LAS FINANZAS EN LAS AULAS

Visto lo sucedido hasta el momento en lo que respecta a la forma en la que el sector financiero internacional, en nuestro caso el nacional, ha venido aplicando en la captación de dinero para la cobertura de las distintas necesidades que se imponían, según se iba legislando normativa al uso. Normas con las que se pretende y pretenderá encintar el desmadre de la mayoría de las entidades financieras paliando en lo posible, tarea difícil donde las haya, un problema que se antoja de dimensiones siderales como son los enormes desfases de liquidez y de capital que presentan prácticamente la totalidad de nuestros bancos en lo que a ratios de solvencia se refiere. Problema ahora más acuciante que nunca. Y ya va siendo hora, de que se empiece a plantear a nivel educacional la instauración de ciertos conceptos cotidianos y básicos en el sistema de enseñanza, en cuanto a la mecánica de funcionamiento de productos financieros que pululan de manera diversa y variopinta por nuestra red nacional bancaria.

Habrá que ayudar para que las nuevas generaciones vayan impregnándose de ciertos conocimientos en un terreno que, hasta el momento, por unas u otras razones, las anteriores  generaciones miraban de reojo. Así, al menos, evitarán el engaño imperante al que nos tenían acostumbrados hasta ahora a buena parte de ciudadanos y ahorradores confiados.

En el 2007 la Comisión de la CE publica la Comunicación CE/18/12/2007 titulada "La Educación Financiera" sobre los llamados "servicios financieros al por menor" (curioso el nombre por lo que tiene de menudeo), dentro de un informe más amplio titulado "Un Mercado Único para la Europa del siglo XXI".

El citado informe aborda, entre otros, aspectos para mi esenciales como son la escasa cultura financiera de ciudadanos, la necesidad de una educación financiera en el marco de la UE, un protocolo de buenas prácticas por parte de las empresas de inversión financiera y el desarrollo de herramientas de ayuda a la enseñanza en lo que a productos financieros se refiere.

No olvidemos que esta idea europea es consecuencia de una normativa que ya mencioné en otros artículos, como era la normativa conocida MiFID que recordemos trataba, entre otras muchas cuestiones, sobre el protocolo a seguir por parte de las empresas de inversión financiera en la relación que debían mantener con el cliente ahorrador a la hora de la comercialización de productos financieros y la posterior captación de su dinero.

   

A nivel nacional el Banco de España y la Comisión Nacional de Valores publicaron de forma conjunta, en mayo del 2008, el llamado "Plan de Educación Financiera 2008-2012" que pretende dar a conocer a la ciudadanía una especie de manual sobre conceptos en el  ámbito financiero a través de la organización se seminarios, charlas y acceso a la información por la vía de las redes informáticas a través de la pagina web www.finanzasparatodos.es.

Otra web para todos: http://www.educacionfinancieraparatodos.com

En el citado plan, se puso en proceso un programa piloto muy interesante de educación financiera para alumnos de la ESO en un centro de Córdoba con resultados altamente satisfactorios para los alumnos. Este programa serviría para calibrar la futura aplicación de una materia especifica que abordase el temario financiero de forma oficial y dentro de los planes de estudio a impartir por profesorado especializado. Dicho plan se encuentra en estos momentos paralizado a raíz del cambio de gobierno y, mucho me temo, que por largo tiempo dados los recortes a los que se ve sometido nuestro sistema educativo.

El Diario Oficial de la UE publicó en noviembre del 2011 un Dictamen del Comité Económico y Social sobre "Educación Financiera y consumo responsable de productos financieros", llegando a una serie de conclusiones como son la creciente complejidad y opacidad del sistema financiero, la imprescindible mejora de la regulación, supervisión y transparencia del mismo y la necesidad de un sistema de educación financiera en el marco educativo.

En opinión del que suscribe este blog y por la fundada sospecha de cómo se precipitarán los acontecimientos en un futuro más que inmediato, en cuanto a la presión financiera a la que se verán sometidos a nivel doméstico familias y ahorradores, es momento para que cada ciudadano, más que nunca, empiece a ocuparse y preocuparse de cómo, cuándo y dónde canalizar esos dineros que con esfuerzo sobrehumano llegamos a ahorrar a lo largo de una vida de trabajo y dedicación.

Dato muy significativo a tener en cuenta es el que da nuestra  "tasa de sustitución", esto es, el tanto por ciento que supone nuestra pensión pública con respecto al  último salario en activo que se encuentra en estos momentos en torno al 81%; mientras que, en el conjunto de los países que forman la OCDE, se sitúa en el 42%. Esto supone, si leemos entre líneas y así lo demuestran las sucesivas reformas del sistema de pensiones, que nuestro país no podrá garantizar ni cubrir en gran medida nuestras necesidades de subsistencia, no ya sólo durante el ejercicio de nuestra vida laboral sino una vez finalice el citado periplo, lo que nos abocará a gestionar dentro del coso financiero una cosa tan vital y esencial como es una futura pensión que dignifique el esfuerzo de largos años de trabajo y nos permita asegurarnos un futuro lo más estable posible.

El proceso de instauración de la cultura financiera en las aulas requerirá un tiempo largo en la formación del personal adecuado, diseño de la materia financiera a impartir, y su implantación en toda la red educativa, además de la probable falta de dotación de recursos que esto requiere y más en la situación en la que nos encontramos. Entre tanto, sería conveniente que familias y ciudadanos empiecen apoyarse en el asesoramiento de profesionales independientes, sustituyendo a los tradicionales y erráticos consejos de los que, hasta ahora, se han erigido como los únicos asesores de sus finanzas y que no eran otros que esos mismos empleados de sucursal de la banca más tradicional.

No hablaré de nuevo de la falta de formación de la que adolecen esos empleados, ya lo he comentado en otras ocasiones, así como del daño irreparable ocasionado a pequeños ahorradores. Sólo hay que seguir las continuas noticias que nos llegan al respecto sobre inversiones financieras perpetuas, "corralitos" bancarios y un sin fin de operaciones de dudosa reputación realizadas por estos mismos actores.

El Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero y la Circular 10/2008, de 30 de diciembre de la CNMV regulan las conocidas sociedades EAFIS, Empresas de Asesoramiento Financiero, cuyo objetivo es prestar asesoramiento profesional independiente sobre inversiones financieras que, a diferencia del resto de las empresas financieras tradicionales, no pueden diseñar ni comercializar ni vender productos financieros, limitándose, única y exclusivamente, a la asesoría y análisis externo de todos aquellos productos financieros que acumula el sector bancario.

La consulta al asesor financiero asegura la salud de su dinero

A los pequeños ahorradores les digo que tienen a su disposición una red de asesores fiscales y financieros independientes a los que debieran acudir, dada la creciente complejidad que presenta buena parte del catálogo de productos financieros,  buscando una seguridad en sus inversiones para reforzar en lo posible un futuro que se antoja incierto.

Soy Goyo Vilda y en este blog comparto contigo mis inquietudes y reflexiones semanales. Para atender tus intereses personales o necesidades empresariales estoy a tu disposición con todo el equipo técnico de ALFICO. Puedes usar el formulario de contacto de nuestra web o el teléfono 979 123 738.

REUNIÓN A TRES

El pasado mes de marzo abordé en este blog  la problemática creada, dentro de nuestro sector financiero, en lo referente a la captación del ahorro de miles de ciudadanos  por parte del conjunto de nuestro gremio bancario patrio que se hizo de forma muy intensa, y diría que alevosa, desde el año 2009 a través de la emisión de las ya muy  conocidas "participaciones preferentes". Y precisamente por las formas, modo y manera en que fue comercializado este producto financiero, y no por el fondo de las características propias del producto financiero, el asunto se ha revuelto a nivel social como buen boomerang contra el propio sistema financiero.

Manifestación multitudinaria contra las "preferentes"

Recordemos que las citadas “preferentes” fueron vendidas sin ningún tipo de miramientos, sin atender al más mínimo sentido de la ética, ni profesional ni personal, por buena parte de los empleados de esas entidades, probablemente temerosos dada la presión a la que se veían sometidos por parte de sus inmediatos superiores. Se vulneraron, por esas entidades, principios de legalidad al no seguir y aplicar correctamente el protocolo que al efecto marca la normativa europea, respecto a la forma de actuar que deben seguir las empresas de  inversión financiera cuando, entre otras operaciones, traten de captar el dinero contante y sonante de inversores no institucionales, esto es del ahorrador doméstico, normativa denominada MiFID.

No entraré a valorar la nula formación que tienen muchos de esos empleados a los que se encarga la tarea de abordar la comercialización de unos productos financieros altamente complejos y peligrosos para ese inexperto e inocente ahorrador que adolece de los mínimos conocimientos dentro del argot financiero. Y tampoco entraré en que el citado producto se colocó a personas de toda condición y edad.

Los distintos medios de comunicación de nuestro país se están ocupando cada vez más de este asunto, aireando los dramas que ha provocado este "corralito" financiero a familias y particulares, si bien con reservas y a cuenta gotas, probablemente temerosos de provocar la indignación de un sector que se ha postulado hasta el momento como gran inversor en los espacios publicitarios de esos mismos medios.

Recientemente he sido invitado por parte de la asociación de usuarios bancarios, ADICAE, a mantener sendas reuniones, una en el ámbito político, con parte de nuestro estamento autonómico regional, y otra, mucho más reciente, en el ámbito financiero con parte del sector financiero a fin de tratar y abordar la dramática situación que sufren esas familias y ahorradores.

Contaré la experiencia y las sensaciones personales respecto a sendas reuniones que me brindaron las personas de ADICAE, permitiéndome asistir y, de este modo, comprobar de primera mano el grado de conocimiento, preocupación y sensibilidad que al respecto tiene nuestra clase política y el modo en que se afrontará una solución de una parte de nuestro sector financiero que fue el que originó semejante desaguisado.

La primera de las reuniones tuvo lugar en la sede de las Cortes de la Junta de Castilla y León con la portavoz del partido socialista de esta CCAA a la que se la explicó el alcance que habían tomado estos acontecimientos en cuanto a la situación en la que se encuentran los ahorros de las familias dentro del entramado financiero.

No me extrañó el desconocimiento a nivel técnico que esta portavoz  mantenía al respecto en esa fecha con relación a lo que significaban las citadas participaciones preferentes, cosa lógica por otra parte al no ser materia de su disciplina política, aunque si llegó a producirme un cierto desencanto la ignorancia que mostraba sobre la situación, y más en concreto, sobre la envergadura del problema creado por el conjunto de entidades que habían provocado un absoluto colapso en los ahorros de los necesitados ciudadanos, a pesar de las múltiples  denuncias públicas existentes en toda nuestra geografía organizadas por ciudadanos, a través de las distintas asociaciones de consumidores de banca, entre otras ADICAE, encaminadas no sólo a hacerse oír a nivel social sino, en última instancia, dispuestas a formalizar sendas demandas colectivas a fin de reclamar por la vía judicial el montante total del dinero que mantienen retenido las entidades bancarias a los sufridos y damnificados ahorradores.

¿No se oye la voz de la indignación?

En otra ocasión fui invitado a presenciar una de las sesiones en las mismas Cortes castellano-leonesas, donde el cabeza de lista de Izquierda Unida evacuaba sendas preguntas al Consejero de Economía del gobierno autónomo, hoy del Partido Popular, al respecto de la situación creada a los pequeños ahorradores por el mismo motivo. En honor a la verdad, me indignó descubrir la frialdad, no sé si por desconocimiento o por simple evasión al problema que se avecina, del que se supone debería ser la persona mejor informada del gobierno autonómico por ocupar la cartera que ocupa. Por otra parte, me resultó llamativo el grado de insensibilidad que el personaje demostró hacia lo que representa lo que, sin duda, es en estos momentos el gran problema para los ahorros de los miles de afectados que se agrava más si cabe por la situación de crisis que atraviesa gran parte de la ciudadanía.

Manifestación de afectados frente a las oficinas de La Caixa en Barcelona

En cuanto a la reunión a la que asistí con parte del sector financiero, ésta se plasmó en un encuentro  mantenido con altos representantes y mandatarios de La Caixa, en la sede que esta entidad financiera tiene en Madrid. Allí  fuimos convocados un círculo restringido de personas, compuesta por representantes de ADICAE así como una representación de afectados de toda la geografía española. En el citado encuentro con los representantes de la citada entidad, se les transmitió la precaria situación que atraviesan muchas familias y pequeños ahorradores por tener atrapados sus ahorros en las citadas participaciones preferentes, así como la protesta por el modo en que el sector financiero ha comercializado el citado producto financiero.

Si bien la corrección en el trato de los altos emisarios de la entidad se mantuvo en todo momento, no fue menos cierto confirmar de primera mano, como así se nos hizo llegar a los allí presentes, la razón por la que se llevó a cabo la captación más salvaje de dinero a particulares que no era otra que la imperiosa necesidad de capital que tiene el sector financiero en estos momentos de máxima tensión en los mercados internacionales, por una parte. Y, por otra, de un cambio en la normativa en los acuerdos de Basilea III con la exigencia de dotar de mayor y mejor  ratio de capital a los balances de estas entidades, lo que las llevó, probablemente, a poner en marcha mecanismos agresivos de comercialización de este producto hoy denominado "tóxico"… amén de otras razones de índole interno.

No desvelaré, porque así se nos ha exigido a los asistentes a la citada reunión, las medidas, propuestas y soluciones que al respecto esta entidad afrontará, en el futuro más que inmediato, con respecto a todos  los clientes afectados por estas participaciones preferentes; mantendré la discreción que se me exigió,  pero lo que sí manifestaré en este blog es la amoralidad de la que puede llegar a hacer gala el conjunto de nuestro sector financiero cuando se trata de salvaguardar sus intereses más sagrados.

Me consta que otras entidades han empezado a mover ficha y a plantear ciertas soluciones que se alejan de las aplicadas hasta ahora hacia esos afectados, como son proponer el canje por productos financieros, más complejos si cabe; en todo caso habrá que darse prisa, dado el deterioro económico al que nos vemos sometidos todos los ciudadanos y en especial los afectados.

Estaré atento en lo que atañe a la reunión de la que fui testigo.

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LAS PARTICIPACIONES PREFERENTES

Una vez más, como no podía ser de otro modo, y dado el recorrido que están marcando los acontecimientos más recientes en nuestro santo sector financiero, y más en concreto, sobre determinados “productos” financieros, en otro tiempo activos financieros de alta solvencia y fiabilidad para buena parte de las instituciones financieras nacionales e internacionales como parte integrante de los llamados ratios de capital según las legislaciones financieras al uso del sector, no estaría de más analizar aunque no sea más que por curiosidad el qué, el cómo y el cuando de la aparición a escena de estos productos derivados más comúnmente llamadas participaciones preferentes.  

Pero empecemos desde el principio; recordemos que este producto financiero altamente complejo, incluso para profesionales expertos en el campo inversor-financiero, ya se comercializaba por parte de nuestras entidades bancarias allá por el año 1999, si bien es a partir del 2009, debido a las exigencias de capital que se les imponían a nuestras entidades por parte de los reguladores financieros internacionales, cuando su comercialización se hace de forma masiva e intensa hacia el pequeño ahorrador, si bien, acompañado de una buena dosis de irresponsabilidad.

A estas alturas la mayoría de los ahorradores comunes, llamados particulares, ya tienen, muy a su pesar, un conocimiento más exacto sobre la trama inversora de esta clase de productos, dado el gran despliegue publicitario y mediático que en las últimas fechas han dedicado los distintos medios de comunicación de nuestro país a tan ilustre asunto.

Estos productos son emitidos, principalmente, por las grandes corporaciones y entidades financieras con la promesa, para el que las adquiere, del pago de un determinado interés, llamado cupón, por lo general más alto que el de otros productos de ahorro como gancho para el pequeño ahorrador.

El inconveniente principal de esta clase de productos, aunque tiene varios, es que representa una inversión absolutamente ficticia para el inversor que las adquiere, dado que al poseedor de una participación de estas características no se le otorga ningún derecho ni político ni de propiedad alícuota sobre el patrimonio  empresarial de la entidad que las emite, en contra de lo que sucede con la propiedad de las acciones ordinarias de cualquier empresa que sí confieren al titular el poder político y propiedad de la entidad emisora. 

Nos encontramos con un producto absolutamente complejo de entender precisamente por carecer de un marco que lo regule.

Ni está cubierto por el Fondo de Garantía de Depósito, el pago del interés prometido está supeditado a variables tales como que la entidad que las emita debe de tener beneficios, que aún teniendo beneficios puede ser suspendido el pago del cupón por necesidades de capital de la propia entidad o por la prohibición del regulador o normativa de turno que así lo exija. Recientemente nos hemos enterado que el gobierno español concederá a las entidades emisoras la posibilidad de suspender durante un año el pago del citado interés al inversor que las adquirió.

Además de todo esto, es un producto sin vencimiento alguno, con lo que la incertidumbre para el que las adquirió toma unas dimensiones catastróficas junto con su carácter ilíquido, es decir, para recuperar la inversión el que lo adquirió debe de encontrar a otro inversor dispuesto a adquirirlo, y dado los tiempos que corren...

El gran problema que presenta este producto no está ya sólo en las características propias del mismo sino que la comercialización tan irresponsable y masiva por parte de los empleados de las distintas sucursales desde el año 2009 convirtió a este producto como objetivo prioritario, probablemente presionados por unas empresas ávidas a toda costa de recursos para cumplir las exigencias que se les marcaban.

Empleados, en buena parte con una nula formación y con el miedo de poder perder su puesto de trabajo, nos han llevado a situaciones tan dantescas como colocar esta clase de activos financieros a personas de avanzada edad, a invidentes y a pequeños ahorradores que, guiados y confiados por los largos años de relación con esas sucursales y empleados, vieron enredados los ahorros de toda una vida en esa  telaraña financiera de difícil salida, sin entrar en que existen contratos de adquisición de las citadas preferentes con firmas presuntamente falsificadas por parte de esos  temerosos empleados.

En fin, algo largo y difícil de relatar.

En noviembre del 2007 entra en vigor la Directiva Europea 2004/39CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los mercados de instrumentos financieros más conocida como la norma MiFID, Markets in Financial Instruments Directive, posteriormente desarrollada por la Directiva 2006/73/CE sobre requisitos y condiciones de funcionamiento de las empresas de inversión, y el Reglamento (CE) nº 1287/206, sobre las obligaciones de las empresas de inversión sobre registros de operaciones y transparencia del mercado.

Uno de los aspectos fundamentales de esa norma es lo que atañe al protocolo que deben seguir las empresas de inversión, entidades bancarias entre otras, a la hora de catalogar el nivel de formación en la materia de un determinado cliente para adecuar el producto que se quiere contratar con él, a fin de saber su nivel de conocimientos financieros y su perfil inversor. En otras palabras, el empleado de turno debe realizar un cuestionario al cliente para establecer si el producto que se le trata de colocar se adecúa a su nivel de conocimientos financieros.

En la práctica, y a la hora de cumplir con esta normativa por parte de las entidades bancarias, se han dado situaciones tan curiosas y alarmantes como que una buena parte de empleados bancarios han realizado multitud de contratos de adquisición de participaciones preferentes, con un test de preguntas a clientes de edades muy avanzadas, donde se les catalogaba como auténticos expertos inversores lo que denotaba claramente un engaño abusivo hacia ellos.

No entraré a analizar que existen actualmente dos mercados secundarios, el AIAF, Mercado de Renta Fija SA y el SEND,  Plataforma Electrónica de Negociación de Deuda que sólo está activa para aquellas emisiones/inversiones posteriores a enero del año 2009, donde los afectados pueden, a través de sus entidades bancarias, solicitar órdenes de venta de sus participaciones preferentes y así poder recuperar al menos parte de la inversión.

El problema de estos mercados es que, a fecha de hoy, presentan dos grandes inconvenientes. Por una parte, su operatividad, hay que acudir a la misma entidad que te vendió el producto para cursar la orden de venta en ese mercado. Y, por otro lado, su transparencia, son mercados manejados, como buen mercadillo de plaza, por las propias entidades bancarias. 

En estos momentos y a la fecha actual, nos encontramos con que la totalidad de las entidades financieras para solventar la, cada vez más alarmante, situación en la que se encuentran muchos de los pequeños inversores con sus ahorros atrapados en la telaraña del engaño financiero, proponen fórmulas para la reconversión de estas participaciones preferentes en otros productos que incluso las dejan en buen lugar, es decir, proponen productos y soluciones si cabe más complejas e inentendibles para los sufridos inversores.

Pero lo que realmente mueve a estas entidades a proponer tan peculiares soluciones a los distintos ahorradores no se basa en una sincera preocupación hacia ellos, sino que están motivadas por las exigencias que se les impone por una normativa internacional para el sector financiero plasmada en la llamada Norma de Basilea III, donde se viene a decir que, donde antes las participaciones preferentes se catalogaban como inversiones de alta calidad y solvencia para los balances de esas mismas entidades y que les valían para cumplir con sus respectivos ratios de capital, Tier I, de repente la citada norma considera ahora que esos mismos productos no cuentan para ese ratio, lo que ha provocado una nueva locura bancaria para transformar esas participaciones en otros productos válidos para el cumplimiento de la citada normativa internacional, productos si cabe todavía más complejos para el pequeño inversor.

Actualmente, desde distintos organismos y en defensa del pequeño usuario bancario se están promulgando demandas colectivas contra la mayoría de las entidades financieras en base a una comercialización engañosa acompañada por un abuso de confianza cometidos hacia esos mismos ahorradores que, sin arte ni parte, ven como esos ahorros conseguido por años de sacrificio se han visto atrapados. 

Estaremos atentos a lo que dicen los arts. 1265 y 1266 de nuestro Código Civil sobre los contratos que se declaren nulos por error en el consentimiento.

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BONOS AUTONÓMICOS... BONOS PATRIÓTICOS

A la vista de los recientes acontecimientos que se están desplegando a lo largo y ancho de nuestra geografía en materia de financiación de nuestras administraciones, y más en concreto, de nuestras CCAA, a fin de que puedan afrontar sus cuantiosas obligaciones de pagos más inmediatas y perentorias, nos estamos encontrando, a colación de la dichosa crisis, con el descubrimiento de una nueva variante de negocio en el campo financiero impensable, o poco probable, hasta hace poco dentro de nuestro sistema económico nacional.

Hasta ahora cuando una determinada Administración Pública necesitaba pedir prestado dinero, endeudarse en el argot financiero, para poder afrontar sus gastos e inversiones, pagos también en ese argot financiero, procedía a la emisión de deuda pública a través de las fórmulas ya conocida como las obligaciones, pagarés, bonos o letras del tesoro, entre otras, y eran los llamados inversores institucionales, tales como otros Estados, empresas de inversión, entidades de crédito, aseguradoras, fondos de inversión, fondos de pensiones... etc., los que acudían a esta llamada y compraban esas emisiones a cambio de un tipo de interés acorde al propio mercado.

De repente, y ante los acontecimientos económicos que vivimos, los mercados se han vuelto tremendamente desconfiados con nuestras administraciones y esos mismos inversores que históricamente acudían a la llamada para prestar a través de la compra de esas emisiones públicas ya no lo hacen por una razón bien simple... no se fían.

Y es aquí donde descubrimos la nueva variante del negocio, ante la falta de los clientes históricos, y acuciadas por una necesidad imperante de dinero, las CCAA tratan de colocar, esto es argot bancario, estas emisiones públicas directamente sobre los llamados minoristas, particulares en el lenguaje financiero, utilizando los servicios de intermediación precisamente de aquellas entidades de crédito que son las que se niegan a comprar esas emisiones y todo a cambio de una comisión por unos servicios de intermediación.

A partir de ahora, y creo que por algún tiempo, vamos a disponer, los ciudadanos, de un nuevo producto financiero donde colocar nuestros exiguos ahorros dentro del abanico que ya existe en el campo del negocio financiero/bancario, producto, por cierto, bautizado con el nombre de“Bono Patriótico”, y además nos pagarán tipos de interés muy por encima de los tradicionales productos financieros postulándose, a su vez, como auténtica competencia de esos mismos.

Primero fue la "burbuja inmobiliaria"... Ahora hay otras "burbujas"... sutiles, ingrávidas y gentiles.

En resumidas cuentas, y para dar una explicación concisa, resulta que las CCAA utilizan los servicios de esas mismas entidades de crédito, que son las que se niegan a comprar estos bonos patrióticos, a saber por qué, para que nos las vendan a los ciudadanos a cambio de una lucrativa comisión por hacer de intermediarios vendiendo un nuevo producto, como son esos bonos, y que además hacen una competencia feroz a los productos de esas mismas entidades.

Bueno, curioso todo esto.

A cierre del segundo trimestre de este año el conjunto de la deuda española superaba la nada despreciable cifra de 700.000 millones de euros (65,20% del PIB), creciendo el endeudamiento de nuestras CCAA un 23% con respecto al año anterior.

Así pues, y a modo informativo, los mayores niveles de endeudamiento lo presentaban la Comunidad Valenciana, la de Cataluña y la de Castilla-La Mancha, llegando al 20%, 19,2% y 17,2 %, respectivamente, mientras que las menos endeudadas eran las de Madrid, País Vasco y Canarias con un 7,7%, 7,9% y 8,2%, respectivamente, de sus respectivos PIB.

Ante este panorama el Gobierno prohibió que algunas CCAA, por su elevado nivel de endeudamiento, pudieran endeudarse más a largo plazo, más allá de un año, y a pesar de todo esto la deuda de estas administraciones está aumentando más rápidamente que la de la propia Administración Central.

¿Qué hacen las CCAA para sortear esta prohibición...? Pues sacan al mercado estos bonos autonómicos, los “patrióticos”, con vencimientos no superiores al año, ofreciendo rentabilidades muy por encima de lo que dicta la lógica económica, así y a modo de ejemplo, la Comunidad de Andalucía ofrece intereses al 4,25%, la de Cataluña al 4,75 %, la de Valencia al 4,75 %, la de Galicia al 4%, la de Castilla y León al 4,75% y la de Madrid al 4,75%.

Hay que señalar que a estas rentabilidades hay que sumar la comisión que las citadas entidades de crédito cobran a estas administraciones por utilizar su red comercial y se servicios que, en muchos casos, llegan al 3% adicional, lo que resulta que el coste total para estas administraciones, en definitiva para todos nosotros, puede llegar incluso al 7,75%.

Uno de los casos más sangrantes lo tiene Cataluña que para devolver la primera emisión de deuda diseñada por el anterior gobierno autonómico con vencimiento el próximo 21 de noviembre, deuda cuyo coste total ascendió, nada más y nada menos que al 7,75%, tiene previsto emitir nueva deuda a fin de poder devolverla dada la precaria situación que atraviesa.

La "estampita" y las letras "de pelota"...

Mucho me temo, que la situación que se está creando con la emisión de los dichosos bonos nos está llevando a una espiral de deuda tal que las futuras emisiones no irán encaminadas para paliar los gastos corrientes e inversiones que se propongan afrontar estas administraciones sino que irán destinados a cubrir la devolución de los vencimientos de esas emisiones con unos costes cada vez mayores y probablemente inasumibles.

Estas emisiones de bonos están poniendo en jaque, cada vez más, la solvencia española frente al mercado exterior expresada en un empeoramiento de nuestra calidad crediticia y en un elevado déficit en el conjunto de nuestras administraciones lo que nos lleva a pensar el grado de responsabilidad que tienen nuestras CCAA.

Como nota positiva, y dentro de este galimatías, al menos el nivel de endeudamiento, en el conjunto de las administraciones locales, el de los Ayuntamientos se ha mantenido estable, si bien a partir de primeros de este año no se les permite endeudarse más allá del 75% de sus ingresos corrientes.

Habrá que esperar si el nuevo Gobierno venidero será capaz de aunar esfuerzos y reconciliar posiciones para que el acuerdo con el conjunto de nuestras administraciones nos lleve a encauzar la ya de por sí agonizante situación.

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EN LA POLÍTICA ESTÁ LA CRISIS

En el verano del año 2001 recuerdo haber tenido una conversación, entre otras muchas que probablemente pude mantener, con un director de sucursal bancaria, hoy ya prejubilado, en la que se congratulaba de lo adelantado que estaba en el cumplimiento de los objetivos que su dirección había marcado a su oficina para todo el año en el capítulo de “activo”, para los no iniciados en la jerga bancaria significa el volumen de préstamos concedidos y formalizados a sus clientes, y apenas había transcurrido la mitad del año.

Eran los tiempos donde circulaba el dinero fácil y barato, donde los mercados financieros proporcionaban la suficiente masa monetaria para que los agentes locales de cada país, y mucho más en España, colocasen tan ingente cantidad de dinero entre sus clientes de forma tan rápida como fuera posible, y lo que es más grave, sin valorar los más mínimos estándares de solvencia y garantía de clientes para este tipo de operaciones.

Claro, había que cumplir los objetivos incluso antes de finalizar el año y además cobrar los bonos de productividad, todos.

Todo esto provocó que la economía viviese un estado de irrealidad no conocido en muchas décadas, y cuando esto sucede el propio mercado, como todo buen enfermo, necesita una excusa para devolvernos a una realidad que nunca debimos haber abandonado, y esa escusa se asomó en forma del pinchazo de las ya conocidas “hipotecas basura” de los EEUU.

En opinión del que aquí suscribe, éstas no fueron el origen del problema que ahora vivimos, sino más bien fueron la consecuencia de lo que no debimos vivir.

Y en lo referente a nuestra propia realidad personal estábamos inmersos en una euforia, en una especie de “ilusión monetaria” que trajo como consecuencia lo que tan duramente estamos pagando ahora. Creo que nadie puede ejercer de rico conduciendo un "seiscientos" y además estando endeudado.

No analizaré el momento por el que estamos pasando, nos levantamos todos los días con un sin fin de problemas vestidos en forma de desempleo, desahucios, morosidad, recortes sociales,...etc., provocados precisamente por esa irrealidad vivida.

A pesar de todo, si algo tiene de bueno esta crisis es que, al menos, estamos aprendiendo conceptos económico-financieros de los que apenas habíamos oido hablar. Nos atiborran con informaciones estadístico-económico-financieras de los que no sabíamos ni de su existencia o al menos rara vez oíamos hablar el resto de los mortales.

Se me ocurre que esta crisis va ayudar a un enriquecimiento de nuestro vocabulario económico y lo más sorprendente es que lo está consiguiendo en aquellas personas donde su máximo nivel de conocimientos en este terreno se limitaba a acercarse a su sucursal bancaria para actualizar su cartilla de ahorros.

Nos hablan en los telediarios de la “Prima de Riesgo”, esa señorita hasta ahora tan desconocida que de pronto cobra un protagonismo atroz que en su definición técnica seria el diferencial, en puntos básicos, que presenta el bono español con respecto al bono alemán a 10 años, y que para que lo entienda todo el mundo no es otra cosa que el interés que tiene que pagar nuestro país, todos nosotros, por pedir dinero prestado y así poder atender a nuestras necesidades internas.

Como dato curioso y preocupante, según el Instituto de Estudios Económicos (IEE) del BBVA, por cada 100 puntos básicos que suba esta prima de riesgo todos nosotros deberemos pagar entre 1.100 y 1.200 millones de euros en intereses anuales.

Afirman los expertos en la materia, que si la prima de riesgo llegase a 450 puntos básicos supondría el punto de no retorno, ésto es, sería más barato para todos nosotros que el país fuera intervenido, bajo fórmulas ya estudiadas, que seguir acudiendo al mercado para financiarnos y pedir prestado.

Y amigos, estamos tuteando los 400 puntos básicos.

También nos hablan en los mismos telediarios de la “Crisis de Solvencia de los Estados” que trae como consecuencia la “Degradación en la Calidad Crediticia” de esos mismos Estados, es lo que analizan las mal llamadas “Agencias de Calificación”, tan conocidas últimamente, cuya función es analizar, clasificar y puntuar la solvencia de los países. Y esto también para que todo el mundo lo entienda, ocurre que nadie se fia de nadie, nadie quiere prestar porque piensa, el que presta, que no le van a devolver el dinero que ha prestado.

Y también como dato curioso, esta agencias que nos valoran han establecido una escala de estándares, códigos, que miden la solvencia a largo plazo que presentan los Estados, es decir, la capacidad que tienen éstos para devolver lo que previamente les han ido prestando.

Estos estándares se presentan como AAA, AA, A, BB, B, CCC, CC, C, donde “AAA” sería la máxima clasificación de solvencia que representa una situación óptima de fiabilidad y estabilidad del país receptor del préstamo hasta llegar a la “C” que sería la mínima clasificación de solvencia que representa un altísimo riesgo de impago para el país receptor del préstamo.

En estos momentos España presenta una clasificación “AA”, ésto es, situación muy estable y bajo riesgo, aunque con perspectiva negativa, lo que supondrá una bajada en nuestra nota, y en ésto tienen mucho que ver las CCAA con su excesivo endeudamiento.

Y llegados a este punto, y sin entrar a analizar sobre el origen, lo que representa y las consecuencias que nos está trayendo esta crisis, ya lo hacen los expertos por todos nosotros, me pregunto si esta crisis no tiene mucho que ver con el grado de calidad de nuestras Instituciones y Estados.

En primer lugar, habría que pensar si antes de la llegada de la crisis no vivíamos ya en una crisis de liderazgo político, a nivel nacional e internacional, dejaron de gobernarnos verdaderos estadistas, estrategas, gentes de estado y de gobierno, con sentido de la responsabilidad, y nos invadió una clase política del "pim-pam-pum", viviendo en la inercia de un sistema ciego en lo social, apalancado en una economía basada en el endeudamiento y no en un modelo productivo, permisivo con un modelo de negocio montado en torno a corrupciones y corruptelas, y todo ello sin dejar de mirar a reojo al contador electoral.

En segundo lugar, en lo que atañe a Europa, hemos sido incapaces de finalizar la verdadera integración monetaria iniciada en el año 1.999, y así eliminar todas esas asimetrías que provoca esa falta de integración política y fiscal, lo que provoca que no tengamos una auténtica autoridad centralista que aglutine ideas, soluciones y decisiones de los Estados miembros, y así hacer frente común en medidas que nos permitirían acometer semejante problema, en vez de la descoordinación que se vive hoy en día en el conjunto estos Estados europeos.

Y es precisamente, esta situación tan dispar que presenta Europa y sus Estados lo que provoca la penalización de los mercados financieros e inversores internacionales.

Y en tercer lugar, a nivel nacional, estamos ante unos gobiernos interinos, a las puertas de elecciones, ante Jefes de Estado con nefasta formación y preparación, sin nombrar a aquellos más empeñados y ocupados en resolver sus vergüenzas y debilidades personales que en dirigir los designios de los países, cuando no se pavonean cual pavo real olvidando para lo que fueron realmente elegidos.

Amigos pido... CORDURA y RESPONSABILIDAD.

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