EL "COPAGO" SANITARIO

El artículo 43 de nuestra Constitución de 1978 normaliza el derecho de todos los españoles a la protección de la salud estableciendo como obligación a los poderes públicos la organización y tutela de la Salud Pública.

Esta aseveración que marca nuestra Ley de leyes transforma el Derecho a la Salud como un derecho fundamental y lo dota de un carácter universal para todos y cada de los ciudadanos de nuestro país.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, Ley General de Sanidad regula todas las acciones que permiten hacer efectivo el derecho a la protección de la salud reconocido en ese artículo de nuestra Constitución.

Más recientemente el pasado mes de julio se aprueba la Ley General de la Salud donde se reconoce, en esencia, el acceso a la asistencia sanitaria de todos los ciudadanos sin excepción, lo que reafirma más si cabe la universalidad de este servicio tan básico y vital.

A través de estas normas, y otras más que se han ido redactando, el legislador viene a definir dos hechos de capital importancia, el primero, que todos los ciudadanos tienen el derecho ineludible de poder acceder a un sistema de salud digno y el segundo, descarga sobre la Administración la obligación de dotar a ese sistema de todos los medios necesarios y suficientes para que pueda ser ejercido tal derecho.

Así pues, y bajo la tutela de nuestras Administraciones, cualquier ciudadano podrá tener a su alcance al conjunto de medios humanos y materiales denominado Sistema Nacional de Salud que es el que debe de garantizar uno de nuestros pilares fundamentales del llamado Estado de Bienestar que no es otro que la salud individual de cada uno de nosotros.

Surge, pues, la cuestión de fondo que no sólo ataña a nuestro país sino a todos los países de nuestro entorno, o al menos de aquellos cuyas economías son más avanzadas, sobre cómo afrontar el coste que le supone a cada país garantizar con plenitud el ejercicio de la salud para todos y cada uno de los ciudadanos.

¿Cómo dotar los recursos necesarios para llevarlo a cabo?

¿Cómo hacer que sea sostenible a lo largo del tiempo?

En nuestro país los recursos que se destinan a nuestro Sistema Nacional de Salud se establecen a través de nuestros Presupuestos Generales del Estado “consolidados”; los formados por el Estado, los Organismos Autónomos, la Seguridad Social y el resto de Organismos.

Recordemos que la competencia de la Salud ha ido transfiriéndose desde el año 2003 a cada una de las CCAA de tal modo que son ellas con sus presupuestos las que deben garantizar el funcionamiento de nuestro sistema y, a modo de ejemplo, la Comunidad de Castilla y León destina al capítulo de salud 1.685 millones de euros de los 10.045 millones de su presupuesto total y la Comunidad de Madrid destina 7.125 millones de euros de un total de 16.724 millones que conforman su presupuesto global.

En el conjunto de nuestras CCAA, prácticamente el 40% de sus presupuestos van destinados al sector sanitario.

Hay que tener en cuenta que el sistema sanitario resulta ser un sistema deficitario para el conjunto de nuestras administraciones y en consecuencia para todos nosotros; necesitamos mucho dinero de nuestros presupuestos para que pueda ser desarrollado de forma eficaz.

El Informe Abril elaborado en el año 1991 vino a sugerir un sistema de “copago” sanitario al establecer que los pensionistas con más recursos pagaran parte de las medicinas.

Más recientemente, en enero de este año el Secretario de Estado de Hacienda, el Sr. Ocaña, opinó, a una pregunta que se le formuló al respecto de nuestro Sistema de Salud, que habría que considerar en un futuro el establecimiento de un sistema de pago directo por parte de los ciudadanos para aliviar la carga presupuestaria de nuestras administraciones.

Así y con todo, existen otras voces que afirman que antes de llegar a la contribución del propio ciudadano habría que emprender un saneamiento de otros sectores de nuestra economía a la vez que acometer reformas estructurales de nuestro sistema sanitario ya contempladas en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y la Ley de Cohesión y Calidad de la Salud.

Si bien es cierto que ningún gobierno desde la entrada de la Democracia en nuestro país se ha atrevido a poner sobre la mesa tan controvertida materia, no es menos cierto que ya existe uncopago encubierto y valga como ejemplo la contribución del famoso céntimo sobre carburantes que algunas CCAA ya aplican, el pago de una parte de nuestras recetas para medicamentos para parte, sobre todo, de la clase trabajadora, sin dejar de lado que determinadas especialidades médicas están fuera de la cobertura sanitaria como son los odontólogos y podólogos, entre otras.

La salud tiene precio

En lo que atañe a países de nuestro entorno más directo, cada país acomete la financiación con fórmulas diversas aunque el espíritu es común denominador a todos, derivar directamente al bolsillo de los ciudadanos una parte de esta factura sanitaria para descongestionar la aportación estatal, así pues...

• Francia, el ciudadano aporta 1 € por visita al médico.
• Italia, 10 € por visita al médico y 25 € por urgencia al hospital.
• Alemania, 10 € al trimestre por visita al médico, el 10% del precio del medicamento y 10 € por cada día de hospitalización.
• Suecia y Noruega, de 15 € a 20 € por visita la médico, 7 € por cada día de ingreso en un hospital y pago de medicamentos hasta un total de 180 €.
• Reino Unido, es similar al español.
• Irlanda, de 2,20 € a 4,50 € por visita al médico, 100 € por urgencia al hospital y hasta un máximo de 120 € en gasto de medicamentos.
• Portugal, de 2,20 € a 4,50 € por visita al médico.
• Grecia, todos los ciudadanos pagan el 25 % de los medicamentos.
• Austria, de 8 € a 17 € por día de hospitalización y 5 € por receta médica.

Y a la vista de estas comparativas con los países de nuestro espectro geográfico, con los que compartimos nuestra andadura a través de la Unión Europea, más que nunca debemos plantearnos la viabilidad de nuestro sistema de salud para el futuro.

Dicen los juristas constitucionales que imponer una tasa por la utilización de los servicios sanitarios provocaría el incumplimiento del ejercicio de tal derecho universal para una parte de nuestros ciudadanos agravado por el abandono que les provocaría en su persona al no poder afrontarlo por su bajo nivel de rentas.

El abuso que históricamente hemos hecho no sólo de la utilización de los servicios sanitarios, incluyendo el despilfarro en medicamentos innecesarios, ha contribuido también a esta situación deficitaria en la que nos encontramos.

Nos guste o no, habrá que afrontarlo a un juego a dos bandas, por una parte la Administración deberá sanear otros sectores y así poder destinar más recursos a este bien básico a la vez que debe acometer una reestructuración en el propio sistema sanitario a fin de conseguir una mejor optimización de esos recursos, y por otra parte, el ciudadano en un ejercicio de responsabilidad deberá utilizar los servicios de forma más razonable y cuando la necesidad lo exija.

Alguien dijo alguna vez que nada conciencia más a la gente que hacerla pagar para que valoren el servicio que reciben aunque creo que si esto se produjese supondría una vía recaudatoria más para nuestros poderes públicos.

En todo caso el dilema no tardará en despejarse.

Soy Goyo Vilda y en este blog comparto contigo mis inquietudes y reflexiones semanales. Para atender tus intereses personales o necesidades empresariales estoy a tu disposición con todo el equipo técnico de ALFICO. Puedes usar el formulario de contacto de nuestra web o el teléfono 979 123 738.

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

Una vez más y a tiro de piedra para que se celebren las próximas elecciones en nuestro país apoyado por el deterioro económico en el que nos encontramos sale a colación el siempre recurrente debate en torno a la situación tributaria y fiscal de nuestros ricos y millonarios.

El debate que se plantea aquí y ahora pudiera llegar a ser de capital importancia si el planteamiento se hubiera hecho en otros términos, desde la tranquilidad que da un análisis en profundidad de nuestro aparato fiscal, aún a pesar que lo que se persigue en último término es una recaudación adicional para nuestro erario público, por otra parte bien necesitado, y atendiendo también al principio de equidad donde, al menos, una parte de ciudadanos con cierto nivel de ingresos contribuyesen en justicia a ese aporte adicional que les pudiese corresponder.

El pasado 22 de septiembre sus señorías del Congreso de los Diputados en sesión plenaria, y a marchas forzadas, aprueban la reactivación del ya conocido Impuesto sobre el Patrimonio suspendido desde el año 2007, para aquellos patrimonios que en principio superen al menos los 700.000 euros lo que afectará, según estimaciones, a unos 160.000 contribuyentes y supondrá una recaudación adicional en torno a unos 1.000 millones de euros frente a los, aproximadamente, 2.000 millones de euros que recaudaba en la etapa anterior a su exención.

En esencia hay que decir, y sin entrar en tecnicismos, que el citado impuesto es un tributo prácticamente exclusivo en nuestro ordenamiento español reconociéndole cierto parangón con el diseñado en Francia a raíz de un impuesto solidario para ricos.

Hay dos particularidades importantes que atañen a este singular y mediático impuesto, la primera es que es un impuesto de legislación estatal, le corresponde a la Administración Central, aunque fue cedido a las CCAA para su gestión y recaudación para que éstas tuvieran otro canal recaudatorio, el segundo que es un impuesto que grava a las personas físicas, nunca a las empresas, por el patrimonio que éstas poseen y en ningún caso grava las ganancias y rendimientos que se generan.

Una vez dicho esto y a la vista de los acontecimientos que se avecinan, bien podríamos preguntarnos sobre la causa y el efecto de tal singular decisión sobre la activación del mismo.

Tradicionalmente, los políticos suelen utilizar nuestro engranaje fiscal a conveniencia de sus idas y venidas a fin de someter, en muchas ocasiones de manera torpe, la carga tributaria ciudadana según convenga a fines electoralistas y de opinión pública, lo que en esta ocasión se ha producido de forma premeditada y flagrante.

La manera en la que este impuesto a saltado a la palestra de forma tan rocambolesca nos evidencia, por parte de nuestra clase política, la falta total de planificación para dar cumplimiento a un principio fundamental que debe regir cualquier diseño de nuestros impuestos y es que estos deben ser justos y equitativos cuyo fin es hacer pagar al que no paga, o en todo caso, hacer pagar más al que más tiene, y a tenor de las manifestaciones de nuestra ministra de Hacienda la Sra. Salgado expresando el deseo de que el próximo gobierno perfeccione la imposición del citado impuesto demuestra, sin entrar en otras consideraciones técnicas, hasta qué punto llega la precipitación en el deseo de agradar a un sector del electorado.

Si queremos que nuestros ricos aporten al sistema su parte alícuota en consonancia con su poder adquisitivo la solución pasa inevitablemente por un diseño impositivo generado por criterios técnicos donde los expertos en la materia, y no la clase política, sean los que una vez por todas tomen las riendas del aparato tributario.

Y digo esto porque los ricos históricamente han dispuesto de numerosos recursos, sabidos y consentidos y en ocasiones participados por nuestra clase política, para relajar e incluso evitar su contribución hacia nuestras arcas tales como:

1. Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), donde el tipo impositivo es el 1% frente al 30% (ó 25%) del resto de sociedades. Este tipo de sociedad es comúnmente utilizado por conocidos millonarios y famosos.
2. Fundaciones, que sirven para ocultar la titularidad de patrimonios que además pueden ser domiciliadas en paraísos fiscales y que no tributan por las aportaciones que se las hacen. Estas son utilizadas fundamentalmente por grandes corporaciones y bancos.
3. Sociedades Patrimoniales, a las que se las aporta bienes inmuebles y que no pagan el citado Impuesto de Patrimonio sin mencionar que sirven para evitar la responsabilidad personal de sus socios actuando como un auténtico blindaje de patrimonios. Muy utilizadas por ricos y millonarios.
4. Domicilios Sociales de Empresas, se domicilian sociedades en países de baja o nula tributación. Esto es habitual con las sociedades filiales de las grandes empresas y corporaciones.
5. Paraísos Fiscales, donde ni se paga ni se informa. Son los propios gobiernos de países quienes los tienen y los consienten para la captación de grandes capitales de dudoso origen.
6. Deslocalizaciones, fingir otra residencia para no tributar, recurso utilizado de manera habitual por deportistas millonarios.
   

Y por si todo esto no fuera poco, nos encontramos con una laxa y permisiva legislación en nuestro Impuesto de Renta (I.R.P.F.) que favorece de forma clara la tributación a las grandes rentas de capital, habitual canal de ingresos de los ricos, tales como las inversiones en bancarios, los dividendos de empresas y las ganancias en la bolsa, entre otras, donde se las aplica un tipo máximo del 21% en contra de las rentas del trabajo, las nóminas de trabajadores, que pueden llegar a tributar al tipo del 45%. Sin entrar en que el Impuesto del Valor Añadido (I.V.A), en ocasiones grava con el 8% productos de lujo y con el 18% productos de primera necesidad.

Un hecho indignante que pasó desapercibido a los ojos y oídos de los ciudadanos se produjo en el año 2005, cuando por un acuerdo entre PSOE, PP y CIU las SICAV pasaron al control y supervisión de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) y no de la Inspección de Hacienda, como hasta entonces, y que además fue ratificado por el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) que estableció el carácter retroactivo de este acuerdo lo que provocó que se anulasen actas de inspección a este tipo de sociedades por millones de euros con la indignación del cuerpo de técnicos e inspectores de Hacienda. Nunca en mi vida profesional, y llevo veinte años en ejercicio como asesor fiscal, me había encontrado con un hecho de estas características tan escandalosamente premeditado para favorecer de forma tan descarada a un sector de nuestros ciudadanos de por sí ya altamente consentidos.

En el año 2004 se crea la Ley que regula el Régimen Especial para Extranjeros No Residentes, conocida como la “Ley Beckham”, por coincidir con la llegada de este jugador de fútbol a nuestro país, donde se establece una tributación especial del 24% fija para aquellas élites de profesionales en el campo del deporte, científico, cultural y empresarial que se instalen en nuestro país hoy claramente favorecedora para conocidos y millonarios deportistas.

Sin entrar en otra serie de normas aprobadas con alevosía y a escondidas como el Real Decreto de enero del 2010 donde, en resumen, se favorecía la tributación de los más ricos permitiéndoles tributar al tipo del 21% operaciones que debían ser tributadas al 45% por operaciones que en la ley fiscal se las conoce como “operaciones vinculadas”.

Y para terminar, con esta serie de lindezas, nos hemos encontrado con la noticia este año 2011 del pago que han tenido que hacer fortunas españolas, entre otras la familia Botín, y no precisamente por voluntad propia, al fisco español por patrimonios ocultos en Suiza descubiertos curiosamente por el fisco francés.

Y a la vista de estas facilidades legislativas, de los entramados financieros y fraudes fiscales que se cometen de forma regular y a gran escala nadie puede llegar pensar que con la activación de este Impuesto sobre el Patrimonio se consiga, siquiera, paliar en parte el deficiente e injusto sistema tributario de nuestro país.

Apostar por una legislación que ayude a aflorar nuestra economía sumergida, a sostener el tejido empresarial de autónomos y pymes abandonados e ignorados durante décadas, a luchar contra el abultado y verdadero fraude fiscal haciendo pagar al que no paga, como reclaman desde hace tiempo el cuerpo de técnicos de Hacienda, dotando de mayores y mejores medios materiales y humanos, actualmente disponemos de no más de 900 inspectores en toda España, todo ello nos llevará a un saneamiento de nuestras cuentas públicas que repercutirán en una corrección de nuestra maltrecha economía.

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BONOS AUTONÓMICOS... BONOS PATRIÓTICOS

A la vista de los recientes acontecimientos que se están desplegando a lo largo y ancho de nuestra geografía en materia de financiación de nuestras administraciones, y más en concreto, de nuestras CCAA, a fin de que puedan afrontar sus cuantiosas obligaciones de pagos más inmediatas y perentorias, nos estamos encontrando, a colación de la dichosa crisis, con el descubrimiento de una nueva variante de negocio en el campo financiero impensable, o poco probable, hasta hace poco dentro de nuestro sistema económico nacional.

Hasta ahora cuando una determinada Administración Pública necesitaba pedir prestado dinero, endeudarse en el argot financiero, para poder afrontar sus gastos e inversiones, pagos también en ese argot financiero, procedía a la emisión de deuda pública a través de las fórmulas ya conocida como las obligaciones, pagarés, bonos o letras del tesoro, entre otras, y eran los llamados inversores institucionales, tales como otros Estados, empresas de inversión, entidades de crédito, aseguradoras, fondos de inversión, fondos de pensiones... etc., los que acudían a esta llamada y compraban esas emisiones a cambio de un tipo de interés acorde al propio mercado.

De repente, y ante los acontecimientos económicos que vivimos, los mercados se han vuelto tremendamente desconfiados con nuestras administraciones y esos mismos inversores que históricamente acudían a la llamada para prestar a través de la compra de esas emisiones públicas ya no lo hacen por una razón bien simple... no se fían.

Y es aquí donde descubrimos la nueva variante del negocio, ante la falta de los clientes históricos, y acuciadas por una necesidad imperante de dinero, las CCAA tratan de colocar, esto es argot bancario, estas emisiones públicas directamente sobre los llamados minoristas, particulares en el lenguaje financiero, utilizando los servicios de intermediación precisamente de aquellas entidades de crédito que son las que se niegan a comprar esas emisiones y todo a cambio de una comisión por unos servicios de intermediación.

A partir de ahora, y creo que por algún tiempo, vamos a disponer, los ciudadanos, de un nuevo producto financiero donde colocar nuestros exiguos ahorros dentro del abanico que ya existe en el campo del negocio financiero/bancario, producto, por cierto, bautizado con el nombre de“Bono Patriótico”, y además nos pagarán tipos de interés muy por encima de los tradicionales productos financieros postulándose, a su vez, como auténtica competencia de esos mismos.

Primero fue la "burbuja inmobiliaria"... Ahora hay otras "burbujas"... sutiles, ingrávidas y gentiles.

En resumidas cuentas, y para dar una explicación concisa, resulta que las CCAA utilizan los servicios de esas mismas entidades de crédito, que son las que se niegan a comprar estos bonos patrióticos, a saber por qué, para que nos las vendan a los ciudadanos a cambio de una lucrativa comisión por hacer de intermediarios vendiendo un nuevo producto, como son esos bonos, y que además hacen una competencia feroz a los productos de esas mismas entidades.

Bueno, curioso todo esto.

A cierre del segundo trimestre de este año el conjunto de la deuda española superaba la nada despreciable cifra de 700.000 millones de euros (65,20% del PIB), creciendo el endeudamiento de nuestras CCAA un 23% con respecto al año anterior.

Así pues, y a modo informativo, los mayores niveles de endeudamiento lo presentaban la Comunidad Valenciana, la de Cataluña y la de Castilla-La Mancha, llegando al 20%, 19,2% y 17,2 %, respectivamente, mientras que las menos endeudadas eran las de Madrid, País Vasco y Canarias con un 7,7%, 7,9% y 8,2%, respectivamente, de sus respectivos PIB.

Ante este panorama el Gobierno prohibió que algunas CCAA, por su elevado nivel de endeudamiento, pudieran endeudarse más a largo plazo, más allá de un año, y a pesar de todo esto la deuda de estas administraciones está aumentando más rápidamente que la de la propia Administración Central.

¿Qué hacen las CCAA para sortear esta prohibición...? Pues sacan al mercado estos bonos autonómicos, los “patrióticos”, con vencimientos no superiores al año, ofreciendo rentabilidades muy por encima de lo que dicta la lógica económica, así y a modo de ejemplo, la Comunidad de Andalucía ofrece intereses al 4,25%, la de Cataluña al 4,75 %, la de Valencia al 4,75 %, la de Galicia al 4%, la de Castilla y León al 4,75% y la de Madrid al 4,75%.

Hay que señalar que a estas rentabilidades hay que sumar la comisión que las citadas entidades de crédito cobran a estas administraciones por utilizar su red comercial y se servicios que, en muchos casos, llegan al 3% adicional, lo que resulta que el coste total para estas administraciones, en definitiva para todos nosotros, puede llegar incluso al 7,75%.

Uno de los casos más sangrantes lo tiene Cataluña que para devolver la primera emisión de deuda diseñada por el anterior gobierno autonómico con vencimiento el próximo 21 de noviembre, deuda cuyo coste total ascendió, nada más y nada menos que al 7,75%, tiene previsto emitir nueva deuda a fin de poder devolverla dada la precaria situación que atraviesa.

La "estampita" y las letras "de pelota"...

Mucho me temo, que la situación que se está creando con la emisión de los dichosos bonos nos está llevando a una espiral de deuda tal que las futuras emisiones no irán encaminadas para paliar los gastos corrientes e inversiones que se propongan afrontar estas administraciones sino que irán destinados a cubrir la devolución de los vencimientos de esas emisiones con unos costes cada vez mayores y probablemente inasumibles.

Estas emisiones de bonos están poniendo en jaque, cada vez más, la solvencia española frente al mercado exterior expresada en un empeoramiento de nuestra calidad crediticia y en un elevado déficit en el conjunto de nuestras administraciones lo que nos lleva a pensar el grado de responsabilidad que tienen nuestras CCAA.

Como nota positiva, y dentro de este galimatías, al menos el nivel de endeudamiento, en el conjunto de las administraciones locales, el de los Ayuntamientos se ha mantenido estable, si bien a partir de primeros de este año no se les permite endeudarse más allá del 75% de sus ingresos corrientes.

Habrá que esperar si el nuevo Gobierno venidero será capaz de aunar esfuerzos y reconciliar posiciones para que el acuerdo con el conjunto de nuestras administraciones nos lleve a encauzar la ya de por sí agonizante situación.

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EL DESEMPLEO Y LA ESTADÍSTICA

Hay quien sostiene que la estadística se convierte en una ciencia diabólica dependiendo de quién la realiza y según la toma de datos en los que se apoya el estudio que queremos analizar, en todo caso, hay momentos en los que por mucho que se intenten trastocar o maquillar ambas variables el resultado se antoja irrefutable.

Si tenemos en cuenta que a fecha de hoy el desempleo que venimos padeciendo, de forma más intensa que nunca, se ha convertido en nuestra primera preocupación ciudadana, desbancando incluso al ya tradicional y trágico problema del terrorismo, nos podemos hacer una idea de la importancia que adquiere un análisis real y riguroso, tanto en su aspecto cuantitativo como cualitativo, de la problemática que presenta en nuestro país el mercado laboral.

La realización de un estudio transparente y claro de nuestro mercado de trabajo traería como consecuencia última sacar las conclusiones que bien podrían ayudarnos a tomar una serie de soluciones adecuadas para paliar, en la medida de lo posible, lo que a buen seguro se ha convertido, y por largo tiempo, se convertirá en un problema de gran calado que torpedea duramente la línea de flotación de ésta nuestra sociedad, que no es otra que el derecho constitucional a que todo ciudadano disponga de la oportunidad de ocupar un puesto de trabajo y así se desarrolle tanto en el aspecto profesional y como personal.

El problema del desempleo, verdadera guillotina del futuro de jóvenes y no tan jóvenes, y por la importancia que adquiere su dimensión, se viene analizando históricamente por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a través de la Encuesta de Población Activa (EPA) desde allá por el año 1964.

A lo largo de los años, el método estadístico, y dada nuestra integración en la Unión Europea, ha ido sufriendo ciertas transformaciones en el modo y en el método a fin de perseguir la uniformidad de datos con el resto de países de la Unión, todo ello, recogido en los distintos Reglamentos números 577, 1.897 y 2.257 de los años 1998, 2000 y 2003, respectivamente.

En el año 2002 se introdujo un gran cambio en la metodología de la EPA que afectó tanto a las definiciones utilizadas en la encuesta como al proceso de cálculo de los resultados.

En el 2005 los cambios supusieron una nueva EPA y ruptura de la serie histórica de información.

La EPA realiza el estudio estadístico de nuestro mercado laboral sobre una población igual o superior a los 16 años. En base a este segmento de población, analiza el volumen que existe de personas ocupadas, desempleadas e inactivas sobre una población potencialmente activa; lo que permite calcular la “tasa de actividad” de nuestra población.

En el plano de las definiciones, y a modo sencillo, diré de forma escueta que se considera:

• Ocupado, a la persona con trabajo remunerado.

• Parado, a la persona que no está ocupada y que busca empleo activamente o espera encontrarlo.

• Población Inactiva, a los estudiantes, amas de casa, jubilados, enfermos para trabajar y los que no buscan empleos.

• Población Activa, lo forman ocupados y parados.

• Tasa de Desempleo, sería el número total de parados entre el total de población activa, en tantos por ciento.

• Desempleo Estructural, al desempleo de largo plazo e involuntario que no disminuye ni desaparece y que va muy ligado al desarrollo tecnológico.

• Desempleo Coyuntural, al desempleo ligado a la evolución propia de la economía, siendo cíclico. Esto es, aumenta o disminuye según evolucione esa economía.

Hasta aquí los conceptos técnicos, pero lo que realmente resulta relevante es saber en qué situación se encuentra nuestro mercado laboral con respecto al resto de los países de nuestro entorno, por qué nuestro mercado resulta tan sensible a los cambios cíclicos de la economía, por qué sufre un deterioro tan rápido y con tanta ralentización se recupera, y lo que es más grave por qué presenta tasas de desempleo tan galopantes y duraderas en el tiempo, al cierre del primer trimestre del presente año era del 20,89 % (4.833.700 parados), lo que conlleva una carga dramática para el futuro de familias y parados, sin entrar en lo que supone para una sociedad un aspecto para mí de vital importancia como es la fuga de talentos al exterior, entre otras consecuencias.

Una de las explicaciones que se podría dar a la composición de nuestro desempleo sería que, desde siempre, nuestro mercado laboral ha presentado una dualidad, que se podría explicar de forma sencilla, porque existe una parte de nuestro mercado compuesto por trabajadores de más edad y con contratos indefinidos con una mayor protección laboral y mejores remuneraciones, y otra parte, donde existen trabajadores jóvenes con contratos temporales y un alto grado de desprotección.

Esto provoca efectos negativos en nuestra productividad, dado que esos trabajadores jóvenes y con contratos limitados no tienen acceso a una formación laboral adecuada y así el ajuste en una crisis, como la que ahora vivimos, bien ha podido venir, como suele suceder, por el lado más débil canalizándose a través de despidos masivos en este sector de trabajadores, provocando que en nuestro país tengamos una de las mayores tasas de desempleo juvenil que al cierre de este primer trimestre llega a la escandalosa cifra del 43,61%.

Otro de los aspectos contundentes es que nuestro desempleo estructural nunca ha bajado del 8%, incluso en situaciones de bonanza económica que es donde más se activa nuestra maquinaria de generación de empleo, lo que nos lleva a tener una de las mayores tasas de desempleo dentro de los países que conforman la OCDE.

Parece pues claro, que nuestro mercado de trabajo está fuertemente ligado al nivel de desarrollo que presente nuestra propia economía. Una economía muy intensiva en mano de obra, necesita más mano de obra que otros países para producir lo mismo, y con un bajo nivel de desarrollo tecnológico. Así, y para que nos hagamos una idea, Alemania creciendo el 1% ya genera empleo neto mientras que España necesita hacerlo a tasas del 3%, es decir, el triple.

Si queremos, abatir estas nefastas estadísticas y abandonar la cola de los países generadores de empleo no quedará más remedio que afrontar, de una vez por todas, un verdadero cambio en nuestro modelo productivo.

No hay mayor activo en una sociedad que las personas que lo forman y no hay sociedad que pueda ser desarrollada sin la participación más directa de los que la componen, por eso habrá que abordar programas de alto valor añadido, por la vía del desarrollo tecnológico en todos los campos de nuestra industria, de servicios, en ciencia, educación y en cultura lo que llevará que nuestra sociedad tenga otra dimensión y así nuestra economía dé una verdadera oportunidad a quienes hoy se sienten frustrados y ninguneados por el sistema, donde se incentive la valentía de empresarios, se invierta en investigación y se apueste por un verdadero desarrollo y así provocar que nuestro país abandone de una vez por todas esas nefastas estadísticas que siempre nos acompañan.

Apostar por esto no es un deseo, es una necesidad.

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EL PAPEL DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES

En pleno debate sobre la conveniencia de una racionalización del gasto en el conjunto de las Administraciones Públicas o de la cacareada necesidad en la reestructuración y optimización de este sector público, nos encontramos en uno de esos momentos históricos donde nuestra clase política, bien por razones económicas, por la crisis que atravesamos, bien por razones electoralistas, estamos prácticamente en campaña de una de ellas, o bien por el momento propicio resultado del grado de sensibilidad social y ciudadana respecto a todo esto, se ha dado cuenta de la necesidad de replantearse nuestro modelo de administraciones públicas, cuestionando, incluso, no sólo la utilidad sino la existencia de una parte de las mismas.

Nada mejor que una buena dosis de crisis económica para que nuestros gobernantes se planteen, en su propio detrimento con lo que ello conlleva en la supresión de determinados privilegios, incluso la supresión de ciertas instituciones enquistadas desde hace más de 175 años en nuestro ordenamiento público y que tan enraizadas están dentro de nuestra jerarquía institucional, las conocidas como Diputaciones Provinciales.

Creadas allá por el año 1836 en el reinado de Isabel II tenían como función principal el gobierno y la administración autónoma de la provincia.

Actualmente, y dentro del actual marco autonómico, cada provincia dispone de una de ellas excepto aquellas CCAA uniprovinciales como la de Asturias, Cantabria, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja, donde su competencia es asumida por la propia comunidad autónoma, por aquello de la no duplicidad de funciones.

En determinadas CCAA, la denominación que se las asigna obedece a ciertas etimologías que bien podrían estar relacionadas con ciertas connotaciones regionalistas, de tal modo que en el País Vasco se las conoce como Diputaciones Forales, en las Islas Baleares como el Consejo Insular, en las Islas Canarias como el Cabildo Insular y en Cataluña como los Consejos de Vergüerías, hoy cuestionados por el propio Tribunal Constitucional.

Y dentro de cada Diputación Provincial existe un Órgano de Gobierno formado por un presidente, un vicepresidente, una junta de gobierno y un pleno, todos ellos órganos de “elección indirecta”, esto es, la composición viene dada por los resultados en las elecciones municipales en cada provincia, donde el número de diputados en cada pleno depende del número de habitantes que hay en cada provincia, y todo esto regulado por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, sobre el Régimen Electoral General.

En las provincias vascas, y como excepción, las diputaciones forales, además de las funciones que les son propias, poseen también competencia en materia fiscal, y sus órganos son de “elección directa”, esto es, por votación. En esencia, entre las funciones propias atribuibles a las diputaciones estarían:

a) Asistencia jurídica, económica y técnica a los municipios.

b) Fomento del desarrollo económico y social en el territorio provincial.

c) Prestación de servicios supramunicipal y supracomarcal.

Por otra parte, las diputaciones forman parte del escalafón jerárquico dentro de nuestro sector público formado por una Administración Central/Estado, por las CCAA, por las Provincias/Diputaciones Provinciales y por las Entidades Locales/Ayuntamientos.

Y una vez comentado el papel y sitio que ocupan y habiendo ido desarrollando su función hasta la fecha de hoy, a pesar de los numerosos cambios desarrollados, tanto en materia institucional como constitucional de nuestras administraciones públicas, es ahora cuando su existencia está siendo más cuestionada, si bien nunca les faltó una masa crítica antes de la llegada de la extrema situación presente.

Y esto habrá que achacarlo, es de suponer entre otras razones, a la insostenibilidad de nuestro sistema de administraciones públicas situándolas en el centro de la diana y convirtiéndolas en instituciones anquilosadas empeñadas en seguir existiendo al mismo tiempo que se iba produciendo un incremento, cada vez mayor, de las competencias de las propias CCAA, a través de los desarrollos de sus respectivos estatutos lo que ha provocado un solapamiento y duplicidad de funciones entre ellas acarreando un incremento innecesario del gasto corriente y más aún en el capítulo de personal.

El presupuesto que manejan el conjunto de las Diputaciones Provinciales, según datos cerrados al 2009, asciende a 7.000 millones de euros, al tiempo que en las tres Diputaciones Forales vascas su presupuesto más que duplicaba al del resto llegando a los 15.000 millones de euros.

A fecha del primer trimestre del presente año, la deuda del conjunto de diputaciones provinciales ascendía a unos 7.200 millones de euros.

Y si además, como dato anecdótico, una diputación como la de Valladolid, de considerable envergadura, sólo destinó en ese año el 29,15% de su presupuesto total al capítulo de “inversiones reales”, esto es, a las tareas propias para el desarrollo provincial, nos haremos una idea dónde y a qué se destina el resto de los presupuestos.

Son eficaces, son eficientes nuestras diputaciones... ???

Desde la perspectiva del ciudadano, contribuyente nato, el problema puede llegar a adquirir tintes dramáticos si tenemos en cuenta el momento que estamos viviendo, y algo de razón llevará el ciudadano cuando, a tenor de todo esto, es en el plano político cuando surgen dentro de nuestra clase dirigente, auténticos partícipes y creadores de este desaguisado, corrientes que abogan sino por la supresión total de estas instituciones si por una reestructuración total del papel que vienen jugando.

Parece claro que, tanto desde el plano institucional como desde el plano social, es imprescindible acometer las reformas necesarias para eliminar duplicidades en funciones y tareas lo que conllevará el correspondiente ahorro y eficiencia en el gasto.

El reto, pues, que se plantea ahora es bajo qué fórmula debe acometerse una auténtica reforma de estas administraciones a fin de que no pierdan el espíritu con el que fueron creadas.

En mi opinión, una de las fórmulas posibles estaría dentro de las propias CCAA, asumiendo directamente esas tareas para provocar una optimización de recursos, creando, dentro del organigrama de cada comunidad autónoma, una figura que gestionase y controlase directamente el desarrollo económico y social de cada provincia.

Si tenemos en cuenta que existen en la actualidad unos 8.000 municipios, cabe otra fórmula, postulada por algunos, que sería proceder a la creación de una figura denominada “agrupación de municipios” que operase bajo un órgano coordinador. No olvidemos que ya existen en la actualidad ayuntamientos que aglutinan, de forma centralizada, la gestión de otros municipios y pedanías que por sí mismos no disponen de esa capacidad de gestión dado su tamaño, lo que nos llevaría, no a crear esa figura, sino a fomentar su desarrollo normativo dotándola de los medios y recursos necesarios para acometer en plenitud todas y cada una de esas funciones asignadas.

Y es aquí donde surgirá el debate, que, a buen seguro, se planteará para la próxima legislatura, sometiendo a estas administraciones a su propio test de estrés que bien podría llevar a su desaparición y, con ello, a la supresión de uno de esos niveles en nuestro ordenamiento administrativo público.

Habrá que estar atentos si ese debate y las soluciones propuestas traerán en realidad esa racionalización que buscamos, sin perder eficacia en su labor y que no suponga un maquillaje, vivido ya en otras ocasiones, que impida afrontar con seriedad una reforma a todas luces necesaria.

Soy Goyo Vilda y en este blog comparto contigo mis inquietudes y reflexiones semanales. Para atender tus intereses personales o necesidades empresariales estoy a tu disposición con todo el equipo técnico de ALFICO. Puedes usar el formulario de contacto de nuestra web o el teléfono 979 123 738.

EN LA POLÍTICA ESTÁ LA CRISIS

En el verano del año 2001 recuerdo haber tenido una conversación, entre otras muchas que probablemente pude mantener, con un director de sucursal bancaria, hoy ya prejubilado, en la que se congratulaba de lo adelantado que estaba en el cumplimiento de los objetivos que su dirección había marcado a su oficina para todo el año en el capítulo de “activo”, para los no iniciados en la jerga bancaria significa el volumen de préstamos concedidos y formalizados a sus clientes, y apenas había transcurrido la mitad del año.

Eran los tiempos donde circulaba el dinero fácil y barato, donde los mercados financieros proporcionaban la suficiente masa monetaria para que los agentes locales de cada país, y mucho más en España, colocasen tan ingente cantidad de dinero entre sus clientes de forma tan rápida como fuera posible, y lo que es más grave, sin valorar los más mínimos estándares de solvencia y garantía de clientes para este tipo de operaciones.

Claro, había que cumplir los objetivos incluso antes de finalizar el año y además cobrar los bonos de productividad, todos.

Todo esto provocó que la economía viviese un estado de irrealidad no conocido en muchas décadas, y cuando esto sucede el propio mercado, como todo buen enfermo, necesita una excusa para devolvernos a una realidad que nunca debimos haber abandonado, y esa escusa se asomó en forma del pinchazo de las ya conocidas “hipotecas basura” de los EEUU.

En opinión del que aquí suscribe, éstas no fueron el origen del problema que ahora vivimos, sino más bien fueron la consecuencia de lo que no debimos vivir.

Y en lo referente a nuestra propia realidad personal estábamos inmersos en una euforia, en una especie de “ilusión monetaria” que trajo como consecuencia lo que tan duramente estamos pagando ahora. Creo que nadie puede ejercer de rico conduciendo un "seiscientos" y además estando endeudado.

No analizaré el momento por el que estamos pasando, nos levantamos todos los días con un sin fin de problemas vestidos en forma de desempleo, desahucios, morosidad, recortes sociales,...etc., provocados precisamente por esa irrealidad vivida.

A pesar de todo, si algo tiene de bueno esta crisis es que, al menos, estamos aprendiendo conceptos económico-financieros de los que apenas habíamos oido hablar. Nos atiborran con informaciones estadístico-económico-financieras de los que no sabíamos ni de su existencia o al menos rara vez oíamos hablar el resto de los mortales.

Se me ocurre que esta crisis va ayudar a un enriquecimiento de nuestro vocabulario económico y lo más sorprendente es que lo está consiguiendo en aquellas personas donde su máximo nivel de conocimientos en este terreno se limitaba a acercarse a su sucursal bancaria para actualizar su cartilla de ahorros.

Nos hablan en los telediarios de la “Prima de Riesgo”, esa señorita hasta ahora tan desconocida que de pronto cobra un protagonismo atroz que en su definición técnica seria el diferencial, en puntos básicos, que presenta el bono español con respecto al bono alemán a 10 años, y que para que lo entienda todo el mundo no es otra cosa que el interés que tiene que pagar nuestro país, todos nosotros, por pedir dinero prestado y así poder atender a nuestras necesidades internas.

Como dato curioso y preocupante, según el Instituto de Estudios Económicos (IEE) del BBVA, por cada 100 puntos básicos que suba esta prima de riesgo todos nosotros deberemos pagar entre 1.100 y 1.200 millones de euros en intereses anuales.

Afirman los expertos en la materia, que si la prima de riesgo llegase a 450 puntos básicos supondría el punto de no retorno, ésto es, sería más barato para todos nosotros que el país fuera intervenido, bajo fórmulas ya estudiadas, que seguir acudiendo al mercado para financiarnos y pedir prestado.

Y amigos, estamos tuteando los 400 puntos básicos.

También nos hablan en los mismos telediarios de la “Crisis de Solvencia de los Estados” que trae como consecuencia la “Degradación en la Calidad Crediticia” de esos mismos Estados, es lo que analizan las mal llamadas “Agencias de Calificación”, tan conocidas últimamente, cuya función es analizar, clasificar y puntuar la solvencia de los países. Y esto también para que todo el mundo lo entienda, ocurre que nadie se fia de nadie, nadie quiere prestar porque piensa, el que presta, que no le van a devolver el dinero que ha prestado.

Y también como dato curioso, esta agencias que nos valoran han establecido una escala de estándares, códigos, que miden la solvencia a largo plazo que presentan los Estados, es decir, la capacidad que tienen éstos para devolver lo que previamente les han ido prestando.

Estos estándares se presentan como AAA, AA, A, BB, B, CCC, CC, C, donde “AAA” sería la máxima clasificación de solvencia que representa una situación óptima de fiabilidad y estabilidad del país receptor del préstamo hasta llegar a la “C” que sería la mínima clasificación de solvencia que representa un altísimo riesgo de impago para el país receptor del préstamo.

En estos momentos España presenta una clasificación “AA”, ésto es, situación muy estable y bajo riesgo, aunque con perspectiva negativa, lo que supondrá una bajada en nuestra nota, y en ésto tienen mucho que ver las CCAA con su excesivo endeudamiento.

Y llegados a este punto, y sin entrar a analizar sobre el origen, lo que representa y las consecuencias que nos está trayendo esta crisis, ya lo hacen los expertos por todos nosotros, me pregunto si esta crisis no tiene mucho que ver con el grado de calidad de nuestras Instituciones y Estados.

En primer lugar, habría que pensar si antes de la llegada de la crisis no vivíamos ya en una crisis de liderazgo político, a nivel nacional e internacional, dejaron de gobernarnos verdaderos estadistas, estrategas, gentes de estado y de gobierno, con sentido de la responsabilidad, y nos invadió una clase política del "pim-pam-pum", viviendo en la inercia de un sistema ciego en lo social, apalancado en una economía basada en el endeudamiento y no en un modelo productivo, permisivo con un modelo de negocio montado en torno a corrupciones y corruptelas, y todo ello sin dejar de mirar a reojo al contador electoral.

En segundo lugar, en lo que atañe a Europa, hemos sido incapaces de finalizar la verdadera integración monetaria iniciada en el año 1.999, y así eliminar todas esas asimetrías que provoca esa falta de integración política y fiscal, lo que provoca que no tengamos una auténtica autoridad centralista que aglutine ideas, soluciones y decisiones de los Estados miembros, y así hacer frente común en medidas que nos permitirían acometer semejante problema, en vez de la descoordinación que se vive hoy en día en el conjunto estos Estados europeos.

Y es precisamente, esta situación tan dispar que presenta Europa y sus Estados lo que provoca la penalización de los mercados financieros e inversores internacionales.

Y en tercer lugar, a nivel nacional, estamos ante unos gobiernos interinos, a las puertas de elecciones, ante Jefes de Estado con nefasta formación y preparación, sin nombrar a aquellos más empeñados y ocupados en resolver sus vergüenzas y debilidades personales que en dirigir los designios de los países, cuando no se pavonean cual pavo real olvidando para lo que fueron realmente elegidos.

Amigos pido... CORDURA y RESPONSABILIDAD.

Soy Goyo Vilda y en este blog comparto contigo mis inquietudes y reflexiones semanales. Para atender tus intereses personales o necesidades empresariales estoy a tu disposición con todo el equipo técnico de ALFICO. Puedes usar el formulario de contacto de nuestra web o el teléfono 979 123 738.

PLAN DE PENSIONES... ESTATAL

El año 2011 nos ha traído, una vez más, otra perla legislativa con respecto a nuestro Sistema de Pensiones a través de la llamada Reforma del Sistema de Pensiones que se regula por la Ley sobre la actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social (Ley 27/2011 del 1 de Agosto, BOE 184).

En lo tocante a nuestro Sistema de Pensiones no es ésta la única reforma sobrevenida a la largo de la historia de nuestro régimen pensionista pero, sin lugar a dudas, resulta la más mediática de las producidas hasta el momento por dos motivos fundamentales; primero, porque se produce en un entorno económico altamente crítico y, segundo, porque torpedea la línea de flotación del cotizante más abnegado.
Recordemos, brevemente y a título informativo, aquellas reformas acometidas con anterioridad:

• En el año 1985 se incrementa el período mínimo de cotización que pasa de 10 a 15 años y el cómputo de la Base Reguladora que pasa desde los 2 hasta los 8 años.
• En 1994 se constituye la Comisión para el Informe sobre Problemas y Reformas del Sistema.
• En 1995 se produce el llamado Pacto de Toledo y sus "15 Recomendaciones".
• En 1996 se produce el Acuerdo sobre Consolidación y Racionalización del Sistema de la Seguridad Social.
• En 1997 se aprueba la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de la Seguridad Social, donde se regulan dos aspectos fundamentales como es el incremento del cómputo de la Base Reguladora que pasa de los 8 a los 15 años y la creación del llamado Fondo de Reserva.
• En 2001 se aprueba la Ley 35/2002, de 12 de julio, de Medidas para el establecimiento de un Sistema de Jubilación gradual y flexible. Se establece la jubilación a partir de los 65 años y la jubilación anticipada a partir de los 61 años.
• En 2003 se produce el Informe de la Comisión no permanente para la valoración del Pacto de Toledo y sus 22 Recomendaciones. Se aborda la proporcionalidad entre la pensión y toda la vida laboral.
• En 2006 se produce el llamado "Acuerdo sobre Medidas en Materia de la Seguridad Social".

Hasta llegar a la reforma actual que, a grandes rasgos, regula una serie de modificaciones entre las que se encuentran:

• Primera.- Aumento paulatino de la edad de jubilación, a partir del año 2013 y hasta el 2027, pasando de los 65 años actuales a los 67 años.
• Segunda.- Ampliación gradual de los años de cálculo, desde el año 2013 hasta el 2022, pasando de los últimos 15 años actuales hasta los 25 años.
• Tercera.- Incremento progresivo, desde 2013 al 2027, de los años de cotización para la obtención de la pensión máxima, pasando de los necesarios 35 años a 37 años cotizados, y con 65 años cumplidos, antes precisábamos haber cotizado 35 años y ahora 38 años y medio.

Amen de otra serie de reformas cuantitativas a la hora de calcular lo que se conoce por "Escala de Aseguramiento", que no es otra cosa que el incremento proporcional, a medida que vamos cumpliendo años cotizados y partiendo de una pensión mínima que representa el 50% de la Base Reguladora, teniendo cotizados 15 años mínimos, hasta llegar al 100 % de la nuestra Base Reguladora, lo que significa que será necesario cotizar más años con el nuevo sistema de progresividad para alcanzar ese máximo de pensión.

A todo esto hay que añadir, como colofón, al endurecimiento de esta nueva reforma que la misma no contempla —nunca se contempló— la actualización monetaria en base al incremento del IPC de las bases reguladoras cotizadas en años anteriores. Ello provoca, inevitable y claramente, una pérdida de poder adquisitivo al no recogerse en el cálculo de la pensión el efecto inflacionista.

Si tenemos en cuenta que nuestro Sistema de Pensiones utiliza dos variables para el cálculo de nuestra pensión como son, los períodos de cotización y las aportaciones realizadas, parece razonable pensar que, a mayor esfuerzo, mayor recompensa.

Y, a tenor de todo esto, nuestro sistema en realidad se sustenta sobre bases que pueden llegar a constituir un auténtico fraude al establecer como principio de liquidez del mismo el llamado Sistema de Reparto. Esto es, en resumidas cuentas los que entran pagan a los que salen, lo que se asemeja bastante al fraudulento timo piramidal conocido como "Sistema Ponzi", situación que se va agravando dado que la base de la pirámide, formada por los que entran al sistema, se torna cada vez más estrecha en relación al vértice del la pirámide, los que salen, donde se ensancha cada vez más, entre otros motivos, por el buen dato de esperanza de vida que tenemos añadido al descenso demográfico y aumento del paro juvenil.

Si a todo esto añadimos la permisibilidad de nuestro sistema en la concesión de prejubilaciones, en la cada vez más recurrida opción a los expedientes de los llamados ERE, la falta de trabajo para nuestra masa activa, la incorporación más tardía de los jóvenes al mercado de trabajo… no puede sorprendernos que todo ello nos lleve inexorable e inevitablemente a un colapso de nuestro sistema.

Me pregunto, si no sería posible llevar a cabo un verdadero cambio en el sistema para instaurar un auténtico "Sistema de Capitalización", en vez del que tenemos. Un nuevo sistema donde se constituyese una "unidad de cuenta" por cada cotizante en la que se capitalizasen individualmente las aportaciones realizadas a lo largo de toda la vida laboral y así, llegado el momento de la jubilación, poder tener y disponer del capital adecuado para nuestra jubilación.

¿No sería esto el reflejo de nuestro propio esfuerzo, no reflejaría esto la proporcionalidad que se busca entre la pensión y nuestra vida laboral cotizada....? ¿Sería posible llegar a un "Sistema Mixto"...? ¿Sería posible utilizar el Fondo de Reserva como herramienta para llegar a este sistema de capitalización...?

Dicen los entendidos que esta reforma se ha quedado en un camino intermedio, dado que una de las intencionalidades que se planteaba, utilizando como excusa la, cada vez mayor, esperanza de vida que tenemos, era considerar como verdadera edad de jubilación la de los 70 años, y que, bien por razones sociales o, más bien, político-electoralistas, no llegó a instalarse como uno de los pilares de esta reforma.

En ALFICO nos tememos que esta reforma no será la última que se acometa y ya veremos en la siguiente a que datos socio-político-económicos recurre nuestra clase dirigente para acometer la que, sin lugar a dudas, vendrá y mucho antes de lo que podamos pensar, so pena que nos sea impuesta por exigencia de instituciones u organismos externos a nuestra propia economía.

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