EL "COPAGO" SANITARIO

El artículo 43 de nuestra Constitución de 1978 normaliza el derecho de todos los españoles a la protección de la salud estableciendo como obligación a los poderes públicos la organización y tutela de la Salud Pública.

Esta aseveración que marca nuestra Ley de leyes transforma el Derecho a la Salud como un derecho fundamental y lo dota de un carácter universal para todos y cada de los ciudadanos de nuestro país.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, Ley General de Sanidad regula todas las acciones que permiten hacer efectivo el derecho a la protección de la salud reconocido en ese artículo de nuestra Constitución.

Más recientemente el pasado mes de julio se aprueba la Ley General de la Salud donde se reconoce, en esencia, el acceso a la asistencia sanitaria de todos los ciudadanos sin excepción, lo que reafirma más si cabe la universalidad de este servicio tan básico y vital.

A través de estas normas, y otras más que se han ido redactando, el legislador viene a definir dos hechos de capital importancia, el primero, que todos los ciudadanos tienen el derecho ineludible de poder acceder a un sistema de salud digno y el segundo, descarga sobre la Administración la obligación de dotar a ese sistema de todos los medios necesarios y suficientes para que pueda ser ejercido tal derecho.

Así pues, y bajo la tutela de nuestras Administraciones, cualquier ciudadano podrá tener a su alcance al conjunto de medios humanos y materiales denominado Sistema Nacional de Salud que es el que debe de garantizar uno de nuestros pilares fundamentales del llamado Estado de Bienestar que no es otro que la salud individual de cada uno de nosotros.

Surge, pues, la cuestión de fondo que no sólo ataña a nuestro país sino a todos los países de nuestro entorno, o al menos de aquellos cuyas economías son más avanzadas, sobre cómo afrontar el coste que le supone a cada país garantizar con plenitud el ejercicio de la salud para todos y cada uno de los ciudadanos.

¿Cómo dotar los recursos necesarios para llevarlo a cabo?

¿Cómo hacer que sea sostenible a lo largo del tiempo?

En nuestro país los recursos que se destinan a nuestro Sistema Nacional de Salud se establecen a través de nuestros Presupuestos Generales del Estado “consolidados”; los formados por el Estado, los Organismos Autónomos, la Seguridad Social y el resto de Organismos.

Recordemos que la competencia de la Salud ha ido transfiriéndose desde el año 2003 a cada una de las CCAA de tal modo que son ellas con sus presupuestos las que deben garantizar el funcionamiento de nuestro sistema y, a modo de ejemplo, la Comunidad de Castilla y León destina al capítulo de salud 1.685 millones de euros de los 10.045 millones de su presupuesto total y la Comunidad de Madrid destina 7.125 millones de euros de un total de 16.724 millones que conforman su presupuesto global.

En el conjunto de nuestras CCAA, prácticamente el 40% de sus presupuestos van destinados al sector sanitario.

Hay que tener en cuenta que el sistema sanitario resulta ser un sistema deficitario para el conjunto de nuestras administraciones y en consecuencia para todos nosotros; necesitamos mucho dinero de nuestros presupuestos para que pueda ser desarrollado de forma eficaz.

El Informe Abril elaborado en el año 1991 vino a sugerir un sistema de “copago” sanitario al establecer que los pensionistas con más recursos pagaran parte de las medicinas.

Más recientemente, en enero de este año el Secretario de Estado de Hacienda, el Sr. Ocaña, opinó, a una pregunta que se le formuló al respecto de nuestro Sistema de Salud, que habría que considerar en un futuro el establecimiento de un sistema de pago directo por parte de los ciudadanos para aliviar la carga presupuestaria de nuestras administraciones.

Así y con todo, existen otras voces que afirman que antes de llegar a la contribución del propio ciudadano habría que emprender un saneamiento de otros sectores de nuestra economía a la vez que acometer reformas estructurales de nuestro sistema sanitario ya contempladas en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y la Ley de Cohesión y Calidad de la Salud.

Si bien es cierto que ningún gobierno desde la entrada de la Democracia en nuestro país se ha atrevido a poner sobre la mesa tan controvertida materia, no es menos cierto que ya existe uncopago encubierto y valga como ejemplo la contribución del famoso céntimo sobre carburantes que algunas CCAA ya aplican, el pago de una parte de nuestras recetas para medicamentos para parte, sobre todo, de la clase trabajadora, sin dejar de lado que determinadas especialidades médicas están fuera de la cobertura sanitaria como son los odontólogos y podólogos, entre otras.

La salud tiene precio

En lo que atañe a países de nuestro entorno más directo, cada país acomete la financiación con fórmulas diversas aunque el espíritu es común denominador a todos, derivar directamente al bolsillo de los ciudadanos una parte de esta factura sanitaria para descongestionar la aportación estatal, así pues...

• Francia, el ciudadano aporta 1 € por visita al médico.
• Italia, 10 € por visita al médico y 25 € por urgencia al hospital.
• Alemania, 10 € al trimestre por visita al médico, el 10% del precio del medicamento y 10 € por cada día de hospitalización.
• Suecia y Noruega, de 15 € a 20 € por visita la médico, 7 € por cada día de ingreso en un hospital y pago de medicamentos hasta un total de 180 €.
• Reino Unido, es similar al español.
• Irlanda, de 2,20 € a 4,50 € por visita al médico, 100 € por urgencia al hospital y hasta un máximo de 120 € en gasto de medicamentos.
• Portugal, de 2,20 € a 4,50 € por visita al médico.
• Grecia, todos los ciudadanos pagan el 25 % de los medicamentos.
• Austria, de 8 € a 17 € por día de hospitalización y 5 € por receta médica.

Y a la vista de estas comparativas con los países de nuestro espectro geográfico, con los que compartimos nuestra andadura a través de la Unión Europea, más que nunca debemos plantearnos la viabilidad de nuestro sistema de salud para el futuro.

Dicen los juristas constitucionales que imponer una tasa por la utilización de los servicios sanitarios provocaría el incumplimiento del ejercicio de tal derecho universal para una parte de nuestros ciudadanos agravado por el abandono que les provocaría en su persona al no poder afrontarlo por su bajo nivel de rentas.

El abuso que históricamente hemos hecho no sólo de la utilización de los servicios sanitarios, incluyendo el despilfarro en medicamentos innecesarios, ha contribuido también a esta situación deficitaria en la que nos encontramos.

Nos guste o no, habrá que afrontarlo a un juego a dos bandas, por una parte la Administración deberá sanear otros sectores y así poder destinar más recursos a este bien básico a la vez que debe acometer una reestructuración en el propio sistema sanitario a fin de conseguir una mejor optimización de esos recursos, y por otra parte, el ciudadano en un ejercicio de responsabilidad deberá utilizar los servicios de forma más razonable y cuando la necesidad lo exija.

Alguien dijo alguna vez que nada conciencia más a la gente que hacerla pagar para que valoren el servicio que reciben aunque creo que si esto se produjese supondría una vía recaudatoria más para nuestros poderes públicos.

En todo caso el dilema no tardará en despejarse.

Soy Goyo Vilda y en este blog comparto contigo mis inquietudes y reflexiones semanales. Para atender tus intereses personales o necesidades empresariales estoy a tu disposición con todo el equipo técnico de ALFICO. Puedes usar el formulario de contacto de nuestra web o el teléfono 979 123 738.

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

Una vez más y a tiro de piedra para que se celebren las próximas elecciones en nuestro país apoyado por el deterioro económico en el que nos encontramos sale a colación el siempre recurrente debate en torno a la situación tributaria y fiscal de nuestros ricos y millonarios.

El debate que se plantea aquí y ahora pudiera llegar a ser de capital importancia si el planteamiento se hubiera hecho en otros términos, desde la tranquilidad que da un análisis en profundidad de nuestro aparato fiscal, aún a pesar que lo que se persigue en último término es una recaudación adicional para nuestro erario público, por otra parte bien necesitado, y atendiendo también al principio de equidad donde, al menos, una parte de ciudadanos con cierto nivel de ingresos contribuyesen en justicia a ese aporte adicional que les pudiese corresponder.

El pasado 22 de septiembre sus señorías del Congreso de los Diputados en sesión plenaria, y a marchas forzadas, aprueban la reactivación del ya conocido Impuesto sobre el Patrimonio suspendido desde el año 2007, para aquellos patrimonios que en principio superen al menos los 700.000 euros lo que afectará, según estimaciones, a unos 160.000 contribuyentes y supondrá una recaudación adicional en torno a unos 1.000 millones de euros frente a los, aproximadamente, 2.000 millones de euros que recaudaba en la etapa anterior a su exención.

En esencia hay que decir, y sin entrar en tecnicismos, que el citado impuesto es un tributo prácticamente exclusivo en nuestro ordenamiento español reconociéndole cierto parangón con el diseñado en Francia a raíz de un impuesto solidario para ricos.

Hay dos particularidades importantes que atañen a este singular y mediático impuesto, la primera es que es un impuesto de legislación estatal, le corresponde a la Administración Central, aunque fue cedido a las CCAA para su gestión y recaudación para que éstas tuvieran otro canal recaudatorio, el segundo que es un impuesto que grava a las personas físicas, nunca a las empresas, por el patrimonio que éstas poseen y en ningún caso grava las ganancias y rendimientos que se generan.

Una vez dicho esto y a la vista de los acontecimientos que se avecinan, bien podríamos preguntarnos sobre la causa y el efecto de tal singular decisión sobre la activación del mismo.

Tradicionalmente, los políticos suelen utilizar nuestro engranaje fiscal a conveniencia de sus idas y venidas a fin de someter, en muchas ocasiones de manera torpe, la carga tributaria ciudadana según convenga a fines electoralistas y de opinión pública, lo que en esta ocasión se ha producido de forma premeditada y flagrante.

La manera en la que este impuesto a saltado a la palestra de forma tan rocambolesca nos evidencia, por parte de nuestra clase política, la falta total de planificación para dar cumplimiento a un principio fundamental que debe regir cualquier diseño de nuestros impuestos y es que estos deben ser justos y equitativos cuyo fin es hacer pagar al que no paga, o en todo caso, hacer pagar más al que más tiene, y a tenor de las manifestaciones de nuestra ministra de Hacienda la Sra. Salgado expresando el deseo de que el próximo gobierno perfeccione la imposición del citado impuesto demuestra, sin entrar en otras consideraciones técnicas, hasta qué punto llega la precipitación en el deseo de agradar a un sector del electorado.

Si queremos que nuestros ricos aporten al sistema su parte alícuota en consonancia con su poder adquisitivo la solución pasa inevitablemente por un diseño impositivo generado por criterios técnicos donde los expertos en la materia, y no la clase política, sean los que una vez por todas tomen las riendas del aparato tributario.

Y digo esto porque los ricos históricamente han dispuesto de numerosos recursos, sabidos y consentidos y en ocasiones participados por nuestra clase política, para relajar e incluso evitar su contribución hacia nuestras arcas tales como:

1. Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), donde el tipo impositivo es el 1% frente al 30% (ó 25%) del resto de sociedades. Este tipo de sociedad es comúnmente utilizado por conocidos millonarios y famosos.
2. Fundaciones, que sirven para ocultar la titularidad de patrimonios que además pueden ser domiciliadas en paraísos fiscales y que no tributan por las aportaciones que se las hacen. Estas son utilizadas fundamentalmente por grandes corporaciones y bancos.
3. Sociedades Patrimoniales, a las que se las aporta bienes inmuebles y que no pagan el citado Impuesto de Patrimonio sin mencionar que sirven para evitar la responsabilidad personal de sus socios actuando como un auténtico blindaje de patrimonios. Muy utilizadas por ricos y millonarios.
4. Domicilios Sociales de Empresas, se domicilian sociedades en países de baja o nula tributación. Esto es habitual con las sociedades filiales de las grandes empresas y corporaciones.
5. Paraísos Fiscales, donde ni se paga ni se informa. Son los propios gobiernos de países quienes los tienen y los consienten para la captación de grandes capitales de dudoso origen.
6. Deslocalizaciones, fingir otra residencia para no tributar, recurso utilizado de manera habitual por deportistas millonarios.
   

Y por si todo esto no fuera poco, nos encontramos con una laxa y permisiva legislación en nuestro Impuesto de Renta (I.R.P.F.) que favorece de forma clara la tributación a las grandes rentas de capital, habitual canal de ingresos de los ricos, tales como las inversiones en bancarios, los dividendos de empresas y las ganancias en la bolsa, entre otras, donde se las aplica un tipo máximo del 21% en contra de las rentas del trabajo, las nóminas de trabajadores, que pueden llegar a tributar al tipo del 45%. Sin entrar en que el Impuesto del Valor Añadido (I.V.A), en ocasiones grava con el 8% productos de lujo y con el 18% productos de primera necesidad.

Un hecho indignante que pasó desapercibido a los ojos y oídos de los ciudadanos se produjo en el año 2005, cuando por un acuerdo entre PSOE, PP y CIU las SICAV pasaron al control y supervisión de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) y no de la Inspección de Hacienda, como hasta entonces, y que además fue ratificado por el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) que estableció el carácter retroactivo de este acuerdo lo que provocó que se anulasen actas de inspección a este tipo de sociedades por millones de euros con la indignación del cuerpo de técnicos e inspectores de Hacienda. Nunca en mi vida profesional, y llevo veinte años en ejercicio como asesor fiscal, me había encontrado con un hecho de estas características tan escandalosamente premeditado para favorecer de forma tan descarada a un sector de nuestros ciudadanos de por sí ya altamente consentidos.

En el año 2004 se crea la Ley que regula el Régimen Especial para Extranjeros No Residentes, conocida como la “Ley Beckham”, por coincidir con la llegada de este jugador de fútbol a nuestro país, donde se establece una tributación especial del 24% fija para aquellas élites de profesionales en el campo del deporte, científico, cultural y empresarial que se instalen en nuestro país hoy claramente favorecedora para conocidos y millonarios deportistas.

Sin entrar en otra serie de normas aprobadas con alevosía y a escondidas como el Real Decreto de enero del 2010 donde, en resumen, se favorecía la tributación de los más ricos permitiéndoles tributar al tipo del 21% operaciones que debían ser tributadas al 45% por operaciones que en la ley fiscal se las conoce como “operaciones vinculadas”.

Y para terminar, con esta serie de lindezas, nos hemos encontrado con la noticia este año 2011 del pago que han tenido que hacer fortunas españolas, entre otras la familia Botín, y no precisamente por voluntad propia, al fisco español por patrimonios ocultos en Suiza descubiertos curiosamente por el fisco francés.

Y a la vista de estas facilidades legislativas, de los entramados financieros y fraudes fiscales que se cometen de forma regular y a gran escala nadie puede llegar pensar que con la activación de este Impuesto sobre el Patrimonio se consiga, siquiera, paliar en parte el deficiente e injusto sistema tributario de nuestro país.

Apostar por una legislación que ayude a aflorar nuestra economía sumergida, a sostener el tejido empresarial de autónomos y pymes abandonados e ignorados durante décadas, a luchar contra el abultado y verdadero fraude fiscal haciendo pagar al que no paga, como reclaman desde hace tiempo el cuerpo de técnicos de Hacienda, dotando de mayores y mejores medios materiales y humanos, actualmente disponemos de no más de 900 inspectores en toda España, todo ello nos llevará a un saneamiento de nuestras cuentas públicas que repercutirán en una corrección de nuestra maltrecha economía.

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