estado al banco Landsbanki para hacer frente a pagos al gobierno de Holanda y Reino Unido, los mayores perjudicados; lo que de facto suponía que el contribuyente se viese abocado a pagar semejante factura de la que en ningún caso era responsable, el voto fue “NO”.

Aceptarlo habría supuesto al pueblo llano pagar esos 3.500 millones de euros a 15 años a un tipo que rondaba el 5,5% de interés anual.

Tras el “no” de los islandeses los gobiernos que sufrieron tal afrenta, con el Reino Unido a la cabeza, acuerdan llevar el caso ante la Corte Suprema Europea, litigio que, a fecha de hoy, está pendiente de resolución.

Islandia decide entonces acometer la redacción de una nueva Constitución y varios banqueros y políticos son detenidos y procesados.

El país acomete reformas de gran calado institucional, cuyo máximo exponente es una reforma en profundidad de su sistema bancario, lo que ha permitido que, en tres años, pase del desastre económico a un crecimiento del PIB en el año 2011 del 2,5% con una previsión para el 2012 del 3,1%, junto con una reducción de la tasa del desempleo que a finales del 2011 se situaba en el 6,5%.

Esta es la historia de un país que se enfrentó a sus demonios económicos tomando un camino distinto al del resto de los países y optó por el “impago de la deuda”, reconoció la envergadura del problema acometiendo medidas drásticas y sin fisuras para la reconducción de la situación del país.

Al final resultó que "el pequeño pudo con el grande" y cómo los ciudadanos de este pequeño territorio se enfrentaron a todo un sistema, simplemente diciendo... NO.

Soy Goyo Vilda y en este blog comparto contigo mis inquietudes y reflexiones semanales. Para atender tus intereses personales o necesidades empresariales estoy a tu disposición con todo el equipo técnico de ALFICO. Puedes usar el formulario de contacto de nuestra web o el teléfono 979 123 738.

¿HAY CRISIS EN EL FÚTBOL?

Acabamos de conocer las primeras medidas de ajuste, articuladas en los primeros Consejos de Ministros celebrados estos últimos días y encaminadas a tomar el pulso al desbocado déficit público; medidas, por otra parte, impuestas probablemente por instrucciones de hecho, que no de derecho, por nuestros reguladores europeos.

Como bien decía el depuesto Director General del FMI, Sr. Strauss-Khan, “las crisis siempre las pagan los mismos”, los más débiles. Y debe ser así, porque las citadas medidas suponen un buen recorte, no sólo hacia la merma de servicios básicos como la salud y la educación, sino que además van dirigidas de la forma y manera más directa al bolsillo de los ciudadanos a través del incremento en la presión fiscal. Pero esto ya lo sabemos, se ha repetido otras veces.

"No es oro todo lo que reluce"

¿Y, si los que se encargan de dirigir nuestros designios, echasen un vistazo hacia determinados sectores de nuestra economía...? ¿Y, si antes de emprender una senda de recortes de bienes  básicos, organizasen con más eficiencia esos otros sectores económicos...?

Si nos situamos a principios de la década de los noventa, la deuda acumulada por el conjunto de los clubes de fútbol español rondaba los 240 millones de euros, unos 40.000 millones de las antiguas pesetas, cantidad que, por aquel entonces, ya suponía un verdadero escarnio social.

El Gobierno de entonces, ante la magnitud del problema creado por la irresponsabilidad manifiesta de los dirigentes de esos clubes, ayudada por la desidia de nuestras leyes, decidió poner en marcha dos medidas. 

¡Manda güevos...!

La primera de ellas, encaminada a dotar de un marco jurídico y económico a esos clubes que, hasta entonces, habían estado funcionando como auténticas asociaciones deportivas con presupuestos millonarios en un mundo altamente profesional; se legisla y se diseña la llamada Ley del Deporte, Ley 10/1990, desarrollada a su vez por el Real Decreto 1251/1999. Y, la segunda, procediendo a subir el porcentaje en el que participan el conjunto de los clubes en la recaudación de las quinielas deportivas, entonces la "gallina de los huevos de oro", pasando del 2,5% al 7,5%, con la condición impuesta por el gobierno de que el mismo se destinara a sanear y taponar el agujero creado por ellos.

Con la creación de la citada ley se perseguía dotar de mayor transparencia a nivel económico y jurídico a las empresas del deporte profesional y más en concreto al mundo del fútbol, de gran peso social y mediático en nuestro país, que hasta la fecha venían funcionando sin un marco legal que regulase sus actuaciones y sus responsabilidades, lo que había traído esa situación de catarsis económica, a la vez, que abría la puerta para que esas sociedades anónimas deportivas pudieran en un futuro participar en nuestro mercado bursátil con su salida a bolsa, lo que, a fecha de hoy y curiosamente, no se ha producido por parte de ninguna de ellas.

En resumidas cuentas, se pretendía poner orden, responsabilizar a los dirigentes de esos clubes en su gestión y evitar que los hechos se repitieran de nuevo.

A raíz de esto, se obliga a los clubes a convertirse en sociedades anónimas deportivas, las llamadas SAD, a excepción, curiosamente, de determinados clubes, por otra parte los que más presupuesto manejan y más poderosos son dentro del calendario futbolístico, que siguen rigiéndose por el mismo mecanismo societario de entonces. Sin entrar a analizar este hecho por no ser tema de lo que aquí se trata, esto vulnera el principio de aplicación de la citada ley del deporte.

Si nos situamos en el momento actual de los hechos, estos clubes deportivos no sólo no han visto saneados sus presupuestos millonarios, por otra parte regados de millones con otra de las "gallinas de oro" actuales, como son los derechos televisivos, sino que, a fecha de hoy y según los datos declarados por ellos mismos en el Registro Mercantil, la deuda total sobrepasa la friolera de los 3.500 millones de euros, datos incompletos y aproximados porque parte de los clubes profesionales no presentan desde hace tiempo sus cuentas en registro correspondiente. De esta deuda, más de 600 millones de euros, también dato incompleto, son deudas con Hacienda, y una cantidad no determinada, que a buen seguro será de cuantía respetable, con nuestra Seguridad Social.

Hacienda ¿somos todos?

No entraré a analizar que otro de los canales de ingresos, a los que habitualmente han recurrido los clubes para ir solventando su nefasta tesorería, ha sido a las famosas recalificaciones de terrenos aprovechando los acuerdos urbanísticos con los ayuntamientos de turno, "gallina" que, por el estallido ya conocido en el sector inmobiliario, ha dejado de dar esos preciados "huevos de oro".

En el mundo económico y cuando se estudia la asignatura de análisis de balances se define a la quiebra financiera, de forma coloquial, cuando el conjunto de los bienes que posee una empresa se ve superado por el conjunto de sus deudas. El conjunto de las deudas de los clubes ya supera el 91% de lo que tienen, analizando los datos publicados por ellos mismos, lo que nos lleva a pensar que tal situación se dará en breve, si es que no la han sobrepasado ya, por lo que podríamos encontrarnos en una situación irreversible.

A esto se añade que por cada 100 € que generan, gastan 113 € y que, cada vez más, estos clubes se acogen a la Ley Concursal.

Pero, ¿en qué afecta todo esto al resto de los ciudadanos...?

A tenor de las medidas a las que están recurriendo el conjunto de nuestras Administraciones Públicas para la reducción del susodicho déficit, y valga como ejemplo la Comunidad Autónoma de Cataluña que, con toda seguridad, se postula como la punta de lanza de lo que harán el resto de CCAA, estableciendo ya un copago sanitario con el euro por receta y los 10 euros por estancia de hospital, restricción de horarios sanitarios básicos como son las unidades de urgencias y coronarias de ciertos hospitales, el cierre de centros de salud y de camas hospitalarias, céntimo sanitario, reducción de profesorado, y un sin fin de medidas que nos llevarán al principio del fin de lo que hasta ahora entendíamos como derechos fundamentales para todos.

Cómo un sector del deporte que maneja cantidades ingentes de dinero, se permite el pago de millonarias cantidades de dinero por adquisiciones de jugadores, contrayendo una deuda que, a buen seguro, no podrán pagar, con unos sueldos de jugadores obscenos en lo moral y en lo social y además con un trato fiscal especial que y que muy probablemente no proporcionan a nuestro país ningún valor añadido, salvo el ya conocido, y todo esto a costa de mantener una deuda del todo inadmisible con nuestras arcas públicas, consentida por esos mismos políticos que exigen al resto de la ciudadanía un esfuerzo adicional.

¿Cuántos servicios necesarios para el conjunto de los ciudadanos se podrían mantener si este mundo consentido del fútbol cumpliese con sus obligaciones...?

Soy Goyo Vilda y en este blog comparto contigo mis inquietudes y reflexiones semanales. Para atender tus intereses personales o necesidades empresariales estoy a tu disposición con todo el equipo técnico de ALFICO. Puedes usar el formulario de contacto de nuestra web o el teléfono 979 123 738.