EL "COPAGO" SANITARIO

El artículo 43 de nuestra Constitución de 1978 normaliza el derecho de todos los españoles a la protección de la salud estableciendo como obligación a los poderes públicos la organización y tutela de la Salud Pública.

Esta aseveración que marca nuestra Ley de leyes transforma el Derecho a la Salud como un derecho fundamental y lo dota de un carácter universal para todos y cada de los ciudadanos de nuestro país.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, Ley General de Sanidad regula todas las acciones que permiten hacer efectivo el derecho a la protección de la salud reconocido en ese artículo de nuestra Constitución.

Más recientemente el pasado mes de julio se aprueba la Ley General de la Salud donde se reconoce, en esencia, el acceso a la asistencia sanitaria de todos los ciudadanos sin excepción, lo que reafirma más si cabe la universalidad de este servicio tan básico y vital.

A través de estas normas, y otras más que se han ido redactando, el legislador viene a definir dos hechos de capital importancia, el primero, que todos los ciudadanos tienen el derecho ineludible de poder acceder a un sistema de salud digno y el segundo, descarga sobre la Administración la obligación de dotar a ese sistema de todos los medios necesarios y suficientes para que pueda ser ejercido tal derecho.

Así pues, y bajo la tutela de nuestras Administraciones, cualquier ciudadano podrá tener a su alcance al conjunto de medios humanos y materiales denominado Sistema Nacional de Salud que es el que debe de garantizar uno de nuestros pilares fundamentales del llamado Estado de Bienestar que no es otro que la salud individual de cada uno de nosotros.

Surge, pues, la cuestión de fondo que no sólo ataña a nuestro país sino a todos los países de nuestro entorno, o al menos de aquellos cuyas economías son más avanzadas, sobre cómo afrontar el coste que le supone a cada país garantizar con plenitud el ejercicio de la salud para todos y cada uno de los ciudadanos.

¿Cómo dotar los recursos necesarios para llevarlo a cabo?

¿Cómo hacer que sea sostenible a lo largo del tiempo?

En nuestro país los recursos que se destinan a nuestro Sistema Nacional de Salud se establecen a través de nuestros Presupuestos Generales del Estado “consolidados”; los formados por el Estado, los Organismos Autónomos, la Seguridad Social y el resto de Organismos.

Recordemos que la competencia de la Salud ha ido transfiriéndose desde el año 2003 a cada una de las CCAA de tal modo que son ellas con sus presupuestos las que deben garantizar el funcionamiento de nuestro sistema y, a modo de ejemplo, la Comunidad de Castilla y León destina al capítulo de salud 1.685 millones de euros de los 10.045 millones de su presupuesto total y la Comunidad de Madrid destina 7.125 millones de euros de un total de 16.724 millones que conforman su presupuesto global.

En el conjunto de nuestras CCAA, prácticamente el 40% de sus presupuestos van destinados al sector sanitario.

Hay que tener en cuenta que el sistema sanitario resulta ser un sistema deficitario para el conjunto de nuestras administraciones y en consecuencia para todos nosotros; necesitamos mucho dinero de nuestros presupuestos para que pueda ser desarrollado de forma eficaz.

El Informe Abril elaborado en el año 1991 vino a sugerir un sistema de “copago” sanitario al establecer que los pensionistas con más recursos pagaran parte de las medicinas.

Más recientemente, en enero de este año el Secretario de Estado de Hacienda, el Sr. Ocaña, opinó, a una pregunta que se le formuló al respecto de nuestro Sistema de Salud, que habría que considerar en un futuro el establecimiento de un sistema de pago directo por parte de los ciudadanos para aliviar la carga presupuestaria de nuestras administraciones.

Así y con todo, existen otras voces que afirman que antes de llegar a la contribución del propio ciudadano habría que emprender un saneamiento de otros sectores de nuestra economía a la vez que acometer reformas estructurales de nuestro sistema sanitario ya contempladas en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y la Ley de Cohesión y Calidad de la Salud.

Si bien es cierto que ningún gobierno desde la entrada de la Democracia en nuestro país se ha atrevido a poner sobre la mesa tan controvertida materia, no es menos cierto que ya existe uncopago encubierto y valga como ejemplo la contribución del famoso céntimo sobre carburantes que algunas CCAA ya aplican, el pago de una parte de nuestras recetas para medicamentos para parte, sobre todo, de la clase trabajadora, sin dejar de lado que determinadas especialidades médicas están fuera de la cobertura sanitaria como son los odontólogos y podólogos, entre otras.

La salud tiene precio

En lo que atañe a países de nuestro entorno más directo, cada país acomete la financiación con fórmulas diversas aunque el espíritu es común denominador a todos, derivar directamente al bolsillo de los ciudadanos una parte de esta factura sanitaria para descongestionar la aportación estatal, así pues...

• Francia, el ciudadano aporta 1 € por visita al médico.
• Italia, 10 € por visita al médico y 25 € por urgencia al hospital.
• Alemania, 10 € al trimestre por visita al médico, el 10% del precio del medicamento y 10 € por cada día de hospitalización.
• Suecia y Noruega, de 15 € a 20 € por visita la médico, 7 € por cada día de ingreso en un hospital y pago de medicamentos hasta un total de 180 €.
• Reino Unido, es similar al español.
• Irlanda, de 2,20 € a 4,50 € por visita al médico, 100 € por urgencia al hospital y hasta un máximo de 120 € en gasto de medicamentos.
• Portugal, de 2,20 € a 4,50 € por visita al médico.
• Grecia, todos los ciudadanos pagan el 25 % de los medicamentos.
• Austria, de 8 € a 17 € por día de hospitalización y 5 € por receta médica.

Y a la vista de estas comparativas con los países de nuestro espectro geográfico, con los que compartimos nuestra andadura a través de la Unión Europea, más que nunca debemos plantearnos la viabilidad de nuestro sistema de salud para el futuro.

Dicen los juristas constitucionales que imponer una tasa por la utilización de los servicios sanitarios provocaría el incumplimiento del ejercicio de tal derecho universal para una parte de nuestros ciudadanos agravado por el abandono que les provocaría en su persona al no poder afrontarlo por su bajo nivel de rentas.

El abuso que históricamente hemos hecho no sólo de la utilización de los servicios sanitarios, incluyendo el despilfarro en medicamentos innecesarios, ha contribuido también a esta situación deficitaria en la que nos encontramos.

Nos guste o no, habrá que afrontarlo a un juego a dos bandas, por una parte la Administración deberá sanear otros sectores y así poder destinar más recursos a este bien básico a la vez que debe acometer una reestructuración en el propio sistema sanitario a fin de conseguir una mejor optimización de esos recursos, y por otra parte, el ciudadano en un ejercicio de responsabilidad deberá utilizar los servicios de forma más razonable y cuando la necesidad lo exija.

Alguien dijo alguna vez que nada conciencia más a la gente que hacerla pagar para que valoren el servicio que reciben aunque creo que si esto se produjese supondría una vía recaudatoria más para nuestros poderes públicos.

En todo caso el dilema no tardará en despejarse.

Soy Goyo Vilda y en este blog comparto contigo mis inquietudes y reflexiones semanales. Para atender tus intereses personales o necesidades empresariales estoy a tu disposición con todo el equipo técnico de ALFICO. Puedes usar el formulario de contacto de nuestra web o el teléfono 979 123 738.

BONOS AUTONÓMICOS... BONOS PATRIÓTICOS

A la vista de los recientes acontecimientos que se están desplegando a lo largo y ancho de nuestra geografía en materia de financiación de nuestras administraciones, y más en concreto, de nuestras CCAA, a fin de que puedan afrontar sus cuantiosas obligaciones de pagos más inmediatas y perentorias, nos estamos encontrando, a colación de la dichosa crisis, con el descubrimiento de una nueva variante de negocio en el campo financiero impensable, o poco probable, hasta hace poco dentro de nuestro sistema económico nacional.

Hasta ahora cuando una determinada Administración Pública necesitaba pedir prestado dinero, endeudarse en el argot financiero, para poder afrontar sus gastos e inversiones, pagos también en ese argot financiero, procedía a la emisión de deuda pública a través de las fórmulas ya conocida como las obligaciones, pagarés, bonos o letras del tesoro, entre otras, y eran los llamados inversores institucionales, tales como otros Estados, empresas de inversión, entidades de crédito, aseguradoras, fondos de inversión, fondos de pensiones... etc., los que acudían a esta llamada y compraban esas emisiones a cambio de un tipo de interés acorde al propio mercado.

De repente, y ante los acontecimientos económicos que vivimos, los mercados se han vuelto tremendamente desconfiados con nuestras administraciones y esos mismos inversores que históricamente acudían a la llamada para prestar a través de la compra de esas emisiones públicas ya no lo hacen por una razón bien simple... no se fían.

Y es aquí donde descubrimos la nueva variante del negocio, ante la falta de los clientes históricos, y acuciadas por una necesidad imperante de dinero, las CCAA tratan de colocar, esto es argot bancario, estas emisiones públicas directamente sobre los llamados minoristas, particulares en el lenguaje financiero, utilizando los servicios de intermediación precisamente de aquellas entidades de crédito que son las que se niegan a comprar esas emisiones y todo a cambio de una comisión por unos servicios de intermediación.

A partir de ahora, y creo que por algún tiempo, vamos a disponer, los ciudadanos, de un nuevo producto financiero donde colocar nuestros exiguos ahorros dentro del abanico que ya existe en el campo del negocio financiero/bancario, producto, por cierto, bautizado con el nombre de“Bono Patriótico”, y además nos pagarán tipos de interés muy por encima de los tradicionales productos financieros postulándose, a su vez, como auténtica competencia de esos mismos.

Primero fue la "burbuja inmobiliaria"... Ahora hay otras "burbujas"... sutiles, ingrávidas y gentiles.

En resumidas cuentas, y para dar una explicación concisa, resulta que las CCAA utilizan los servicios de esas mismas entidades de crédito, que son las que se niegan a comprar estos bonos patrióticos, a saber por qué, para que nos las vendan a los ciudadanos a cambio de una lucrativa comisión por hacer de intermediarios vendiendo un nuevo producto, como son esos bonos, y que además hacen una competencia feroz a los productos de esas mismas entidades.

Bueno, curioso todo esto.

A cierre del segundo trimestre de este año el conjunto de la deuda española superaba la nada despreciable cifra de 700.000 millones de euros (65,20% del PIB), creciendo el endeudamiento de nuestras CCAA un 23% con respecto al año anterior.

Así pues, y a modo informativo, los mayores niveles de endeudamiento lo presentaban la Comunidad Valenciana, la de Cataluña y la de Castilla-La Mancha, llegando al 20%, 19,2% y 17,2 %, respectivamente, mientras que las menos endeudadas eran las de Madrid, País Vasco y Canarias con un 7,7%, 7,9% y 8,2%, respectivamente, de sus respectivos PIB.

Ante este panorama el Gobierno prohibió que algunas CCAA, por su elevado nivel de endeudamiento, pudieran endeudarse más a largo plazo, más allá de un año, y a pesar de todo esto la deuda de estas administraciones está aumentando más rápidamente que la de la propia Administración Central.

¿Qué hacen las CCAA para sortear esta prohibición...? Pues sacan al mercado estos bonos autonómicos, los “patrióticos”, con vencimientos no superiores al año, ofreciendo rentabilidades muy por encima de lo que dicta la lógica económica, así y a modo de ejemplo, la Comunidad de Andalucía ofrece intereses al 4,25%, la de Cataluña al 4,75 %, la de Valencia al 4,75 %, la de Galicia al 4%, la de Castilla y León al 4,75% y la de Madrid al 4,75%.

Hay que señalar que a estas rentabilidades hay que sumar la comisión que las citadas entidades de crédito cobran a estas administraciones por utilizar su red comercial y se servicios que, en muchos casos, llegan al 3% adicional, lo que resulta que el coste total para estas administraciones, en definitiva para todos nosotros, puede llegar incluso al 7,75%.

Uno de los casos más sangrantes lo tiene Cataluña que para devolver la primera emisión de deuda diseñada por el anterior gobierno autonómico con vencimiento el próximo 21 de noviembre, deuda cuyo coste total ascendió, nada más y nada menos que al 7,75%, tiene previsto emitir nueva deuda a fin de poder devolverla dada la precaria situación que atraviesa.

La "estampita" y las letras "de pelota"...

Mucho me temo, que la situación que se está creando con la emisión de los dichosos bonos nos está llevando a una espiral de deuda tal que las futuras emisiones no irán encaminadas para paliar los gastos corrientes e inversiones que se propongan afrontar estas administraciones sino que irán destinados a cubrir la devolución de los vencimientos de esas emisiones con unos costes cada vez mayores y probablemente inasumibles.

Estas emisiones de bonos están poniendo en jaque, cada vez más, la solvencia española frente al mercado exterior expresada en un empeoramiento de nuestra calidad crediticia y en un elevado déficit en el conjunto de nuestras administraciones lo que nos lleva a pensar el grado de responsabilidad que tienen nuestras CCAA.

Como nota positiva, y dentro de este galimatías, al menos el nivel de endeudamiento, en el conjunto de las administraciones locales, el de los Ayuntamientos se ha mantenido estable, si bien a partir de primeros de este año no se les permite endeudarse más allá del 75% de sus ingresos corrientes.

Habrá que esperar si el nuevo Gobierno venidero será capaz de aunar esfuerzos y reconciliar posiciones para que el acuerdo con el conjunto de nuestras administraciones nos lleve a encauzar la ya de por sí agonizante situación.

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