EL DESAHUCIO ECONÓMICO

Hay momentos en la vida en los que, por unas y otras circunstancias, vemos con la crueldad en la que la dama económica aplica sus garras sobremanera, cebándose así en la franja más débil de la población. Aquel estrato social más sensible a cualquier variación provocada por un mercado cada vez más internacional y que no tiene ningún tipo de mesura con la realidad nacional.

En un Estado moderno al que se le pone el apelativo de Derecho y obviando los dos principales derechos fundamentales que toda persona tiene sin ningún tipo de discusión, como son en primer lugar el derecho a la vida y en segundo lugar la libertad individual del ser humano, nos encontramos que en el artículo 47 de nuestra Carta Magna se recoge el derecho que tenemos como ciudadanos a una vivienda.  Y, si nos trasladamos al Derecho Internacional el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos recoge en el mismo sentido la obligación que tienen todas las Instituciones, por universales que sean, de facilitar el acceso a una vivienda a familias y ciudadanos del mundo mundial.

En mi opinión el acceso a un hogar para las familias trasciende el mero hecho de tener una posesión. Creo que más bien es la dignidad de la persona la que está en juego y eso debe erigirse también como un derecho extremadamente fundamental.

Curiosamente ninguna de estas dos leyes ni sus legisladores incluyeron otro derecho fundamental; que no es otro que el de evitar que al ciudadano de bien se le pueda esquilmar, arrebatar, usurpar, desgajar... esa dignidad ganada con gran sacrificio y esfuerzo  por aquellos agentes económicos a los que hay que ayudar precisamente con los impuestos de todos para evitar su naufragio.

Es, en estos momentos, cuando reparamos en que algo no funciona. Será el "sistema", los que lo dirigen, las Instituciones, todos los que participamos en él...

La legislación de la que hasta ahora se ha dispuesto en nuestro marco legislativo para regular y normalizar las relaciones de hipotecados con el sector bancario data de 1909.  Con la Ley de 30 de diciembre de 1944 se produce la primera reforma seria del llamado entonces Derecho Hipotecario. Después vendría la Ley Hipotecaria redactada en su Texto Refundido por el Real Decreto del 8 de febrero de 1946. Texto que se ha venido aplicando hasta nuestros días.

Para aclarar a los lectores, estamos utilizando un texto legal de hace más de 60 años, con ciertos retoques para ser justos, y con esa vieja legislación regulamos unas relaciones especificas con el sector financiero cuyas peculiaridades y circunstancias son del siglo XXI. Y todo esto aderezado con una de las crisis mundiales probablemente más duras que se hayan dado.

Y ¿en qué afecta el cóctel de esta crisis con una ley arcaica que regula el marco de las relaciones que mantenemos los que debemos dinero al banco por hipotecas de largo recorrido?

Pues creo que, desgraciadamente, es fácil resumirlo con un simple dato estadístico. Más de 500 desahucios diarios a familias y ciudadanos según datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial. Para ser exactos 517 por día y más de 300.000 desahucios acumulados desde el comienzo de esta inhumana crisis. En mi opinión datos de país tercermundista.

Y ¿cómo se llega a esta eficacia del desahucio y a la sinrazón bancaria? Pues con una ley absolutamente rígida, abusiva y obsoleta que se presta como anillo al dedo para ser aplicada en momentos económicos como los que estamos viviendo. Para muestra… vamos a darle al botón:

• Se permite la ejecución forzosa sin audiencia previa al "reo" hipotecario de forma automática. Es decir, no se negocian soluciones antes de que llegue el uniformado y el cerrajero a la puerta.
• Intereses de demora que pueden llegar al 29% incluso durante todo el proceso de ejecución. En la actualidad el tiempo de una ejecución de este tipo tarda ya más de un año en finalizarse. Santo Tomás definió estas prácticas allá por el siglo XIII como usura.
• Permite la aplicación de unas elevadas costas procesales que, por supuesto, se suman al monto de la deuda prestada lo que en la realidad supone un incremento notable del principal de la deuda.
• A avalistas y fiadores no se les notifica el procedimiento de ejecución. Curiosamente en no pocas ocasiones padres ancianos se ven sumidos en un proceso de ejecución de su hogar por haber servido de aval a hipotecas de hijos y nietos. Y todo esto sin previo aviso ni oportunidad de negociar el conflicto de la deuda.
• Se podría llegar a exigir por parte de la entidad bancaria la devolución del total del principal pendiente del préstamo si por ejemplo, no se paga el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), o la cuota de la Comunidad de vecinos;, si se alquila  la vivienda u habitación a otro inquilino... La ley permite resolver unilateralmente el contrato de préstamo a la entidad financiera si lo desea ante estos hechos.
• La figura de la dación en pago si bien ya se recoge en nuestra legislación no es menos cierto que está sin desarrollar o, cuando menos, no ha sido aplicada de forma racional. La gran mayoría de los que hemos concertado un contrato de hipoteca lo hicimos sin acogernos a esta figura legal que permite saldar la deuda contraída con la entrega del inmueble. Y no como en la práctica actual, donde incluso con la entrega de la vivienda no se llega a pagar la deuda pendiente lo que compromete seriamente otros bienes que pudiéramos tener en el presente o en el futuro.

Por otra parte, estaría por asegurar que si alguno de nosotros hubiera  planteado a la  entidad bancaria la posibilidad de acogernos a esta figura legal, es muy probable que muchos de nosotros estaríamos pululando todavía por la extensa red de sucursales bancarias buscando dinero con el que pagar nuestra costosa vivienda.

Llegados a este punto de abuso y confrontación con presentes y futuribles afectados hay quien propone una serie de soluciones como:

• Procedimiento concursal a familias, similar al de las empresas, donde se paralice la ejecución y el contador de los intereses de demora así como una quita de la deuda.

• Que la Ley de Enjuiciamiento Civil recoja la figura de la mediación entre bancos y afectados.

• Reforma de la Ley Hipotecaria, al menos en unos seis artículos conflictivos.

• Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo que atañe a la ejecución.

• Reforma de la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario donde se evite el sobre-endeudamiento por los prestamos que se conceden.

Y mientras todo esto se discute política, social y económicamente hace apenas unos días el Gobierno se ha visto forzado a aprobar, como no podía ser de otro modo, en otro Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto 27/2012. Bien sea por la presión social o por lo dantesco de los numerosos desahucios televisados, donde las vergüenzas del país estaban siendo emitidas y vistas en todo el globo terráqueo.

Este nuevo Real Decreto trata de paliar, de forma chapucera, la problemática de los vergonzosos y vergonzantes desahucios que, a grandes rasgos y sin entrar en detalles, se suspenderán por un tiempo de dos años a los afectados creando a su vez siete categorías de damnificados según su renta disponible y su situación familiar.

Pero este Real Decreto en ningún modo pone coto e interrumpe las prebendas de una legislación al uso y disfrute del sector financiero. También de aquellas entidades intervenidas y consideradas estatales más que nada por ser de los impuestos de todos incluso de la pobre gente desahuciada.

Si os parece amigos vamos a seguir con especial atención el devenir de estos acontecimientos.

Soy Goyo Vilda y en este blog comparto contigo mis inquietudes y reflexiones semanales. Para atender tus intereses personales o necesidades empresariales estoy a tu disposición con todo el equipo técnico de ALFICO. Puedes usar el formulario de contacto de nuestra web o el teléfono 979 123 738.

INTERVENCIÓN O RESCATE... A SABER

"Ojos que no ven..."

Cuando éramos niños nuestros papás tenían la buena costumbre de contarnos los acontecimientos de nuestra vida cotidiana de tal forma que eso no alterase nuestro estado de paz. Se trataba de utilizar una buena dosis pedagógica para que al benjamín de la familia se le explicaran las cosas de la vida de forma tal que no le causase trauma alguno.

Y parece ser que esta técnica didáctica ha sido tomada, o retomada, por los políticos nacionales que son quienes rigen no sólo nuestros destinos económicos sino hasta nuestro modo de vida y de convivencia.

Con las últimas concentraciones y protestas masivas que se van organizando a través de los distintos foros sociales por gran parte de ciudadanos que cansados y hastiados por las consecuencias de un problema que, en modo alguno, han generado. Sobre todo, a raíz de la última de esas concentraciones frente a nuestro principal edificio representativo del poder legislativo, como son las Cortes Generales, va tomando forma la idea de que el pueblo llano tal vez ya no esté dispuesto a comulgar con unas ruedas de molino difíciles de digerir.

Manifestación en la plaza de Neptuno en Madrid, 25-S

Seré conciso y trataré de explicar de forma simple sobre las distintas instituciones y mecanismos que se han activado a nivel internacional para dar apoyo a los países que mantienen una gran dificultad para cuadrar unas cuentas nacionales que provocan que los ciudadanos salgan a la calle en masa, como nunca ha sucedido, para reclamar lo que se entendía hasta ahora como un derecho fundamental como es la propia dignidad de la persona.

En mayo del 2010 se aprueba una entidad jurídica especial con el objetivo de preservar la estabilidad financiera de Europa y con un mecanismo de ayuda, a través de préstamos directos, a países europeos pertenecientes a la moneda única, con dificultades de financiación a la que se la llamó Fondo Europeo de Estabilidad Financiera más conocido con las siglas FEEF, dotándolo con unos recursos de 440.000 millones de euros; parte de los cuales ya han sido utilizados para ayudar a los estados portugués e irlandés.

En ese mismo año, se crea un programa adicional de financiación de emergencia garantizado por la Comisión Europea y con el aval del Presupuesto de la UE, por otros 60.000 millones de euros, al que se le da el nombre de Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, más conocido como el MEEF.

Llegamos al año 2011 y ante el cariz que toman los acontecimientos en cuanto a  problemas de financiación de determinados países de la zona euro, llámense España e Italia, dada la envergadura de sus economías se hace necesaria la creación de un organismo intergubernamental creado por el Consejo Europeo y que funciona como un mecanismo permanente para gestionar y vigilar la estabilidad financiera de la zona euro. Se le dota con 700.000 millones de euros y es conocido como Mecanismo Europeo de Estabilidad, siglas MEDE. Actualmente se estudia la ampliación de su dotación para que llegue, nada más y nada menos, a los dos billones de euros.

Como colofón a la enumeración de estos mecanismos y organismos tenemos a la llamada "Troika" formada por la Comisión Europea (UE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ésta como vigilante y guardiana decide, en último término, el cómo y el cuándo, estableciendo una serie de condiciones y exigencias rigurosas a los países solicitantes de esos fondos. Son, los que llama el Sr. Montoro, "los hombres de negro".

La vía utilizada para que estos fondos sean inyectados a los países necesitados, siempre previa solicitud por el gobierno de turno y bajo una supervisión severa, es variada y enrevesada.

La fórmula más estricta es la inyección directa al país caído en desgracia con la consiguiente intervención y control de su contabilidad nacional por parte de los "contables de negro" que aplican e imponen, saltándose la soberanía nacional del país en el ámbito económico, restricciones canibalescas. Tales restricciones se traducen en el recorte a las prestaciones de desempleo y pensiones, supresión en la cobertura de bienes básicos para la ciudadanía en materia de asistencia sanitaria y educación, despidos masivos en el empleo público y, todo ello, acompañado de una espiral de subida de impuestos. Se podría considerar como una "entrada a saco" en la casa del ahorcado.

Los "hombres de negro" en acción

Otra de las fórmulas intermedias es conceder un préstamo al país que lo necesita y  solicita no exento de ciertas condiciones impuestas que deberán cumplirse inequívocamente y sin paliativos. Aquí no se pierde soberanía nacional pero tenemos también a los "hombres de negro" como incómodos compañeros de viaje.

Otra variante es la denominada "fórmula light". Con ella, se presta dinero a un determinado sector económico del país que lo pide, ahora está de moda el financiero, para que sea saneado, pero también bajo exigencias y condiciones estrictas. Este es el caso, hasta donde sabemos, de nuestro Reino de España con los 100.000 millones de euros a disposición de la banca española para su saneamiento. Aquí los de "negro" entran y salen de nuestra oficina, toman café con nosotros y se chivan al jefe por si no se cumple con lo pactado.

Los "contables de negro" ejerciendo su control en Grecia

Si echamos un vistazo a las distintas manifestaciones de los que nos mandan, la confusión de los ciudadanos se hace cada vez más patente. Manifestaciones llenas de contradicciones y claroscuros, como viene siendo habitual en los corrillos políticos.

Sr. De Guindos, Ministro de Economía

El Sr. De Guindos, Ministro de Economía: "No necesitamos un rescate sino una intervención del BCE en el mercado secundario de deuda".

Sr. Draghi, Gobernador del BCE, con la mano en la cartera

El Sr. Draghi, Gobernador del BCE: "El BCE listo para intervenir cuando lo decida el gobierno de España".

Sr. Latorre, Secretario de Economía

El Sr. Latorre, Secretario de Estado de Economía: "El gobierno español en conversaciones con la UE para analizar las alternativas más beneficiosas para la economía nacional".

Al final el ciudadano, cuando se manifiesta, no entiende sobre fórmulas ni tan siquiera si de hecho ya hemos sido intervenidos, como así lo cree el que suscribe estas reflexiones. Aunque, ni falta que le hace porque todas ellas llevan a los mismos recortes, bien impuestos por decisiones nacionales o internacionales y que en definitiva sesgan nuestro modo de vida con la pérdida de derechos adquiridos por largos años de lucha y esfuerzo con el consiguiente deterioro de la convivencia social.

No será que nuestros políticos dosifican la información al benjamín de la familia para no asustarle y al final va a resultar que la fórmula elegida no ha sido la "light"…

Soy Goyo Vilda y en este blog comparto contigo mis inquietudes y reflexiones semanales. Para atender tus intereses personales o necesidades empresariales estoy a tu disposición con todo el equipo técnico de ALFICO. Puedes usar el formulario de contacto de nuestra web o el teléfono 979 123 738.

PACTAR CON EL DIABLO

A expensas del desarrollo de futuros acontecimientos veremos, a buen seguro, cómo se  va desmadejando el ovillo de la trama televisiva que nos ha tenido pegados al serial que han mantenido dos de nuestros estados autonómicos por la lucha encarnizada, no exenta de ciertos tintes grotescos, en torno a la construcción y promoción del mayor casino europeo con la batuta en la mano de un tal señor Sheldon Adelson y familia.

Mr. Adelson era hasta ahora un gran desconocido para nuestro público, pero, a partir de los recientes acontecimientos tan mediáticos, se ha convertido de la mañana a la noche en la gran atracción del circo y el gran mecenas yanqui que salvará a nuestra maltrecha economía del estado de inanición en que se encuentra. 

   

Si no fuera porque este acontecimiento traerá efectos colaterales e inevitables en aspectos jurídicos y económicos en lo que supondrá, con toda seguridad, una modificación, adulteración y promulgación de leyes que hagan encajar el mastodóntico proyecto, dicen que económico, dentro de nuestro regulado mercado interior, este artículo de mi blog se convertiría en un tema más de la farándula que tanto nos divierte y entretiene, dado lo peculiar del personaje.

Intentaré aislarme de todo lo que rodea a tan insigne acontecimiento en lo que respecta al carácter teatral, vodevil diría yo, y así analizar su rebote en el aspecto meramente económico, social y político también, o lo que supondrá para el desarrollo de la región española la instalación del negocio en cuestión.

Fue allá por el año 1931 que un tal Phil Tobin, senador por el estado de Nevada, luchó para que se promulgase una ley del juego en este Estado Norteamericano con el único propósito de revitalizar la economía y así poder costear el sistema público de educación de la región. Nace la ciudad de Las Vegas en mitad de un desierto tan inhóspito como abandonado.

Desde entonces, no han sido pocos los propietarios y dueños de grandes casinos, sin olvidarnos de la Mafia, que han intentado hacer de la industria del juego un lugar de encuentro de capitales ajenos al tráfico legal.

El padrino de EUROVEGAS, Don Sheldon Adelson

El señor Sheldon Adelson y familia poseen el 52% de la Corporación Las Vegas Sands, empresa matriz que posee y promociona, entre otros negocios, grandes complejos en el sector del juego situados en ciudades como Las Vegas, New York, Pennsylvania, Macao y Singapur. Estas dos últimas, “gallinas de los huevos de oro” en cuanto a lo que aportan a los beneficios del grupo empresarial, si bien el negocio en sus factorías americanas se ha visto afectado por la crisis que también vive el país del sueño americano.

En estos momentos, la matriz del grupo tiene dos pleitos judiciales abiertos por denuncias  del gobierno de EEUU por corrupción y otra con el gobierno chino por soborno a funcionarios de alto nivel.

En cuanto a la inversión que plantea en territorio hispano, según los pocos datos de los que se dispone y han trascendido:

a) Ascendería a 17.000 millones de euros que, con toda probabilidad, se rebasarán si tenemos en cuenta que este proyecto se concluirá en su totalidad, según propias estimaciones, allá para el año 2025.

b) Se crearán 260.000 puestos de trabajo; más bien entiendo que se formalizaran 260.000 contratos laborales, que no es lo mismo. Memez vendida por los políticos de turno, si tenemos en cuenta que el empleo que genera en cada uno de los complejos que ya explota rondan los 30.000 trabajadores.

c) Se construirán 21 hoteles, 6 casinos, centros de convenciones y reuniones, teatros, cines..., etc. y un sin fin de instalaciones por determinar dedicadas al relax y al ocio.

 d) Promete 11 millones de visitantes anuales.

 e) Se calcula un impacto sobre el PIB del 2025 del 4,5 %.

Michael Leven, hombre de Adelson, negocia con Aguirre

Pero como no podía ser de otro modo, este mecenas de la inversión ha planteado una serie de exigencias que pasan por la modificación de la ley anti tabaco, permitiendo que se fume dentro de las instalaciones; modificación de leyes medioambientales en materia de tratamiento de residuos y permisos administrativos para que le sean más laxos en su cumplimiento; modificación de la ley urbanística, para catalogar lo incatalogable; modificación de la ley del juego que  permita la entrada a menores de 18 años en los casinos y demás eventos lúdicos; modificación de la ley de prevención de blanqueo de capitales, para evitar dar información sobre movimientos de dineros opacos; exenciones de impuestos, tanto en materia fiscal como laboral. En fin, interminable la retahíla de "sugerencias". Como anécdota una de las primeras exigencias, según los participantes en las primeras reuniones con el magnate, fue que se le facilitara la contratación de trabajadores condición sine qua non para valorar la opción española como destino. Condición, por otra parte, servida en bandeja a raíz de la reciente aprobación y entrada en vigor de la nueva reforma laboral.

Una vez superado esto, el gran escoyo que se plantea es cómo se afrontara la financiación del faraónico proyecto. El Sr. Adelson ya ha advertido que entre el 75% y el 65% debe ser puesto por inversores ajenos a su patrimonio personal y empresarial, lo que conllevara por parte de los políticos a una carrera desenfrenada y complicadísima a la búsqueda de inversores en otro tiempo institucionales, sus propias Cajas de Ahorros. Conseguirlo va a resultar una autentica cruzada, a tenor de la situación de crisis y reconversión que vive el sector, unido a la pérdida de poder en esas mismas Cajas, financiadoras de los desaguisados de políticos de turno.

Si analizamos el asunto urbanístico, el complejo necesita 10 millones de metros cuadrados para su desarrollo. Propietarios particulares de determinadas zonas que se barajan para su ubicación, se frotan las manos cuando tiran de calculadora y ven como terrenos catalogados como rústicos, pastos para el ganado, se convertirán en un abrir y cerrar de ojos en suelo finalista para ser urbanizado que encajará como un guante a las pretensiones del llanero americano. Y si no que se lo digan a Metrovacesa, bueno mejor dicho a sus propietarios como los bancos BBVA, Santander, Bankia, Banesto, Popular y Sabadell, que disponen de 1,3 millones de metros cuadrados en cierta zona con grandes posibilidades de ser elegida.

Infatigable Aguirre

Y esto no es todo, ante el pique institucional habido por la lucha de los  contrincantes para llevarse el pastel a casa, el vencido, la Comunidad catalana, bien por la desilusión y expectativas creadas o por el ultraje al orgullo vilipendiado contraataca con otro proyecto de similares características capitaneado por su gran socio, yo diría que único recurso inversor-financiero, que no es otra que la magna institución La Caixa.

Enrique Bañuelos

Pero la sorpresa para todos es la aparición en la platea del nuevo Marshall español el Sr. Enrique Bañuelos, hijo prodigo donde los haya, multado por la CNMV y antiguo mecenas del ladrillo que dejó en la más absoluta ruina a inversores con su desaparecida y catastrófica inmobiliaria, (Astroc, para que recuerden) en la ya lamentable burbuja inmobiliaria. Por cierto, con su domicilio fiscal en Holanda, evitando así el pago de impuestos en la península y de más contratiempos que le pudieran surgir en la fallida inversión. No le falta experiencia en ahuecar el ala al ínclito. Promete una inversión a ese gobierno autonómico de 4.500 millones de euros para la financiación también del megaproyecto español número dos.

Gomorra... ¿y Sodoma?

Amigos míos, es muy peligroso bailar con el diablo... Será peor el remedio que la maldita enfermedad que nos azota.

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LA DAMA DESCONOCIDA

A los amigos y seguidores de este blog y ahora que la situación por la que estamos atravesando provoca que se nos active el botón de la curiosidad en cuanto al funcionamiento de ciertas instituciones, en otro tiempo desconocidas para el gran público; aunque ello suponga añadir una gota más si cabe al jarrón, que ya no vaso, de la indignación social con la que nos levantamos un día sí y otro también.

Y claro, la chispa de esta curiosidad probablemente la esté encendiendo la cada vez más precaria situación en la que el pueblo llano trata de torear el día a día con el mejor de los artes taurinos para no caer en la más absoluta de las desesperaciones.

Es cuando el contribuyente de a pie se pregunta el qué, el cómo, el por qué, el cuándo, etc., lo que le lleva a plantearse el sentido de determinadas instituciones dentro de nuestro organigrama institucional, aunque no fuera más que por justificar la utilidad y destino de nuestros impuestos que hacen y harán que se sostengan a no ser que alguien lo remedie.

El Tribunal de Cuentas es un Órgano Constitucional del Estado recogido y regulado por tres leyes fundamentales, a saber, nuestra Carta Magna en sus arts. 136 y 153,d), por la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, que regula esta Institución y la Ley número 7 de 1988, de 5 de abril, que trata de su funcionamiento. Históricamente viene precedido por la figura del Contador Mayor de Cuentas, institución creada allá por el siglo XIV.

Definen y defienden estas leyes que el Tribunal de Cuentas es un “Supremo Órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado” que está dentro del paraguas del Poder Legislativo, con dependencia directa de nuestras Cortes Generales.

Consta de 12 miembros, seis elegidos por la Cámara del Senado y seis por el Congreso de los Diputados.

Tiene dos funciones fundamentales. La primera es fiscalizadora, debe comprobar si la actividad económica-financiera del Servicio Público, del Estado, respeta los principios de legalidad, eficiencia y economía.

La segunda es jurisdiccional, con independencia de las competencias de las CCAA en esta materia, debe enjuiciar la responsabilidad contable en que incurren los que tienen a su cargo el manejo de bienes, caudales o efectos públicos, persiguiendo la indemnización de los fondos públicos perjudicados por el uso fraudulento e inapropiado que se haga de los mismos, lo llamaremos malversación.

Así pues, nos encontramos con una institución que debe controlar al aparato administrativo del Estado para que cumpla, de forma legítima y legal con su cometido y que si eso no fuera así puede perseguir los comportamientos que se alejen de su objetivo que no es otro que el bien común.

Además es un órgano externo, permanente y consultivo, casi nada.

Manuel Núñez Pérez, Presidente del Tribunal de Cuentas

Hasta aquí “la clase” de Derecho Civil y Administrativo.

En lo tocante a la realidad de los hechos, son diversos los problemas que encontramos para que la labor y el funcionamiento de tan magna institución se acometa de acorde a las leyes que la regulan y así cumplir con el espíritu para el que fue creada:

a) Nos encontramos ante una institución que se ha postulado como un retiro de lujo  de centenarios políticos, con edades que rozan la demencia senil, puestos y designados sin período de caducidad por los dos grandes partidos de turno PSOE y PP, aunque algún nacionalista hay. La media de edad de los 12 miembros sobrepasa con creces los 60 años y muchos de ellos llevan más de 20 años en el cargo con sueldos medios de 112.000,00 € más gastos.

 b) Una institución, como no podía ser de otro modo, tremendamente politizada y polarizada en la elección de sus miembros por los grandes de la política nacional con la consiguiente lucha de poder lo que nos lleva a un grado de intoxicación que hace que su gestión esté altamente condicionada y por tanto contraria a su propios principios. 

c) Sus informes fiscalizadores son elaborados y publicados con un enorme retraso. En estos momentos los plenos del presente año 2012 se ocupan  sobre asuntos de los ejercicios 2008 y 2009.

d) Nos encontramos a ciertas entidades del ámbito público que no están sujetas a su supervisión tales como, y a modo de ejemplo, partidos políticos y fundaciones de entidades locales. Como curiosidad, el RD 1611/2007, regula la competencia estatal en cuanto a la creación del Registro de Fundaciones. A fecha de hoy, el mismo no ha sido constituido lo que provoca que el Tribunal de Cuentas al tratar de recabar información sobre una determinada fundación, tal como su objeto social, personas o entidades que la componen, si ejerce algún tipo de actividad, sobre su  financiación etc., se encuentra en la práctica con que simplemente los datos no pueden ser proporcionados,  lo que impide proceder a su supervisión. 

e) En muchas ocasiones los propios gestores públicos hacen caso omiso de los requerimientos de información por parte de los miembros del tribunal, tal vez, para tapar sus propias vergüenzas.

Y, visto lo visto, estamos ante un organismo manipulado, ninguneado, vapuleado, carente de  credibilidad, lugar de encuentro de políticos ancianos y refugiados, en lo que debería de ser institución insigne de control y supervisión, eminentemente técnica en sus informes y conclusiones, independiente en su gestión, y lo que es más importante, respetada por el resto de nuestras instituciones. 

Una vez más, me pregunto para qué creamos instituciones y leyes que las regulan, si al final cercenamos su funcionamiento.

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LAS RETRIBUCIONES A DIRECTIVOS… EN LAS CAJAS DE AHORROS

En lo que respecta al conjunto de nuestras Cajas de Ahorros, y a raíz del estallido de la dichosa crisis, hemos visto caer el tupido velo que ocultaba la gestión que de las mismas se ha venido haciendo, a pesar de tener uno de los mejores y más solventes sistemas financieros del mundo, como dijo algún mandatario de gobierno, hoy ya dedicado a tareas cuasi asesoras.

Ante ello, el resto de ciudadanos observamos, con grandes dosis de acritud y desazón, como la ignorancia, la dejadez, la complicidad, la cara dura, y un sin fin de calificativos con los que se podría etiquetar lo ocurrido, nos llevan por fin a destapar y conocer las vergüenzas, o desvergüenzas, de la clase dirigente bancaria, en otros tiempos gloriosa. Directivos que, con la aquiescencia del poder político, junto con la avaricia sin límites mostrada por estos individuos, que no de las instituciones, han llevado al barco de las Cajas de Ahorros al dique seco patrimonial, mientras que los dirigentes y directivos han hecho acopio en sus patrimonios personales de cantidades de dinero desmesuradas e indecentes que, sin lugar a dudas, no les pertenecen ni de hecho ni de derecho.

La ley 2/2000, de 23 de junio, y el Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, son las encargadas de regular todo lo que concierne a las Cajas de Ahorros. En el Artículo 11 de la ley se establece que el gobierno de estas entidades recae en la Asamblea General, como órgano supremo y de decisión; al Consejo de Administración, como encargado de la administración, la gestión financiera y la Obra Social; y a la Comisión de Control, para ocuparse de la vigilancia de la gestión de Consejo de Administración, a fin de que cumpla con eficacia y precisión las líneas marcadas por la Asamblea General y velar por el cumplimiento de la ortodoxa normativa bancaria.

A tenor de lo sucedido bien pudiéramos pensar que la labor ejercida por la Comisión de Control de muchas de las cajas no es que se haya realizado con desidia sino que simplemente no se ha ejercido. Y buena prueba de ello son las declaraciones, a preguntas en las Cortes Valencianas, de los miembros que conformaban la Comisión de Control de la CAM. Personas con nula formación financiera y de una ignorancia propia de quien está en sitio y lugar equivocado.

En el punto cuarto del mismo Artículo de la ley mencionada se dice lo siguiente, y cito textualmente: "Los órganos de gobierno actuaran de forma colegiada. Sus miembros ejercerán sus funciones con carácter honorífico, gratuito y en beneficio exclusivo de los intereses de la Caja de Ahorros y del cumplimiento de su función económico-social con independencia de cualquier otros intereses legítimos". Y en el punto sexto del mismo Artículo se dice, también textualmente: "Los miembros de los órganos de gobierno  deberán reunir los requisitos de honorabilidad comercial y profesional que se determine, sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 15" (éste va sobre las incompatibilidades en las que no pueden incurrir esos miembros de gobierno). Caso curioso en muchas personas que han formado parte de esos órganos de decisión.

Durante el año 2010, año de reestructuraciones y reconversiones en el sector de las Cajas, se aumentó de forma considerable la retribución a los miembros de los Consejos de Administración y el argumento justificativo, según estos, también a preguntas de los parlamentarios de turno, fue “el aumento del número de reuniones que tuvieron que mantener los distintos consejos de administración, además de la ampliación del número de miembros de esos consejos”.

Como dato informativo, la CAM fue una de las entidades que más aumentó la retribución a consejeros y Caja Madrid lidera el ranking de importes pagados por ese concepto. Entidades que se han caracterizado, donde las haya, como “ejemplo vivo” en la aplicación rigurosa de la praxis bancaria. Deleznable.

A fecha de publicación en este blog, las indemnizaciones autoasignadas por 25 directivos de Cajas ascienden a la friolera de 130 millones de euros. Cantidades aprobadas por los  distintos Consejos de Retribución de las respectivas entidades. Curiosamente, en juntas celebradas todas ellas durante el año 2010. Y son las entidades que han sido intervenidas o que han necesitado ayuda pública las que con más generosidad han primado a sus eficientes directivos y adjuntos.

Si nos fijamos con detalle y atendiendo a la media, en cuanto a presencia política dentro de los órganos de dirección de las Cajas, el dato nos revela que tal representación sobrepasa el 50% en dichos órganos. Lo que de facto supone que el estamento político, además de consentir y aprobar tales desaguisados, ha participado de ellos, sin entrar a analizar que las mismas entidades han servido como canal de financiación de proyectos y excursiones de esos mismos partidos políticos hoy promulgadores de la necesidad de leyes del control a ese mismo sector financiero. De risa.

¿Y ahora, en qué momento del culebrón televisivo nos encontramos?

La Fiscalía General del Estado, Sr. Torres-Dulce Fiscal General, ha dado instrucción a la Fiscalía Anticorrupción para la investigación sobre estas obscenas remuneraciones a banqueros de tómbola por apreciar indicios de "criminalidad", nada más ni nada menos. Se han abierto diligencias a once entidades, diez Cajas de Ahorro y al Banco de Valencia.

Desde el punto de vista jurídico, ya han adelantado determinados expertos juristas mercantiles que nos encontraremos ante unos hechos, las remuneraciones e indemnizaciones a directivos, que fueron aprobadas de forma reglada por órganos competentes para ello, los Consejos de Retribución de las Cajas, lo que probablemente llevará a un camino sin salida.

No obstante, y desde un punto profesional, se podría haber incurrido en delitos societarios a tenor de lo que en un futuro deparara el conocimiento de las actas de esos consejos de administración, ya solicitadas por la misma fiscalía.

A su vez, la Inspección del Banco de España, a petición propia, hoy muy cuestionada, aportará pruebas para demostrar las irregularidades cometidas.

Faltas y delitos tipificados en el Código Penal como apropiación indebida, enriquecimiento ilícito, administración desleal y connivencia para un perjuicio patrimonial societario, serán la base en la que el estamento judicial del Estado deberá fundamentar la defensa de los intereses de los todos los ciudadanos frente a la tropelía de quienes, con argucias y consentimiento de estamentos superiores, malversaron y engañaron la confianza en ellos depositada en beneficio propio.

Y ahora, veremos como el santo Congreso de los Diputados aprueba una norma para que las entidades que reciban ayudas, no puedan establecer ningún blindaje a las remuneraciones de sus directivos, aunque no afecte a las indemnizaciones ya cobradas.

Queridos seguidores de este blog, como de costumbre nos preguntamos candorosamente ¿no hubiese sido más fácil haber actuado antes para prevenir y evitar estos hechos…? ¿Y si se impusiera un gravamen especial que sancionase de forma específica las indemnizaciones y remuneraciones cobradas siguiendo el ejemplo del Sr. Obama a raíz de los mismos hechos en EEUU...?

Soy Goyo Vilda y en este blog comparto contigo mis inquietudes y reflexiones semanales. Para atender tus intereses personales o necesidades empresariales estoy a tu disposición con todo el equipo técnico de ALFICO. Puedes usar el formulario de contacto de nuestra web o el teléfono 979 123 738.

EL EMPLEO POLÍTICO

Ahora que por fin ya sabemos sobre el "préstamo” que el organismo europeo ha concedido a nuestro país para oxigenar nuestro maltrecho sistema financiero, dicen que de unos 100.000 millones de euros, bien pudieran explicarnos los responsables de nuestro estamento gubernamental cómo y de qué forma vamos a  devolver, no sólo el principal de este compromiso, sino de la ingente Deuda Pública viva que mantenemos por la continua emisión, cada vez en más cantidad y a un precio más caro, que hemos tenido que poner en el escaparate del mercado internacional para ir devolviendo, a su vez, el vencimiento de deuda emitida con anterioridad.

A fecha de hoy el total de la Deuda Pública alcanza ya el 72% de nuestro PIB, prácticamente el doble que lo que suponía allá por el año 2007, inicio del declive económico.

Ministro Sr. de Guindos

Por cierto, se me ocurre que el citado "préstamo" bien se podría considerar un rescate a la economía de nuestro país si no fuera por el empeño de nuestro ministro Sr. De Guindos por tratar, entiendo que con buen criterio, de no alarmar más a los depredadores internacionales ávidos de presas débiles, recurriendo así a la utilización de un léxico variopinto en el argot económico que persigue disimular o suavizar lo que, con temor, cada uno de los ciudadanos llamaríamos por su auténtico nombre.

Recordemos que esta "inyección" de dinero se hará directamente al FROB, Fondo de  Reestructuración Ordenada Bancaria, organismo avalado por el Estado, lo que supondrá con toda seguridad que se compute como deuda estatal lo que provocará una elevación, si cabe superior, del nivel de deuda de nuestro país.

Al final, la cuestión de fondo son las exigencias, que no gratuitas, a las que nos veremos sometidos por parte de los que nos prestan y que irán encaminadas a adelgazar de forma considerable el monto de nuestro gasto público para así cumplir con el objetivo que se nos ha impuesto de déficit fiscal.

Seguro, Sr. De Guindos, que este préstamo no solo traerá consecuencias para el sector bancario sino que mucho nos tememos que habrá que apechugar con la devolución del mismo con fondos públicos.

Esto, a buen seguro, nos llevara a afrontar, entre otras reformas, la optimización en lo que respecta a nuestro Sector Público, haciendo posible la cuadratura del círculo hasta ahora inabordable.

Cómo, con menos recursos y personal, seremos capaces de conservar nuestro estado de bienestar  sin que se produzca una merma de su calidad y ello en consonancia a  la contribución de los impuestos que se pagan. Sin lugar a dudas es uno de los grandes retos que se plantean dentro del aparato presupuestario de nuestra Administración.

Abordando la problemática de nuestra Función Pública, hoy tan de moda y no exenta de razones y razonamientos, el nivel de empleo público en España se sitúa en la mitad de la tabla en comparación con nuestros vecinos europeos por delante de Alemania, Luxemburgo y Reino Unido y por detrás de Suecia, Francia, Holanda y Bélgica.

El exceso desorbitado de sueldos políticos devora recursos

Es difícil ofrecer cifras reales por la opacidad que muestran nuestros dirigentes a la hora de dar datos sobre el montante total de empleo público; pero si tenemos en cuenta todos los empleos relacionados directamente con nuestras distintas administraciones  más los que tienen que ver con toda clase de instituciones públicas la cantidad se acercaría a los 3,1 millones de empleados lo que representa el 16% sobre el total de la población activa.

Dependerían de las CCAA el 56%, de las Haciendas Locales el 26% y de la Administración Central el 18%.

Y el total de las nóminas de los asalarios públicos se llevan unos 110.000 millones de euros de nuestros Presupuestos Generales del Estado. Esto representa el 51% de nuestro PIB, según datos del CIS.

La Ley 7/2007, de 12 de abril, regula el Estatuto Básico del Empleado Público que en su espíritu viene a establecer la relación que existe entre el empleado público y la Administración Pública.

Como curiosidad, en su artículo 8º, se establece una clasificación del  empleo público, los funcionarios de carrera, los funcionarios interinos, el personal laboral fijo y el personal laboral eventual.

Pero es en su artículo 6º donde se establece que las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las CCAA aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las Leyes Reguladoras de la Función Pública, tanto de la Administración General del Estado como de las CCAA.

En mi opinión, la libertad que otorga este artículo, al dar a las distintas administraciones libertad para conformar a su criterio todo lo relativo a la Función Pública dentro de su territorio, es causa probable de la situación en la que ahora nos encontramos en lo que supone la sobredimensión y solapamiento del sector público.

España no padece elefantiasis política, sino "mamutasis" 

En otras palabras, son los políticos que, por una u otras razones,  atendiendo a aspectos de territorialidad o a intereses inciertos, y aprovechando la autonomía que se les brinda en lo relativo a la organización de lo público, explica en buena medida  la  tan ineficiente e ineficaz situación en la que se encuentra el conjunto de nuestras administraciones, amén de presentar un cuadro enormemente dimensionado gracias a las ocurrencias de estos mismos políticos y demás interesados en la constitución de una amalgama de empresas, instituciones y fundaciones públicas satélites de difícil catalogación.

Sr. Beteta

Recientemente, el Sr. Beteta Secretario de Estado de Administraciones Públicas, manifestaba la necesidad de acometer un ahorro en el seno de nuestro sector público, centrada en torno a las condiciones laborales de los trabajadores públicos.

Ya existe un borrador donde se suprimirán vacaciones y días de permiso, se incrementarán las horas de trabajo y se reducirán salarios a todos aquellos trabajadores que reciben su salario de nuestras administraciones, sin olvidarnos del  despido de trabajadores acometido en toda clase de empresas públicas.

A nadie se le escapa que ha sido ineficaz y costosísimo mantener este volumen de empleo público, por motivos que todos sabemos o imaginamos,  pero no es menos cierto que no se puede acometer un adelgazamiento del gasto en el conjunto de nuestro aparato público a costa de la reducción de condiciones laborales de nuestros empleados públicos, eso producirá desánimo y dejadez, sin entrar en que habrá una disminución en el consumo derivado por la menor circulación de masa monetaria.

¿Y, si en vez de esto, se acomete una profunda reforma en la forma y manera en la que deben de operar nuestros trabajadores del sector público, exigiéndoles productividad y responsabilidad en su gestión como si de un sector privado se tratara?

¿Y si reducimos los aproximadamente 450.000 políticos que, de una u otra manera, viven de o en torno a la política?

¿Y si nos proponemos una autentica reforma dentro del Estado para evitar solapamientos innecesarios y duplicidades en la gestión pública?

O mucho me equivoco o me temo que la insostenibilidad del sistema que hemos creado obligará a tomar medidas muy, pero que muy drásticas si tenemos en cuenta que los grandes contribuidores de impuestos como son la clases medias y las pequeñas y medianas empresas, en un estado de colapso total, viéndose sometidas a una presión que ha llevado a una buena parte de las segundas a su desaparición.

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