EL EMPLEO POLÍTICO

Ahora que por fin ya sabemos sobre el "préstamo” que el organismo europeo ha concedido a nuestro país para oxigenar nuestro maltrecho sistema financiero, dicen que de unos 100.000 millones de euros, bien pudieran explicarnos los responsables de nuestro estamento gubernamental cómo y de qué forma vamos a  devolver, no sólo el principal de este compromiso, sino de la ingente Deuda Pública viva que mantenemos por la continua emisión, cada vez en más cantidad y a un precio más caro, que hemos tenido que poner en el escaparate del mercado internacional para ir devolviendo, a su vez, el vencimiento de deuda emitida con anterioridad.

A fecha de hoy el total de la Deuda Pública alcanza ya el 72% de nuestro PIB, prácticamente el doble que lo que suponía allá por el año 2007, inicio del declive económico.

Ministro Sr. de Guindos

Por cierto, se me ocurre que el citado "préstamo" bien se podría considerar un rescate a la economía de nuestro país si no fuera por el empeño de nuestro ministro Sr. De Guindos por tratar, entiendo que con buen criterio, de no alarmar más a los depredadores internacionales ávidos de presas débiles, recurriendo así a la utilización de un léxico variopinto en el argot económico que persigue disimular o suavizar lo que, con temor, cada uno de los ciudadanos llamaríamos por su auténtico nombre.

Recordemos que esta "inyección" de dinero se hará directamente al FROB, Fondo de  Reestructuración Ordenada Bancaria, organismo avalado por el Estado, lo que supondrá con toda seguridad que se compute como deuda estatal lo que provocará una elevación, si cabe superior, del nivel de deuda de nuestro país.

Al final, la cuestión de fondo son las exigencias, que no gratuitas, a las que nos veremos sometidos por parte de los que nos prestan y que irán encaminadas a adelgazar de forma considerable el monto de nuestro gasto público para así cumplir con el objetivo que se nos ha impuesto de déficit fiscal.

Seguro, Sr. De Guindos, que este préstamo no solo traerá consecuencias para el sector bancario sino que mucho nos tememos que habrá que apechugar con la devolución del mismo con fondos públicos.

Esto, a buen seguro, nos llevara a afrontar, entre otras reformas, la optimización en lo que respecta a nuestro Sector Público, haciendo posible la cuadratura del círculo hasta ahora inabordable.

Cómo, con menos recursos y personal, seremos capaces de conservar nuestro estado de bienestar  sin que se produzca una merma de su calidad y ello en consonancia a  la contribución de los impuestos que se pagan. Sin lugar a dudas es uno de los grandes retos que se plantean dentro del aparato presupuestario de nuestra Administración.

Abordando la problemática de nuestra Función Pública, hoy tan de moda y no exenta de razones y razonamientos, el nivel de empleo público en España se sitúa en la mitad de la tabla en comparación con nuestros vecinos europeos por delante de Alemania, Luxemburgo y Reino Unido y por detrás de Suecia, Francia, Holanda y Bélgica.

El exceso desorbitado de sueldos políticos devora recursos

Es difícil ofrecer cifras reales por la opacidad que muestran nuestros dirigentes a la hora de dar datos sobre el montante total de empleo público; pero si tenemos en cuenta todos los empleos relacionados directamente con nuestras distintas administraciones  más los que tienen que ver con toda clase de instituciones públicas la cantidad se acercaría a los 3,1 millones de empleados lo que representa el 16% sobre el total de la población activa.

Dependerían de las CCAA el 56%, de las Haciendas Locales el 26% y de la Administración Central el 18%.

Y el total de las nóminas de los asalarios públicos se llevan unos 110.000 millones de euros de nuestros Presupuestos Generales del Estado. Esto representa el 51% de nuestro PIB, según datos del CIS.

La Ley 7/2007, de 12 de abril, regula el Estatuto Básico del Empleado Público que en su espíritu viene a establecer la relación que existe entre el empleado público y la Administración Pública.

Como curiosidad, en su artículo 8º, se establece una clasificación del  empleo público, los funcionarios de carrera, los funcionarios interinos, el personal laboral fijo y el personal laboral eventual.

Pero es en su artículo 6º donde se establece que las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las CCAA aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las Leyes Reguladoras de la Función Pública, tanto de la Administración General del Estado como de las CCAA.

En mi opinión, la libertad que otorga este artículo, al dar a las distintas administraciones libertad para conformar a su criterio todo lo relativo a la Función Pública dentro de su territorio, es causa probable de la situación en la que ahora nos encontramos en lo que supone la sobredimensión y solapamiento del sector público.

España no padece elefantiasis política, sino "mamutasis" 

En otras palabras, son los políticos que, por una u otras razones,  atendiendo a aspectos de territorialidad o a intereses inciertos, y aprovechando la autonomía que se les brinda en lo relativo a la organización de lo público, explica en buena medida  la  tan ineficiente e ineficaz situación en la que se encuentra el conjunto de nuestras administraciones, amén de presentar un cuadro enormemente dimensionado gracias a las ocurrencias de estos mismos políticos y demás interesados en la constitución de una amalgama de empresas, instituciones y fundaciones públicas satélites de difícil catalogación.

Sr. Beteta

Recientemente, el Sr. Beteta Secretario de Estado de Administraciones Públicas, manifestaba la necesidad de acometer un ahorro en el seno de nuestro sector público, centrada en torno a las condiciones laborales de los trabajadores públicos.

Ya existe un borrador donde se suprimirán vacaciones y días de permiso, se incrementarán las horas de trabajo y se reducirán salarios a todos aquellos trabajadores que reciben su salario de nuestras administraciones, sin olvidarnos del  despido de trabajadores acometido en toda clase de empresas públicas.

A nadie se le escapa que ha sido ineficaz y costosísimo mantener este volumen de empleo público, por motivos que todos sabemos o imaginamos,  pero no es menos cierto que no se puede acometer un adelgazamiento del gasto en el conjunto de nuestro aparato público a costa de la reducción de condiciones laborales de nuestros empleados públicos, eso producirá desánimo y dejadez, sin entrar en que habrá una disminución en el consumo derivado por la menor circulación de masa monetaria.

¿Y, si en vez de esto, se acomete una profunda reforma en la forma y manera en la que deben de operar nuestros trabajadores del sector público, exigiéndoles productividad y responsabilidad en su gestión como si de un sector privado se tratara?

¿Y si reducimos los aproximadamente 450.000 políticos que, de una u otra manera, viven de o en torno a la política?

¿Y si nos proponemos una autentica reforma dentro del Estado para evitar solapamientos innecesarios y duplicidades en la gestión pública?

O mucho me equivoco o me temo que la insostenibilidad del sistema que hemos creado obligará a tomar medidas muy, pero que muy drásticas si tenemos en cuenta que los grandes contribuidores de impuestos como son la clases medias y las pequeñas y medianas empresas, en un estado de colapso total, viéndose sometidas a una presión que ha llevado a una buena parte de las segundas a su desaparición.

Soy Goyo Vilda y en este blog comparto contigo mis inquietudes y reflexiones semanales. Para atender tus intereses personales o necesidades empresariales estoy a tu disposición con todo el equipo técnico de ALFICO. Puedes usar el formulario de contacto de nuestra web o el teléfono 979 123 738.

LAS FINANZAS EN LAS AULAS

Visto lo sucedido hasta el momento en lo que respecta a la forma en la que el sector financiero internacional, en nuestro caso el nacional, ha venido aplicando en la captación de dinero para la cobertura de las distintas necesidades que se imponían, según se iba legislando normativa al uso. Normas con las que se pretende y pretenderá encintar el desmadre de la mayoría de las entidades financieras paliando en lo posible, tarea difícil donde las haya, un problema que se antoja de dimensiones siderales como son los enormes desfases de liquidez y de capital que presentan prácticamente la totalidad de nuestros bancos en lo que a ratios de solvencia se refiere. Problema ahora más acuciante que nunca. Y ya va siendo hora, de que se empiece a plantear a nivel educacional la instauración de ciertos conceptos cotidianos y básicos en el sistema de enseñanza, en cuanto a la mecánica de funcionamiento de productos financieros que pululan de manera diversa y variopinta por nuestra red nacional bancaria.

Habrá que ayudar para que las nuevas generaciones vayan impregnándose de ciertos conocimientos en un terreno que, hasta el momento, por unas u otras razones, las anteriores  generaciones miraban de reojo. Así, al menos, evitarán el engaño imperante al que nos tenían acostumbrados hasta ahora a buena parte de ciudadanos y ahorradores confiados.

En el 2007 la Comisión de la CE publica la Comunicación CE/18/12/2007 titulada "La Educación Financiera" sobre los llamados "servicios financieros al por menor" (curioso el nombre por lo que tiene de menudeo), dentro de un informe más amplio titulado "Un Mercado Único para la Europa del siglo XXI".

El citado informe aborda, entre otros, aspectos para mi esenciales como son la escasa cultura financiera de ciudadanos, la necesidad de una educación financiera en el marco de la UE, un protocolo de buenas prácticas por parte de las empresas de inversión financiera y el desarrollo de herramientas de ayuda a la enseñanza en lo que a productos financieros se refiere.

No olvidemos que esta idea europea es consecuencia de una normativa que ya mencioné en otros artículos, como era la normativa conocida MiFID que recordemos trataba, entre otras muchas cuestiones, sobre el protocolo a seguir por parte de las empresas de inversión financiera en la relación que debían mantener con el cliente ahorrador a la hora de la comercialización de productos financieros y la posterior captación de su dinero.

   

A nivel nacional el Banco de España y la Comisión Nacional de Valores publicaron de forma conjunta, en mayo del 2008, el llamado "Plan de Educación Financiera 2008-2012" que pretende dar a conocer a la ciudadanía una especie de manual sobre conceptos en el  ámbito financiero a través de la organización se seminarios, charlas y acceso a la información por la vía de las redes informáticas a través de la pagina web www.finanzasparatodos.es.

Otra web para todos: http://www.educacionfinancieraparatodos.com

En el citado plan, se puso en proceso un programa piloto muy interesante de educación financiera para alumnos de la ESO en un centro de Córdoba con resultados altamente satisfactorios para los alumnos. Este programa serviría para calibrar la futura aplicación de una materia especifica que abordase el temario financiero de forma oficial y dentro de los planes de estudio a impartir por profesorado especializado. Dicho plan se encuentra en estos momentos paralizado a raíz del cambio de gobierno y, mucho me temo, que por largo tiempo dados los recortes a los que se ve sometido nuestro sistema educativo.

El Diario Oficial de la UE publicó en noviembre del 2011 un Dictamen del Comité Económico y Social sobre "Educación Financiera y consumo responsable de productos financieros", llegando a una serie de conclusiones como son la creciente complejidad y opacidad del sistema financiero, la imprescindible mejora de la regulación, supervisión y transparencia del mismo y la necesidad de un sistema de educación financiera en el marco educativo.

En opinión del que suscribe este blog y por la fundada sospecha de cómo se precipitarán los acontecimientos en un futuro más que inmediato, en cuanto a la presión financiera a la que se verán sometidos a nivel doméstico familias y ahorradores, es momento para que cada ciudadano, más que nunca, empiece a ocuparse y preocuparse de cómo, cuándo y dónde canalizar esos dineros que con esfuerzo sobrehumano llegamos a ahorrar a lo largo de una vida de trabajo y dedicación.

Dato muy significativo a tener en cuenta es el que da nuestra  "tasa de sustitución", esto es, el tanto por ciento que supone nuestra pensión pública con respecto al  último salario en activo que se encuentra en estos momentos en torno al 81%; mientras que, en el conjunto de los países que forman la OCDE, se sitúa en el 42%. Esto supone, si leemos entre líneas y así lo demuestran las sucesivas reformas del sistema de pensiones, que nuestro país no podrá garantizar ni cubrir en gran medida nuestras necesidades de subsistencia, no ya sólo durante el ejercicio de nuestra vida laboral sino una vez finalice el citado periplo, lo que nos abocará a gestionar dentro del coso financiero una cosa tan vital y esencial como es una futura pensión que dignifique el esfuerzo de largos años de trabajo y nos permita asegurarnos un futuro lo más estable posible.

El proceso de instauración de la cultura financiera en las aulas requerirá un tiempo largo en la formación del personal adecuado, diseño de la materia financiera a impartir, y su implantación en toda la red educativa, además de la probable falta de dotación de recursos que esto requiere y más en la situación en la que nos encontramos. Entre tanto, sería conveniente que familias y ciudadanos empiecen apoyarse en el asesoramiento de profesionales independientes, sustituyendo a los tradicionales y erráticos consejos de los que, hasta ahora, se han erigido como los únicos asesores de sus finanzas y que no eran otros que esos mismos empleados de sucursal de la banca más tradicional.

No hablaré de nuevo de la falta de formación de la que adolecen esos empleados, ya lo he comentado en otras ocasiones, así como del daño irreparable ocasionado a pequeños ahorradores. Sólo hay que seguir las continuas noticias que nos llegan al respecto sobre inversiones financieras perpetuas, "corralitos" bancarios y un sin fin de operaciones de dudosa reputación realizadas por estos mismos actores.

El Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero y la Circular 10/2008, de 30 de diciembre de la CNMV regulan las conocidas sociedades EAFIS, Empresas de Asesoramiento Financiero, cuyo objetivo es prestar asesoramiento profesional independiente sobre inversiones financieras que, a diferencia del resto de las empresas financieras tradicionales, no pueden diseñar ni comercializar ni vender productos financieros, limitándose, única y exclusivamente, a la asesoría y análisis externo de todos aquellos productos financieros que acumula el sector bancario.

La consulta al asesor financiero asegura la salud de su dinero

A los pequeños ahorradores les digo que tienen a su disposición una red de asesores fiscales y financieros independientes a los que debieran acudir, dada la creciente complejidad que presenta buena parte del catálogo de productos financieros,  buscando una seguridad en sus inversiones para reforzar en lo posible un futuro que se antoja incierto.

Soy Goyo Vilda y en este blog comparto contigo mis inquietudes y reflexiones semanales. Para atender tus intereses personales o necesidades empresariales estoy a tu disposición con todo el equipo técnico de ALFICO. Puedes usar el formulario de contacto de nuestra web o el teléfono 979 123 738.

EL "COPAGO" SANITARIO

El artículo 43 de nuestra Constitución de 1978 normaliza el derecho de todos los españoles a la protección de la salud estableciendo como obligación a los poderes públicos la organización y tutela de la Salud Pública.

Esta aseveración que marca nuestra Ley de leyes transforma el Derecho a la Salud como un derecho fundamental y lo dota de un carácter universal para todos y cada de los ciudadanos de nuestro país.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, Ley General de Sanidad regula todas las acciones que permiten hacer efectivo el derecho a la protección de la salud reconocido en ese artículo de nuestra Constitución.

Más recientemente el pasado mes de julio se aprueba la Ley General de la Salud donde se reconoce, en esencia, el acceso a la asistencia sanitaria de todos los ciudadanos sin excepción, lo que reafirma más si cabe la universalidad de este servicio tan básico y vital.

A través de estas normas, y otras más que se han ido redactando, el legislador viene a definir dos hechos de capital importancia, el primero, que todos los ciudadanos tienen el derecho ineludible de poder acceder a un sistema de salud digno y el segundo, descarga sobre la Administración la obligación de dotar a ese sistema de todos los medios necesarios y suficientes para que pueda ser ejercido tal derecho.

Así pues, y bajo la tutela de nuestras Administraciones, cualquier ciudadano podrá tener a su alcance al conjunto de medios humanos y materiales denominado Sistema Nacional de Salud que es el que debe de garantizar uno de nuestros pilares fundamentales del llamado Estado de Bienestar que no es otro que la salud individual de cada uno de nosotros.

Surge, pues, la cuestión de fondo que no sólo ataña a nuestro país sino a todos los países de nuestro entorno, o al menos de aquellos cuyas economías son más avanzadas, sobre cómo afrontar el coste que le supone a cada país garantizar con plenitud el ejercicio de la salud para todos y cada uno de los ciudadanos.

¿Cómo dotar los recursos necesarios para llevarlo a cabo?

¿Cómo hacer que sea sostenible a lo largo del tiempo?

En nuestro país los recursos que se destinan a nuestro Sistema Nacional de Salud se establecen a través de nuestros Presupuestos Generales del Estado “consolidados”; los formados por el Estado, los Organismos Autónomos, la Seguridad Social y el resto de Organismos.

Recordemos que la competencia de la Salud ha ido transfiriéndose desde el año 2003 a cada una de las CCAA de tal modo que son ellas con sus presupuestos las que deben garantizar el funcionamiento de nuestro sistema y, a modo de ejemplo, la Comunidad de Castilla y León destina al capítulo de salud 1.685 millones de euros de los 10.045 millones de su presupuesto total y la Comunidad de Madrid destina 7.125 millones de euros de un total de 16.724 millones que conforman su presupuesto global.

En el conjunto de nuestras CCAA, prácticamente el 40% de sus presupuestos van destinados al sector sanitario.

Hay que tener en cuenta que el sistema sanitario resulta ser un sistema deficitario para el conjunto de nuestras administraciones y en consecuencia para todos nosotros; necesitamos mucho dinero de nuestros presupuestos para que pueda ser desarrollado de forma eficaz.

El Informe Abril elaborado en el año 1991 vino a sugerir un sistema de “copago” sanitario al establecer que los pensionistas con más recursos pagaran parte de las medicinas.

Más recientemente, en enero de este año el Secretario de Estado de Hacienda, el Sr. Ocaña, opinó, a una pregunta que se le formuló al respecto de nuestro Sistema de Salud, que habría que considerar en un futuro el establecimiento de un sistema de pago directo por parte de los ciudadanos para aliviar la carga presupuestaria de nuestras administraciones.

Así y con todo, existen otras voces que afirman que antes de llegar a la contribución del propio ciudadano habría que emprender un saneamiento de otros sectores de nuestra economía a la vez que acometer reformas estructurales de nuestro sistema sanitario ya contempladas en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y la Ley de Cohesión y Calidad de la Salud.

Si bien es cierto que ningún gobierno desde la entrada de la Democracia en nuestro país se ha atrevido a poner sobre la mesa tan controvertida materia, no es menos cierto que ya existe uncopago encubierto y valga como ejemplo la contribución del famoso céntimo sobre carburantes que algunas CCAA ya aplican, el pago de una parte de nuestras recetas para medicamentos para parte, sobre todo, de la clase trabajadora, sin dejar de lado que determinadas especialidades médicas están fuera de la cobertura sanitaria como son los odontólogos y podólogos, entre otras.

La salud tiene precio

En lo que atañe a países de nuestro entorno más directo, cada país acomete la financiación con fórmulas diversas aunque el espíritu es común denominador a todos, derivar directamente al bolsillo de los ciudadanos una parte de esta factura sanitaria para descongestionar la aportación estatal, así pues...

• Francia, el ciudadano aporta 1 € por visita al médico.
• Italia, 10 € por visita al médico y 25 € por urgencia al hospital.
• Alemania, 10 € al trimestre por visita al médico, el 10% del precio del medicamento y 10 € por cada día de hospitalización.
• Suecia y Noruega, de 15 € a 20 € por visita la médico, 7 € por cada día de ingreso en un hospital y pago de medicamentos hasta un total de 180 €.
• Reino Unido, es similar al español.
• Irlanda, de 2,20 € a 4,50 € por visita al médico, 100 € por urgencia al hospital y hasta un máximo de 120 € en gasto de medicamentos.
• Portugal, de 2,20 € a 4,50 € por visita al médico.
• Grecia, todos los ciudadanos pagan el 25 % de los medicamentos.
• Austria, de 8 € a 17 € por día de hospitalización y 5 € por receta médica.

Y a la vista de estas comparativas con los países de nuestro espectro geográfico, con los que compartimos nuestra andadura a través de la Unión Europea, más que nunca debemos plantearnos la viabilidad de nuestro sistema de salud para el futuro.

Dicen los juristas constitucionales que imponer una tasa por la utilización de los servicios sanitarios provocaría el incumplimiento del ejercicio de tal derecho universal para una parte de nuestros ciudadanos agravado por el abandono que les provocaría en su persona al no poder afrontarlo por su bajo nivel de rentas.

El abuso que históricamente hemos hecho no sólo de la utilización de los servicios sanitarios, incluyendo el despilfarro en medicamentos innecesarios, ha contribuido también a esta situación deficitaria en la que nos encontramos.

Nos guste o no, habrá que afrontarlo a un juego a dos bandas, por una parte la Administración deberá sanear otros sectores y así poder destinar más recursos a este bien básico a la vez que debe acometer una reestructuración en el propio sistema sanitario a fin de conseguir una mejor optimización de esos recursos, y por otra parte, el ciudadano en un ejercicio de responsabilidad deberá utilizar los servicios de forma más razonable y cuando la necesidad lo exija.

Alguien dijo alguna vez que nada conciencia más a la gente que hacerla pagar para que valoren el servicio que reciben aunque creo que si esto se produjese supondría una vía recaudatoria más para nuestros poderes públicos.

En todo caso el dilema no tardará en despejarse.

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EL PAPEL DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES

En pleno debate sobre la conveniencia de una racionalización del gasto en el conjunto de las Administraciones Públicas o de la cacareada necesidad en la reestructuración y optimización de este sector público, nos encontramos en uno de esos momentos históricos donde nuestra clase política, bien por razones económicas, por la crisis que atravesamos, bien por razones electoralistas, estamos prácticamente en campaña de una de ellas, o bien por el momento propicio resultado del grado de sensibilidad social y ciudadana respecto a todo esto, se ha dado cuenta de la necesidad de replantearse nuestro modelo de administraciones públicas, cuestionando, incluso, no sólo la utilidad sino la existencia de una parte de las mismas.

Nada mejor que una buena dosis de crisis económica para que nuestros gobernantes se planteen, en su propio detrimento con lo que ello conlleva en la supresión de determinados privilegios, incluso la supresión de ciertas instituciones enquistadas desde hace más de 175 años en nuestro ordenamiento público y que tan enraizadas están dentro de nuestra jerarquía institucional, las conocidas como Diputaciones Provinciales.

Creadas allá por el año 1836 en el reinado de Isabel II tenían como función principal el gobierno y la administración autónoma de la provincia.

Actualmente, y dentro del actual marco autonómico, cada provincia dispone de una de ellas excepto aquellas CCAA uniprovinciales como la de Asturias, Cantabria, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja, donde su competencia es asumida por la propia comunidad autónoma, por aquello de la no duplicidad de funciones.

En determinadas CCAA, la denominación que se las asigna obedece a ciertas etimologías que bien podrían estar relacionadas con ciertas connotaciones regionalistas, de tal modo que en el País Vasco se las conoce como Diputaciones Forales, en las Islas Baleares como el Consejo Insular, en las Islas Canarias como el Cabildo Insular y en Cataluña como los Consejos de Vergüerías, hoy cuestionados por el propio Tribunal Constitucional.

Y dentro de cada Diputación Provincial existe un Órgano de Gobierno formado por un presidente, un vicepresidente, una junta de gobierno y un pleno, todos ellos órganos de “elección indirecta”, esto es, la composición viene dada por los resultados en las elecciones municipales en cada provincia, donde el número de diputados en cada pleno depende del número de habitantes que hay en cada provincia, y todo esto regulado por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, sobre el Régimen Electoral General.

En las provincias vascas, y como excepción, las diputaciones forales, además de las funciones que les son propias, poseen también competencia en materia fiscal, y sus órganos son de “elección directa”, esto es, por votación. En esencia, entre las funciones propias atribuibles a las diputaciones estarían:

a) Asistencia jurídica, económica y técnica a los municipios.

b) Fomento del desarrollo económico y social en el territorio provincial.

c) Prestación de servicios supramunicipal y supracomarcal.

Por otra parte, las diputaciones forman parte del escalafón jerárquico dentro de nuestro sector público formado por una Administración Central/Estado, por las CCAA, por las Provincias/Diputaciones Provinciales y por las Entidades Locales/Ayuntamientos.

Y una vez comentado el papel y sitio que ocupan y habiendo ido desarrollando su función hasta la fecha de hoy, a pesar de los numerosos cambios desarrollados, tanto en materia institucional como constitucional de nuestras administraciones públicas, es ahora cuando su existencia está siendo más cuestionada, si bien nunca les faltó una masa crítica antes de la llegada de la extrema situación presente.

Y esto habrá que achacarlo, es de suponer entre otras razones, a la insostenibilidad de nuestro sistema de administraciones públicas situándolas en el centro de la diana y convirtiéndolas en instituciones anquilosadas empeñadas en seguir existiendo al mismo tiempo que se iba produciendo un incremento, cada vez mayor, de las competencias de las propias CCAA, a través de los desarrollos de sus respectivos estatutos lo que ha provocado un solapamiento y duplicidad de funciones entre ellas acarreando un incremento innecesario del gasto corriente y más aún en el capítulo de personal.

El presupuesto que manejan el conjunto de las Diputaciones Provinciales, según datos cerrados al 2009, asciende a 7.000 millones de euros, al tiempo que en las tres Diputaciones Forales vascas su presupuesto más que duplicaba al del resto llegando a los 15.000 millones de euros.

A fecha del primer trimestre del presente año, la deuda del conjunto de diputaciones provinciales ascendía a unos 7.200 millones de euros.

Y si además, como dato anecdótico, una diputación como la de Valladolid, de considerable envergadura, sólo destinó en ese año el 29,15% de su presupuesto total al capítulo de “inversiones reales”, esto es, a las tareas propias para el desarrollo provincial, nos haremos una idea dónde y a qué se destina el resto de los presupuestos.

Son eficaces, son eficientes nuestras diputaciones... ???

Desde la perspectiva del ciudadano, contribuyente nato, el problema puede llegar a adquirir tintes dramáticos si tenemos en cuenta el momento que estamos viviendo, y algo de razón llevará el ciudadano cuando, a tenor de todo esto, es en el plano político cuando surgen dentro de nuestra clase dirigente, auténticos partícipes y creadores de este desaguisado, corrientes que abogan sino por la supresión total de estas instituciones si por una reestructuración total del papel que vienen jugando.

Parece claro que, tanto desde el plano institucional como desde el plano social, es imprescindible acometer las reformas necesarias para eliminar duplicidades en funciones y tareas lo que conllevará el correspondiente ahorro y eficiencia en el gasto.

El reto, pues, que se plantea ahora es bajo qué fórmula debe acometerse una auténtica reforma de estas administraciones a fin de que no pierdan el espíritu con el que fueron creadas.

En mi opinión, una de las fórmulas posibles estaría dentro de las propias CCAA, asumiendo directamente esas tareas para provocar una optimización de recursos, creando, dentro del organigrama de cada comunidad autónoma, una figura que gestionase y controlase directamente el desarrollo económico y social de cada provincia.

Si tenemos en cuenta que existen en la actualidad unos 8.000 municipios, cabe otra fórmula, postulada por algunos, que sería proceder a la creación de una figura denominada “agrupación de municipios” que operase bajo un órgano coordinador. No olvidemos que ya existen en la actualidad ayuntamientos que aglutinan, de forma centralizada, la gestión de otros municipios y pedanías que por sí mismos no disponen de esa capacidad de gestión dado su tamaño, lo que nos llevaría, no a crear esa figura, sino a fomentar su desarrollo normativo dotándola de los medios y recursos necesarios para acometer en plenitud todas y cada una de esas funciones asignadas.

Y es aquí donde surgirá el debate, que, a buen seguro, se planteará para la próxima legislatura, sometiendo a estas administraciones a su propio test de estrés que bien podría llevar a su desaparición y, con ello, a la supresión de uno de esos niveles en nuestro ordenamiento administrativo público.

Habrá que estar atentos si ese debate y las soluciones propuestas traerán en realidad esa racionalización que buscamos, sin perder eficacia en su labor y que no suponga un maquillaje, vivido ya en otras ocasiones, que impida afrontar con seriedad una reforma a todas luces necesaria.

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