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miércoles, 21 de diciembre de 2011

DESDE ESTE RINCÓN DE COMPLICIDAD COMPARTIDA OS DESEAMOS LO MEJOR


Aunque sólo sea por rendir tributo a la tradición de las Fiestas Navideñas, en esta ocasión intentaremos aparcar todo lo que tenemos encima, y aquí solemos abordar, para enviar nuestros más sinceros deseos de salud y felicidad a todos los seguidores de este blog, con especial afecto a los amigos que han otorgado a ALFICO la confianza para ocuparse de sus asuntos y mejorar su gestión, con la atención y asesoría en nuestras áreas de especialización..

Y como los buenos deseos acostumbran a intentar mejorar la realidad...

¡¡MUY FELIZ AÑO NUEVO 2012!!
(esperando que no sea peor que el que acaba).

Afectuosamente, Goyo Vilda.

lunes, 12 de diciembre de 2011

LAS FUNDACIONES EN ESPAÑA

Cuando se abordan algunos de los aspectos que conforman nuestro conglomerado económico-social no resulta nada interesante ni educativo, y menos entretenido, para el lector si el que los escribe y trata a su vez de darlos a conocer,  se limitase sólo a plasmar su contenido desde un punto de vista estrictamente teórico, bastaría con acudir a los múltiples canales informativos y visionar el manual de turno para encontrar su definición más completa.

En ocasiones es necesario recurrir a la descripción de los hechos dentro del contexto adecuado para llegar a dar una imagen fiel, precisamente a ese mismo lector para que, junto con los datos que se le muestran, pueda realizar por si mismo su propio juicio de valor. Creo que eso debe de ser uno de los fines que persiga cualquier contador de historias.

Son Fundaciones “las organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general. Se rigen por la voluntad del fundador, por sus estatutos y, en todo caso, por la Ley”,  así las define la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones en su artículo 2, amparadas a su vez por el artículo 34 de nuestra Carta Magna.

Hay que decir que la regulación de las distintas Fundaciones que operan en nuestra geografía  fue transferida a las CCAA y, sólo en el caso en que una de ellas opere en más de una CCAA o la misma Comunidad no disponga de legislación específica, será la Ley 50/2002 la que deba tomarse en consideración.

Otras normas que las regulan son:
  • Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia estatal.
  • Ley 49/2002, de 23 de diciembre, aprueba la Ley sobre Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos al mecenazgo.
  • Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, que aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 49/2002.

Al consejo de administración de una Fundación se le llama Patronato que definido sería el órgano que las gobierna y representa al que corresponde cumplir con los fines de la misma y administrarla diligentemente.

A la Administración Pública le corresponde tutelar el recto ejercicio de las Fundaciones y asegurar su legalidad tanto en su constitución como en su funcionamiento bajo la figura del llamado Protectorado que, dependiendo del ámbito geográfico de actuación de cada Fundación, estará bajo la batuta de un protectorado estatal o un protectorado autonómico.

Bien, hasta aquí la clase teórica obligada por este ponente. Tenemos unos entes socio-económicos, una legislación específica que los regula y un marco para sus actuaciones. El problema de las Fundaciones no está en su existencia sino en la utilización que se hace de ellas y el control que se ejerce sobre las mismas, aunque echando un vistazo al pedigrí de parte de algunos de nuestros ciudadanos y organismos no estaría de más replantearnos incluso su existencia.
Teddy Bautista formó parte del patronato de esta Fundación del PSOE a la que desvió importantes sumas de la SGAE

Las Fundaciones, en base precisamente a su régimen fiscal especial, no están sujetas a ninguna obligación de declaración de impuestos en materia tributaria, lo que proporciona un campo abonado y de absoluta opacidad para que todos aquellos miembros que participando, de o en ellas, puedan ejercer de forma ilícita actividades que en absoluto le son propias o al menos vulneran los principios para las que son constituidas, y así lo establece el artículo 3 de la propia Ley de Fundaciones al afirmar que “sus fines deben beneficiar a las colectividades genéricas de personas y en ningún caso podrán constituirse con la finalidad principal de destinar sus prestaciones al fundador o a los patronos, a sus cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad, o a sus parientes hasta el cuarto grado inclusive, así como a personas jurídicas singularizadas que no persigan fines de interés general”.

En el año 2006, el Pleno del Consell Valenciá de Cultura aprobó un informe en el que se manifestaba la dificultad de acceso a la información relacionada de las Fundaciones en cuanto a su estructura, fines, actividades y presupuestos.

En el año 2002, el Tribunal de Cuentas reprobaba la opacidad de las empresas y fundaciones de, ojo, los partidos políticos, ejercicio tras ejercicio, donde muchas de ellas ejercían actividades inmobiliarias.
El PP también ha recibido fondos opacos en sus Fundaciones

En el año 2011, el Consejo de Europa advierte de la falta de transparencia en la financiación de los partidos políticos. A la vez que el GRECO, Grupo de Estados contra la Corrupción, órgano que depende de ese mismo Consejo, denunciaba que no se habían cumplido ninguna de las seis recomendaciones para mejorar las garantías de transparencia en los mecanismos de financiación de los partidos políticos en España que propuso en el año 2009, en referencia clara a esas Sociedades-Fundaciones satélites de muchos de esos partidos políticos.


Para ilustrar más la ilegal utilización que se hace de ellas nada mejor que describir algunos ejemplos seguidos en las distintas tramas:
- Se crea una Fundación "pantalla" para la realización de actividades sociales, culturales y deportivas a la que se la entrega dinero por parte de una determinada Administración Pública. Ésta, a su vez, encarga la realización de estos trabajos a otras empresas privadas y de carácter lucrativo, subcontratas, por los que paga precios desorbitados consiguiendo trasladar el dinero entregado por esa Administración al bolsillo de los propietarios de esas empresas. Caso Urdangarín… presuntamente. 
Este es el fraude típico de manual, sin entrar en otras torpezas cometidas por el grupo infractor.
- Se crea una Fundación para la realización de determinadas actividades sociales, por ejemplo Fundación de Caridad Amelan, se supone que para obras de caridad dado el nombre de la misma, y  además se domicilia en un paraíso fiscal, en este caso Liechtenstein, y así sirve de cobertura para salvaguardar patrimonio y demás enseres de una gran corporación, evadiendo no sólo impuestos sino divisas. Caso Banco Bilbao Vizcaya
La caridad bien entendida empieza por uno mismo...
Este es el fraude típico de las grandes corporaciones y multinacionales para la evasión de casi todo.
- Se crea una Fundación para la realización de otra determinada actividad social que se utiliza para aceptar multitud de donaciones de dudosa procedencia y sin ningún control, dinero que se utiliza para la financiación de determinadas asociaciones políticas. Caso financiación Partidos Políticos.
Esta es la operativa utilizada mayoritariamente por muchos de los partidos políticos no sólo nacionales sino extranjeros.
A pesar de esto, quiero seguir creyendo que la mayoría de las Fundaciones existentes son de gran utilidad social, aunque no estaría de más ejercer un efectivo control sobre las mismas en todos sus órdenes, porque marco legislativo y legal para ello existe… ¿o no, señor lector?


Soy Goyo Vilda y en este blog comparto contigo mis inquietudes y reflexiones semanales. Para atender tus intereses personales o necesidades empresariales estoy a tu disposición con todo el equipo técnico de ALFICO. Puedes usar el formulario de contacto de nuestra web o el teléfono 979 123 738.

viernes, 2 de diciembre de 2011

LA OBRA SOCIAL DE LAS CAJAS DE AHORROS

Es bien sabida,  por parte del común de los mortales, la situación por la que está atravesando nuestro sistema financiero-bancario inmerso en una mal llamada reestructuración que bajo diversas fórmulas variopintas, tales como fusiones, absorciones o singulares asociaciones de curioso matiz, dependiendo del ojo con el que se miren; sin mencionar el camino que está utilizando nuestro organismo regulador, léase Banco de España, para poner orden en tan complicado asunto que no es otro que la más directa y dramática intervención sobre aquellas entidades financieras que presentan un cuadro clínico sin retorno, con una patología de cuidados intensivos, dado su estado patrimonial y de liquidez.

No es cometido de lo que aquí voy a tratar el analizar el por qué, el cuándo y de qué manera  buena parte de nuestro sistema financiero tenga que ser auxiliado por todos nosotros ante la situación alarmante en la que se encuentra y así poder abordar un saneamiento tremendamente necesario, si no queremos estar abocados a un colapso de consecuencias irreversibles. Esto lo dejaré en manos de analistas más avezados.

Lo que aquí trataré, como consecuencia de la mala salud de nuestro sistema bancario, es un hecho que prácticamente está pasando desapercibido, dado el manejo mediático en el que está inmerso nuestro patio financiero.

Me refiero a la “Obra Social” de nuestras Cajas de Ahorros, figura muy arraigada en nuestra historia económica como nexo de unión entre nuestro aparato financiero y social a la que se ha recurrido a fin de contribuir al desarrollo y la promoción de territorios y comunidades.

Las Cajas de Ahorros fueron constituidas y diseñadas allá por el siglo XVII como Pósitos y Montes de Piedad o Montepíos, eran instituciones benéficas donde los pobres obtenían dinero a cambio de empeñar las pertenencias que poseían, muy a semejanza de las creadas en Italia en el siglo XV. Y bajo esta idea original se constituyeron, bajo la fórmula jurídica de fundaciones de naturaleza privada, con una finalidad eminentemente social, a diferencia del resto de entidades financieras cuyo fin principal era ganar dinero.

El Estatuto de las Cajas, llamado Estatuto para las Cajas Generales de Ahorro Popular en su redacción más moderna, data del año 1933 y hasta el año 1971 la función de órgano regulador y de control recaía sobre el Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro. A partir de ese año fue sustituido por el actual Banco de España que es el órgano que asume en la actualidad el control e inspección de las mismas.

La CECA, Confederación Española de Cajas de Ahorro, organismo creado en al año 1928, viene a ser el ente que las representa a nivel institucional.

Y la FUNCAS, Fundación de las Cajas de Ahorros, es la institución sin ánimo de lucro encargada de gestionar la Obra Social de la CECA.

En estos momentos las cajas se rigen por la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, cuyos consejos de administración lo forman representantes gubernamentales fijados por cada CCAA, con representación sindical y es, a través de cada  Asamblea General, donde se ejerce el gobierno de cada una de ellas.

En la práctica y al no existir la figura del accionista, a diferencia del resto de bancos financieros regidos por la Ley de Sociedades Anónimas, no pueden proceder al reparto de dividendos a los socios, lo que conlleva que sus beneficios se deban destinar, en primer lugar a reforzar sus fondos propios, según las exigencias estatutarias de cada una de ellas, así como de las impuestas legalmente, amén de dotar de las obligadas provisiones que el Banco de España imponga. Y, en segundo lugar, a la Obra Social

De una forma sencilla, la Obra Social no es otra cosa que el conjunto de actividades culturales, educativas, deportivas, de conservación del patrimonio histórico y demás asuntos de interés social que son financiados por esa parte de beneficios generados por esas mismas cajas.

¿Se secarán los brotes verdes de la Obra Social?
Hasta aquí todo parecía idílico, las cajas ganaban dinero y contribuían al desarrollo social.

Pero la llegada de los acontecimientos que ahora vivimos ha destapado las deficiencias, más bien diría las vergüenzas y desvergüenzas, propias de la condición humana. Nos hemos encontrado que estas entidades han sido utilizadas en beneficio de los propios partidos políticos no ya sólo para su propia financiación, sino también para llevar acabo unos proyectos políticos de dudosa valía, han servido para establecer cuantiosas y vergonzosas retribuciones a sus directores, a todas luces obscenas; han financiado determinados negocios económicos sin atender a los más mínimos estándares éticos y de riesgos, contradiciendo no ya sólo las más elementales reglas económicas sino incluso a la propia finalidad social para las que fueron creadas. Pasaron a ser entidades financieras de economía real; de financiar verdaderos proyectos de economía social a inmiscuirse en esa economía especulativa del fregado financiero, participando en la venta y comercialización de productos financieros de dudosa transparencia, sin entrar a hablar de otras operaciones de calado inversor que nada tienen que ver con su propia finalidad.

De repente hemos descubierto que muchas de estas Cajas presentan un cuadro quebrado en sus cuentas con un desbocado endeudamiento, con una morosidad escandalosa; sin entrar en que, como no podía ser de otro modo, la mala utilización de las mismas ha contribuido al fomento de una buena parte de la corrupción imperante en este país.  

Y llegados a este punto, ¿en qué afecta todo esto a nuestra Obra Social...?

Pues la reestructuración y conversión a la que se están viendo abocado el conjunto de nuestras Cajas de Ahorros está dañando de forma importante la dotación de dinero que históricamente se venía destinando a ese fin.

Una de los caminos escogidos por buena parte de ellas es la creación de los llamados Sistemas Institucionales de Protección (SIP), mecanismo por el cual se agrupan creando un órgano de cabecera, generalmente un banco, en el cual participan como un socio más con una participación predeterminada. 

Las Cajas dejan de operar directamente en la gestión del negocio financiero y sus ingresos vendrán dados por el beneficio que se le asigne en función de su participación en ese SIP, con la particularidad de que deberán hacerse cargo, cada una de ellas, de esos activos tóxicos (activos inmobiliarios, entre otros) para liberar a precisamente a esas SIP. Con ello, y dadas las nuevas exigencias de ratios de capital que le serán exigidas, la disponibilidad de dinero de todas y cada una de ellas para destinar a la Obra Social será cada vez menor, lo que provocará que pueda incluso llevar a su desaparición en un futuro próximo.
Distribución de beneficios entre reservas y Obra Social. Anuario Estadístico Cajas de Ahorros.

Si el camino elegido es la propia intervención en las cajas por parte del Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, llamado FROB,  donde el propio Estado participa como socio dominante y estableciendo como premisa que el beneficio obtenido se destine a la devolución de esa aportación, parece claro que la situación de la Obra Social se torna mucho más complicada, sin analizar la posibilidad en la cual pueda decidirse, por parte de este socio dominante, la opción de venta de esa caja intervenida al mejor postor con lo que la desaparición de la dotación destinada a esa Obra Social será un hecho.
Fuente de datos Memorias: RSC CECA
En el año 2007 y 2008, el conjunto de nuestras Cajas destinaron a la Obra Social en torno a los 2.000 millones de euros; en el año 2009 apenas llegaron a los 1.800 millones y en el año 2010 la cantidad rondó los 1.400 millones (Datos de la CECA).

Esto nos da una idea del futuro al que está abocada nuestra querida y necesaria Obra Social.

Los pobres de España no te olvidamos.

Nos insisten los que ahora dirigen los designios de estas instituciones financieras en su compromiso más ferviente de que las aportaciones a la misma no decaerán, comprometiéndose a que ésta se postule como pieza fundamental para los distintos desarrollos económicos regionales de nuestro país, pero mucho me temo que las condiciones cada vez más exigentes que nos vendrán impuestas desde el exterior, acabarán por hacer mella en tan honroso objetivo, convirtiendo la buena intención de nuestros financieros en una auténtica quimera.

Soy Goyo Vilda y en este blog comparto contigo mis inquietudes y reflexiones semanales. Para atender tus intereses personales o necesidades empresariales estoy a tu disposición con todo el equipo técnico de ALFICO. Puedes usar el formulario de contacto de nuestra web o el teléfono 979 123 738.

sábado, 19 de noviembre de 2011

LAS PEQUEÑAS EMPRESAS ESPAÑOLAS

“Las medianas, pequeñas y microempresas (PYME’s) son el motor de la economía europea. Constituyen una fuente fundamental de puestos de trabajo, generan espíritu empresarial e innovación en la Unión Europea, y por ello, son vitales para promover la competitividad y el empleo”,  es la afirmación del Sr. Günter Verheugen, responsable de Empresa e Industria de la Comunidad Europea.

Dentro del marco de la UE y en aras de unificar el criterio para considerar lo que se conoce a nivel europeo el concepto de Pyme tendremos que estar a lo que nos dicta la recomendación 2003/361/CE publicada en el Diario Oficial de la UE de 30 de mayo del 2003 que entró en vigor el día 1 de enero del 2005 donde se delimita lo siguiente:
a) Mediana Empresa, aquella que tiene menos de 250 trabajadores y un volumen de negocio no superior a 50 millones de euros.
b) Pyme, aquella que tiene menos de 50 trabajadores y un volumen de negocio no superior a 10 millones de euros.
c) Micropyme, aquella que tiene menos de 10 trabajadores y un volumen de negocio no superior a 2 millones de euros.
En estos momentos el peso de las pymes en España representan el 78% del conjunto total de las empresas que operan estando la media europea en el 67,4%,

El empleo y autoempleo que generan esta clase de empresas va en consonancia con el peso dentro del aparato económico que no es otro que el 80% del total del empleo existente que se genera tanto en el conjunto de nuestro país como en el de la UE.

La problemática que presentan actualmente esta clase de empresas de reducida dimensión se ha venido fraguando a lo largo de la historia económica más reciente, males por otra parte con un denominador común para el conjunto de los países europeos, lo que ha llevado que en una situación como la actual donde el azote de la crisis se hace cada vez más evidente haya puesto a estas empresas en el disparadero mostrándose altamente sensibles y provocando una situación de  insostenibilidad acompañado de cuadro de destrucción de empleo verdaderamente preocupante.

Atendiendo a un análisis simple la problemática que las aqueja  viene por varias vías.

El primero de los inconvenientes que presentan es su baja capitalización, esto es, apenas presentan patrimonio empresarial propio para poder acometer con garantías la financiación de sus proyectos lo que provoca la falta de recursos financieros que les son necesarios.

El segundo es su tamaño que impide una expansión de sus propios negocios a nivel nacional y más aún en el ámbito internacional.


El tercero se plantea dentro del ámbito laboral espacial donde existe, fundamentalmente en nuestra legislación, una rigidez que hace que no en pocos casos se ahuyente la contratación de personal por parte de la gran mayoría de ellas.

Y el cuarto, a mi modo de ver, es el protocolo que presenta actualmente nuestro país  a la hora de poner en marcha la máquina legislativa. Se crean muchas y demasiadas leyes difícilmente asimilables para estas pequeñas empresas, amén que esas mismas leyes van más encaminadas a otra clase de empresas de mayor tamaño. 

Si a esto añadimos que la deuda que mantienen nuestras distintas administraciones con esta clase de empresas llega a la friolera de 12.000 millones de euros lo que ha provocado la desaparición de unas 300.000 en los últimos cuatro años nos mostrará la realidad en la que se mueven.

Cientos de miles de Pymes han dejado de existir.
No sé lo que nos deparará el nuevo gobierno entrante, en todo caso, si queremos que esta catarsis acabe, habrá que acometer una profunda y verdadera reforma de nuestra política empresarial que consiga crear  un entorno y condiciones favorables para la recuperación del tejido empresarial e industrial que representan nuestras pequeñas empresas y así recuperar el pulso y la senda de generación de empleo.

Habrá que acometer reformas en el aspecto laboral aplicando una legislación más flexible que favorezca la contratación de personas, se tendrá que apostar por un apoyo a empresarios jóvenes y no tan jóvenes con iniciativa creadora, habrá que tener en cuenta medias fiscales diseñando legislaciones que sean más propias para esta clase de empresas y, en definitiva, habrá que prestar más atención, por parte de nuestra clase política, hacia este sector empresarial a fin de que recuperen la confianza necesaria y de forma urgente.

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lunes, 7 de noviembre de 2011

LA DACIÓN EN PAGO HIPOTECARIO

"Cobre y quédese el cambio"
Seguramente si se realizase una encuesta a todas las personas que actualmente mantenemos algún tipo de obligación de pago hipotecario, con alguna de las entidades que conforman nuestro sector bancario, sobre la posibilidad de entregar nuestra vivienda a cambio de la cancelación total de la deuda hipotecaria, en momentos difíciles como los actuales, es muy probable que la gran mayoría de nosotros, ante un eventual incumplimiento de nuestras obligaciones, accederíamos evitando así consecuencias desagradables de mayor calado. Y esto lo veríamos del todo justo sin entrar a considerar otro tipo de argumentos jurídicos, económicos, personales o sociales.

Si tenemos en cuenta el hecho manifestado por el Consejo General del Poder Judicial que afirma que más de 350.000 familias deberán abandonar su vivienda en los próximos 5 años por ejecuciones hipotecarias y, además, desde el 2007 hasta finales del 2010 los procedimientos de ejecución hipotecarios llegaron a los 300.000 casos, nos podemos hacer una idea de hasta qué punto estos datos estadísticos tan aterradores vienen a mostrarnos una gráfica del actual momento en el que se vive, por otra parte, datos que no tienen paragón hasta la aparición de la presente crisis.       

En principio, cuando alguien deja de pagar la cuota de la hipoteca existe un protocolo bancario, más o menos aceptado por la mayoría de las entidades bancarias, en el cual durante los siguientes 20 días al impago el banco se pone en contacto con el obligado para solventar tal eventualidad, no sin antes cobrar entre el 5% y el 6% de interés de demora. Si la situación persiste y no hacemos frente al impago, el banco inicia un procedimiento de demanda por la vía judicial, dentro de los 6 primeros meses desde el impago, e iniciar así la reclamación y en última instancia el embargo de nuestra vivienda, proceso que puede durar de 8 a 18 meses.

La nueva Ley Hipotecaria permite al moroso presentar una propuesta de pago a la entidad bancaria y así parar el procedimiento judicial de reclamación, claro está, haciéndose cargo de la deuda pendiente más las costas judiciales que por lo general son cuantiosas, pudiendo alcanzar el 20% del valor de tasación del inmueble.


La ejecución hipotecaría se regula tanto por la Ley 1/2000, de 7 de enero, Ley de Enjuiciamiento Civil como por la Ley de 30 de diciembre de 1944, Texto Refundido según Decreto de 8 de febrero de 1946, más conocida como la Ley Hipotecaria, modificada, a su vez, por sucesivas normas hasta la llegada de la Ley Orgánica 15/2003.

Es del todo seguro que, ante una falta de pago de la hipoteca, ninguna parte resulta ganadora. Por una parte, el individuo que se ve abocado al desahucio, y por otra la entidad bancaria, dado que según la norma del Banco de España donde se obliga a estas entidades a provisionar la totalidad de la deuda hipotecaria a partir de tres cuotas vencidas y no pagadas por parte del deudor. Es decir, los bancos deben de guardar en una reserva el mismo importe principal del préstamo hipotecario sin la posibilidad de poder disponer de él, lo que deteriora enormemente su negocio bancario, amén del perjuicio en su cuenta de resultados.

Llegado el momento del embargo de la vivienda por parte de la entidad bancaria es muy probable que la deuda adquirida no se vea satisfecha en su totalidad si nos atenemos a lo que se establece en nuestra legislación, a diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones donde es habitual la figura de la “dación en pago” que, definida de forma coloquial, sería la entrega del inmueble a cambio de la cancelación  total de la deuda hipotecaria.

En algunos países de la UE y en especial EEUU esta figura de la dación en pago se aplica comúnmente para ciertos supuestos concretos tales como cuando se trata de la vivienda habitual del deudor o cuando el deudor actúa de buena fe. Nuestra legislación, y más en concreto nuestro Código Civil, no hace mención expresa a esta figura jurídica, es más no habla de ella como un modo de pago de las obligaciones aunque sí es cierto que supone su institución si atendemos a determinados artículos del Código Civil y más en concreto al artículo 1274 del antiguo Código Civil de 1946.

"Que firme la hipoteca y que parezca un accidente"
En resumidas cuentas, nuestra legislación sí contempla la posibilidad de formalizar un préstamo de hipoteca incluyendo la dación en pago como cláusula adicional del mismo, como así lo establece el artículo 140 del la Ley Hipotecaria, el cual posibilita que antes de la firma del contrato de préstamo haya un acuerdo entre las partes admitiendo esta cláusula, porque si esto no se realizase, y por omisión, se aplicaría lo dispuesto en el artículo 105 de la misma Ley Hipotecaría, lo que supone en definitiva, que el deudor hace frente, ante un posible impago de la hipoteca, no sólo con la propia vivienda sino con todos sus bienes presentes y futuros hasta cubrir la citada deuda, que para “consuelo de todos” es lo que hemos venido firmando de forma generalizada la mayoría de nosotros.  

Actualmente, de forma escueta, existen en nuestro país dos problemas con respecto a nuestro sistema hipotecario:
Primero.- El banco puede adjudicarse por el 50% del valor de tasación nuestra vivienda, una vez desierta la subasta, con lo que el otro 50% se convierte de facto en una deuda ilimitada, esto es, el banco se queda nuestra vivienda a un precio inferior que no cubre la deuda existente trayendo como consecuencia que la deuda no se extinga con la entrega de la propia casa. 
Segundo.- Aplicar la condición de la dación en pago de forma retroactiva a los préstamos ya firmados plantearía problemas tanto de índole jurídico como económico:
a) No es posible cambiar las normas ante un contrato de préstamo formalizado con anterioridad porque provocaría una figura llamada “indefensión jurídica” a las entidades bancarias.
b) Cuando se firmaron los contratos de préstamo se hicieron en libertad de ambas partes, a nadie se le obligó a hacerlo.
c) Tengamos en cuenta también que una parte del dinero prestado por las entidades bancarias a través de esos mismos créditos hipotecarios no se utilizó para la adquisición de la vivienda sino que se utilizó para otros menesteres como práctica, desacertada, de nuestra propia cultura consumista.
Como reflexión final, si alguno de nosotros pusiéramos como condición a la entidad bancaria que nuestro préstamo hipotecario se acogiese a la cláusula de la dación en pago a buen seguro esto provocaría que el banco no sólo no estaría dispuesto a concedernos más allá del 50% del valor de tasación de la vivienda, obligándonos indirectamente a que una parte del pago de la misma viniese por el canal del ahorro, sino que las condiciones económicas que nos impondría en nuestro préstamo serían mucho más severas.

Dentro de la problemática actual y dado que los bancos se han ido convirtiendo, de forma involuntaria y muy a su pesar, en auténticas agencias inmobiliarias, a la vez que se tardará largo tiempo en equilibrar la demanda con la oferta de inmuebles por la cantidad tan ingente que de estos bienes atesoran estas entidades, tendremos que ir pensando que el acceso a la vivienda, siendo un bien básico en nuestro modo de vida, se antojará difícil y costoso agravado por el bajo nivel de empleo y rentas de las que disponemos la mayoría de ciudadanos.

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sábado, 22 de octubre de 2011

EL "COPAGO" SANITARIO

El artículo 43 de nuestra Constitución de 1978 normaliza el derecho de todos los españoles a la protección de la salud estableciendo como obligación a los poderes públicos la organización y tutela de la Salud Pública.

Esta aseveración que marca nuestra Ley de leyes transforma el Derecho a la Salud como un derecho fundamental y lo dota de un carácter universal para todos y cada de los ciudadanos de nuestro país.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, Ley General de Sanidad regula todas las acciones que permiten hacer efectivo el derecho a la protección de la salud reconocido en ese artículo de nuestra Constitución.

Más recientemente el pasado mes de julio se aprueba la Ley General de la Salud donde se reconoce, en esencia, el acceso a la asistencia sanitaria de todos los ciudadanos sin excepción, lo que reafirma más si cabe la universalidad de este servicio tan básico y vital.

A través de estas normas, y otras más que se han ido redactando, el legislador viene a definir dos hechos de capital importancia, el primero, que todos los ciudadanos tienen el derecho ineludible de poder acceder a un sistema de salud digno y el segundo, descarga sobre la Administración la obligación de dotar a ese sistema de todos los medios necesarios y suficientes para que pueda ser ejercido tal derecho.

Así pues, y bajo la tutela de nuestras Administraciones, cualquier ciudadano podrá tener a su alcance al conjunto de medios humanos y materiales denominado Sistema Nacional de Salud que es el que debe de garantizar uno de nuestros pilares fundamentales del llamado Estado de Bienestar que no es otro que la salud individual de cada uno de nosotros.

Surge, pues, la cuestión de fondo que no sólo ataña a nuestro país sino a todos los países de nuestro entorno, o al menos de aquellos cuyas economías son más avanzadas, sobre cómo afrontar el coste que le supone a cada país garantizar con plenitud el ejercicio de la salud para todos y cada uno de los ciudadanos.

¿Cómo dotar los recursos necesarios para llevarlo a cabo?

¿Cómo hacer que sea sostenible a lo largo del tiempo?

En nuestro país los recursos que se destinan a nuestro Sistema Nacional de Salud se establecen a través de nuestros Presupuestos Generales del Estado “consolidados”; los formados por el Estado, los Organismos Autónomos, la Seguridad Social y el resto de Organismos.

Recordemos que la competencia de la Salud ha ido transfiriéndose desde el año 2003 a cada una de las CCAA de tal modo que son ellas con sus presupuestos las que deben garantizar el funcionamiento de nuestro sistema y, a modo de ejemplo, la Comunidad de Castilla y León destina al capítulo de salud 1.685 millones de euros de los 10.045 millones de su presupuesto total y la Comunidad de Madrid destina 7.125 millones de euros de un total de 16.724 millones que conforman su presupuesto global.

En el conjunto de nuestras CCAA, prácticamente el 40% de sus presupuestos van destinados al sector sanitario.

Hay que tener en cuenta que el sistema sanitario resulta ser un sistema deficitario para el conjunto de nuestras administraciones y en consecuencia para todos nosotros; necesitamos mucho dinero de nuestros presupuestos para que pueda ser desarrollado de forma eficaz.

El Informe Abril elaborado en el año 1991 vino a sugerir un sistema de “copago” sanitario al establecer que los pensionistas con más recursos pagaran parte de las medicinas.

Más recientemente, en enero de este año el Secretario de Estado de Hacienda, el Sr. Ocaña, opinó, a una pregunta que se le formuló al respecto de nuestro Sistema de Salud, que habría que considerar en un futuro el establecimiento de un sistema de pago directo por parte de los ciudadanos para aliviar la carga presupuestaria de nuestras administraciones.

Así y con todo, existen otras voces que afirman que antes de llegar a la contribución del propio ciudadano habría que emprender un saneamiento de otros sectores de nuestra economía a la vez que acometer reformas estructurales de nuestro sistema sanitario ya contempladas en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y la Ley de Cohesión y Calidad de la Salud.

Si bien es cierto que ningún gobierno desde la entrada de la Democracia en nuestro país se ha atrevido a poner sobre la mesa tan controvertida materia, no es menos cierto que ya existe uncopago encubierto y valga como ejemplo la contribución del famoso céntimo sobre carburantes que algunas CCAA ya aplican, el pago de una parte de nuestras recetas para medicamentos para parte, sobre todo, de la clase trabajadora, sin dejar de lado que determinadas especialidades médicas están fuera de la cobertura sanitaria como son los odontólogos y podólogos, entre otras.

La salud tiene precio
En lo que atañe a países de nuestro entorno más directo, cada país acomete la financiación con fórmulas diversas aunque el espíritu es común denominador a todos, derivar directamente al bolsillo de los ciudadanos una parte de esta factura sanitaria para descongestionar la aportación estatal, así pues...
  • Francia, el ciudadano aporta 1 € por visita al médico.
  • Italia, 10 € por visita al médico y 25 € por urgencia al hospital.
  • Alemania, 10 € al trimestre por visita al médico, el 10% del precio del medicamento y 10 € por cada día de hospitalización.
  • Suecia y Noruega, de 15 € a 20 € por visita la médico, 7 € por cada día de ingreso en un hospital y pago de medicamentos hasta un total de 180 €.
  • Reino Unido, es similar al español.
  • Irlanda, de 2,20 € a 4,50 € por visita al médico, 100 € por urgencia al hospital y hasta un máximo de 120 € en gasto de medicamentos.
  • Portugal, de 2,20 € a 4,50 € por visita al médico.
  • Grecia, todos los ciudadanos pagan el 25 % de los medicamentos.
  • Austria, de 8 € a 17 € por día de hospitalización y 5 € por receta médica.
Y a la vista de estas comparativas con los países de nuestro espectro geográfico, con los que compartimos nuestra andadura a través de la Unión Europea, más que nunca debemos plantearnos la viabilidad de nuestro sistema de salud para el futuro.

Dicen los juristas constitucionales que imponer una tasa por la utilización de los servicios sanitarios provocaría el incumplimiento del ejercicio de tal derecho universal para una parte de nuestros ciudadanos agravado por el abandono que les provocaría en su persona al no poder afrontarlo por su bajo nivel de rentas.

El abuso que históricamente hemos hecho no sólo de la utilización de los servicios sanitarios, incluyendo el despilfarro en medicamentos innecesarios, ha contribuido también a esta situación deficitaria en la que nos encontramos.

Nos guste o no, habrá que afrontarlo a un juego a dos bandas, por una parte la Administración deberá sanear otros sectores y así poder destinar más recursos a este bien básico a la vez que debe acometer una reestructuración en el propio sistema sanitario a fin de conseguir una mejor optimización de esos recursos, y por otra parte, el ciudadano en un ejercicio de responsabilidad deberá utilizar los servicios de forma más razonable y cuando la necesidad lo exija.

Alguien dijo alguna vez que nada conciencia más a la gente que hacerla pagar para que valoren el servicio que reciben aunque creo que si esto se produjese supondría una vía recaudatoria más para nuestros poderes públicos.

En todo caso el dilema no tardará en despejarse.

Soy Goyo Vilda y en este blog comparto contigo mis inquietudes y reflexiones semanales. Para atender tus intereses personales o necesidades empresariales estoy a tu disposición con todo el equipo técnico de ALFICO. Puedes usar el formulario de contacto de nuestra web o el teléfono 979 123 738.

viernes, 7 de octubre de 2011

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

Una vez más y a tiro de piedra para que se celebren las próximas elecciones en nuestro país apoyado por el deterioro económico en el que nos encontramos sale a colación el siempre recurrente debate en torno a la situación tributaria y fiscal de nuestros ricos y millonarios.

El debate que se plantea aquí y ahora pudiera llegar a ser de capital importancia si el planteamiento se hubiera hecho en otros términos, desde la tranquilidad que da un análisis en profundidad de nuestro aparato fiscal, aún a pesar que lo que se persigue en último término es una recaudación adicional para nuestro erario público, por otra parte bien necesitado, y atendiendo también al principio de equidad donde, al menos, una parte de ciudadanos con cierto nivel de ingresos contribuyesen en justicia a ese aporte adicional que les pudiese corresponder.

El pasado 22 de septiembre sus señorías del Congreso de los Diputados en sesión plenaria, y a marchas forzadas, aprueban la reactivación del ya conocido Impuesto sobre el Patrimonio suspendido desde el año 2007, para aquellos patrimonios que en principio superen al menos los 700.000 euros lo que afectará, según estimaciones, a unos 160.000 contribuyentes y supondrá una recaudación adicional en torno a unos 1.000 millones de euros frente a los, aproximadamente, 2.000 millones de euros que recaudaba en la etapa anterior a su exención.

En esencia hay que decir, y sin entrar en tecnicismos, que el citado impuesto es un tributo prácticamente exclusivo en nuestro ordenamiento español reconociéndole cierto parangón con el diseñado en Francia a raíz de un impuesto solidario para ricos.

Hay dos particularidades importantes que atañen a este singular y mediático impuesto, la primera es que es un impuesto de legislación estatal, le corresponde a la Administración Central, aunque fue cedido a las CCAA para su gestión y recaudación para que éstas tuvieran otro canal recaudatorio, el segundo que es un impuesto que grava a las personas físicas, nunca a las empresas, por el patrimonio que éstas poseen y en ningún caso grava las ganancias y rendimientos que se generan.

Una vez dicho esto y a la vista de los acontecimientos que se avecinan, bien podríamos preguntarnos sobre la causa y el efecto de tal singular decisión sobre la activación del mismo.

Tradicionalmente, los políticos suelen utilizar nuestro engranaje fiscal a conveniencia de sus idas y venidas a fin de someter, en muchas ocasiones de manera torpe, la carga tributaria ciudadana según convenga a fines electoralistas y de opinión pública, lo que en esta ocasión se ha producido de forma premeditada y flagrante.

La manera en la que este impuesto a saltado a la palestra de forma tan rocambolesca nos evidencia, por parte de nuestra clase política, la falta total de planificación para dar cumplimiento a un principio fundamental que debe regir cualquier diseño de nuestros impuestos y es que estos deben ser justos y equitativos cuyo fin es hacer pagar al que no paga, o en todo caso, hacer pagar más al que más tiene, y a tenor de las manifestaciones de nuestra ministra de Hacienda la Sra. Salgado expresando el deseo de que el próximo gobierno perfeccione la imposición del citado impuesto demuestra, sin entrar en otras consideraciones técnicas, hasta qué punto llega la precipitación en el deseo de agradar a un sector del electorado.

Si queremos que nuestros ricos aporten al sistema su parte alícuota en consonancia con su poder adquisitivo la solución pasa inevitablemente por un diseño impositivo generado por criterios técnicos donde los expertos en la materia, y no la clase política, sean los que una vez por todas tomen las riendas del aparato tributario.

Y digo esto porque los ricos históricamente han dispuesto de numerosos recursos, sabidos y consentidos y en ocasiones participados por nuestra clase política, para relajar e incluso evitar su contribución hacia nuestras arcas tales como:
  1. Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), donde el tipo impositivo es el 1% frente al 30% (ó 25%) del resto de sociedades. Este tipo de sociedad es comúnmente utilizado por conocidos millonarios y famosos.
  2. Fundaciones, que sirven para ocultar la titularidad de patrimonios que además pueden ser domiciliadas en paraísos fiscales y que no tributan por las aportaciones que se las hacen. Estas son utilizadas fundamentalmente por grandes corporaciones y bancos.
  3. Sociedades Patrimoniales, a las que se las aporta bienes inmuebles y que no pagan el citado Impuesto de Patrimonio sin mencionar que sirven para evitar la responsabilidad personal de sus socios actuando como un auténtico blindaje de patrimonios. Muy utilizadas por ricos y millonarios.
  4. Domicilios Sociales de Empresas, se domicilian sociedades en países de baja o nula tributación. Esto es habitual con las sociedades filiales de las grandes empresas y corporaciones.
  5. Paraísos Fiscales, donde ni se paga ni se informa. Son los propios gobiernos de países quienes los tienen y los consienten para la captación de grandes capitales de dudoso origen.
  6. Deslocalizaciones, fingir otra residencia para no tributar, recurso utilizado de manera habitual por deportistas millonarios.
Y por si todo esto no fuera poco, nos encontramos con una laxa y permisiva legislación en nuestro Impuesto de Renta (I.R.P.F.) que favorece de forma clara la tributación a las grandes rentas de capital, habitual canal de ingresos de los ricos, tales como las inversiones en bancarios, los dividendos de empresas y las ganancias en la bolsa, entre otras, donde se las aplica un tipo máximo del 21% en contra de las rentas del trabajo, las nóminas de trabajadores, que pueden llegar a tributar al tipo del 45%. Sin entrar en que el Impuesto del Valor Añadido (I.V.A), en ocasiones grava con el 8% productos de lujo y con el 18% productos de primera necesidad.

Un hecho indignante que pasó desapercibido a los ojos y oídos de los ciudadanos se produjo en el año 2005, cuando por un acuerdo entre PSOE, PP y CIU las SICAV pasaron al control y supervisión de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) y no de la Inspección de Hacienda, como hasta entonces, y que además fue ratificado por el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) que estableció el carácter retroactivo de este acuerdo lo que provocó que se anulasen actas de inspección a este tipo de sociedades por millones de euros con la indignación del cuerpo de técnicos e inspectores de Hacienda. Nunca en mi vida profesional, y llevo veinte años en ejercicio como asesor fiscal, me había encontrado con un hecho de estas características tan escandalosamente premeditado para favorecer de forma tan descarada a un sector de nuestros ciudadanos de por sí ya altamente consentidos.

En el año 2004 se crea la Ley que regula el Régimen Especial para Extranjeros No Residentes, conocida como la “Ley Beckham”, por coincidir con la llegada de este jugador de fútbol a nuestro país, donde se establece una tributación especial del 24% fija para aquellas élites de profesionales en el campo del deporte, científico, cultural y empresarial que se instalen en nuestro país hoy claramente favorecedora para conocidos y millonarios deportistas.

Sin entrar en otra serie de normas aprobadas con alevosía y a escondidas como el Real Decreto de enero del 2010 donde, en resumen, se favorecía la tributación de los más ricos permitiéndoles tributar al tipo del 21% operaciones que debían ser tributadas al 45% por operaciones que en la ley fiscal se las conoce como “operaciones vinculadas”.

Y para terminar, con esta serie de lindezas, nos hemos encontrado con la noticia este año 2011 del pago que han tenido que hacer fortunas españolas, entre otras la familia Botín, y no precisamente por voluntad propia, al fisco español por patrimonios ocultos en Suiza descubiertos curiosamente por el fisco francés.

Y a la vista de estas facilidades legislativas, de los entramados financieros y fraudes fiscales que se cometen de forma regular y a gran escala nadie puede llegar pensar que con la activación de este Impuesto sobre el Patrimonio se consiga, siquiera, paliar en parte el deficiente e injusto sistema tributario de nuestro país.

Apostar por una legislación que ayude a aflorar nuestra economía sumergida, a sostener el tejido empresarial de autónomos y pymes abandonados e ignorados durante décadas, a luchar contra el abultado y verdadero fraude fiscal haciendo pagar al que no paga, como reclaman desde hace tiempo el cuerpo de técnicos de Hacienda, dotando de mayores y mejores medios materiales y humanos, actualmente disponemos de no más de 900 inspectores en toda España, todo ello nos llevará a un saneamiento de nuestras cuentas públicas que repercutirán en una corrección de nuestra maltrecha economía.

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martes, 27 de septiembre de 2011

BONOS AUTONÓMICOS... BONOS PATRIÓTICOS

A la vista de los recientes acontecimientos que se están desplegando a lo largo y ancho de nuestra geografía en materia de financiación de nuestras administraciones, y más en concreto, de nuestras CCAA, a fin de que puedan afrontar sus cuantiosas obligaciones de pagos más inmediatas y perentorias, nos estamos encontrando, a colación de la dichosa crisis, con el descubrimiento de una nueva variante de negocio en el campo financiero impensable, o poco probable, hasta hace poco dentro de nuestro sistema económico nacional.

Hasta ahora cuando una determinada Administración Pública necesitaba pedir prestado dinero, endeudarse en el argot financiero, para poder afrontar sus gastos e inversiones, pagos también en ese argot financiero, procedía a la emisión de deuda pública a través de las fórmulas ya conocida como las obligaciones, pagarés, bonos o letras del tesoro, entre otras, y eran los llamados inversores institucionales, tales como otros Estados, empresas de inversión, entidades de crédito, aseguradoras, fondos de inversión, fondos de pensiones... etc., los que acudían a esta llamada y compraban esas emisiones a cambio de un tipo de interés acorde al propio mercado.

De repente, y ante los acontecimientos económicos que vivimos, los mercados se han vuelto tremendamente desconfiados con nuestras administraciones y esos mismos inversores que históricamente acudían a la llamada para prestar a través de la compra de esas emisiones públicas ya no lo hacen por una razón bien simple... no se fían.

Y es aquí donde descubrimos la nueva variante del negocio, ante la falta de los clientes históricos, y acuciadas por una necesidad imperante de dinero, las CCAA tratan de colocar, esto es argot bancario, estas emisiones públicas directamente sobre los llamados minoristas, particulares en el lenguaje financiero, utilizando los servicios de intermediación precisamente de aquellas entidades de crédito que son las que se niegan a comprar esas emisiones y todo a cambio de una comisión por unos servicios de intermediación.

A partir de ahora, y creo que por algún tiempo, vamos a disponer, los ciudadanos, de un nuevo producto financiero donde colocar nuestros exiguos ahorros dentro del abanico que ya existe en el campo del negocio financiero/bancario, producto, por cierto, bautizado con el nombre de“Bono Patriótico”, y además nos pagarán tipos de interés muy por encima de los tradicionales productos financieros postulándose, a su vez, como auténtica competencia de esos mismos.

Primero fue la "burbuja inmobiliaria"... Ahora hay otras "burbujas"... sutiles, ingrávidas y gentiles.
En resumidas cuentas, y para dar una explicación concisa, resulta que las CCAA utilizan los servicios de esas mismas entidades de crédito, que son las que se niegan a comprar estos bonos patrióticos, a saber por qué, para que nos las vendan a los ciudadanos a cambio de una lucrativa comisión por hacer de intermediarios vendiendo un nuevo producto, como son esos bonos, y que además hacen una competencia feroz a los productos de esas mismas entidades.

Bueno, curioso todo esto.

A cierre del segundo trimestre de este año el conjunto de la deuda española superaba la nada despreciable cifra de 700.000 millones de euros (65,20% del PIB), creciendo el endeudamiento de nuestras CCAA un 23% con respecto al año anterior.

Así pues, y a modo informativo, los mayores niveles de endeudamiento lo presentaban la Comunidad Valenciana, la de Cataluña y la de Castilla-La Mancha, llegando al 20%, 19,2% y 17,2 %, respectivamente, mientras que las menos endeudadas eran las de Madrid, País Vasco y Canarias con un 7,7%, 7,9% y 8,2%, respectivamente, de sus respectivos PIB.

Ante este panorama el Gobierno prohibió que algunas CCAA, por su elevado nivel de endeudamiento, pudieran endeudarse más a largo plazo, más allá de un año, y a pesar de todo esto la deuda de estas administraciones está aumentando más rápidamente que la de la propia Administración Central.

¿Qué hacen las CCAA para sortear esta prohibición...? Pues sacan al mercado estos bonos autonómicos, los “patrióticos”, con vencimientos no superiores al año, ofreciendo rentabilidades muy por encima de lo que dicta la lógica económica, así y a modo de ejemplo, la Comunidad de Andalucía ofrece intereses al 4,25%, la de Cataluña al 4,75 %, la de Valencia al 4,75 %, la de Galicia al 4%, la de Castilla y León al 4,75% y la de Madrid al 4,75%.

Hay que señalar que a estas rentabilidades hay que sumar la comisión que las citadas entidades de crédito cobran a estas administraciones por utilizar su red comercial y se servicios que, en muchos casos, llegan al 3% adicional, lo que resulta que el coste total para estas administraciones, en definitiva para todos nosotros, puede llegar incluso al 7,75%.

Uno de los casos más sangrantes lo tiene Cataluña que para devolver la primera emisión de deuda diseñada por el anterior gobierno autonómico con vencimiento el próximo 21 de noviembre, deuda cuyo coste total ascendió, nada más y nada menos que al 7,75%, tiene previsto emitir nueva deuda a fin de poder devolverla dada la precaria situación que atraviesa.

La "estampita" y las letras "de pelota"...
Mucho me temo, que la situación que se está creando con la emisión de los dichosos bonos nos está llevando a una espiral de deuda tal que las futuras emisiones no irán encaminadas para paliar los gastos corrientes e inversiones que se propongan afrontar estas administraciones sino que irán destinados a cubrir la devolución de los vencimientos de esas emisiones con unos costes cada vez mayores y probablemente inasumibles.

Estas emisiones de bonos están poniendo en jaque, cada vez más, la solvencia española frente al mercado exterior expresada en un empeoramiento de nuestra calidad crediticia y en un elevado déficit en el conjunto de nuestras administraciones lo que nos lleva a pensar el grado de responsabilidad que tienen nuestras CCAA.

Como nota positiva, y dentro de este galimatías, al menos el nivel de endeudamiento, en el conjunto de las administraciones locales, el de los Ayuntamientos se ha mantenido estable, si bien a partir de primeros de este año no se les permite endeudarse más allá del 75% de sus ingresos corrientes.

Habrá que esperar si el nuevo Gobierno venidero será capaz de aunar esfuerzos y reconciliar posiciones para que el acuerdo con el conjunto de nuestras administraciones nos lleve a encauzar la ya de por sí agonizante situación.

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viernes, 16 de septiembre de 2011

EL DESEMPLEO Y LA ESTADÍSTICA

Hay quien sostiene que la estadística se convierte en una ciencia diabólica dependiendo de quién la realiza y según la toma de datos en los que se apoya el estudio que queremos analizar, en todo caso, hay momentos en los que por mucho que se intenten trastocar o maquillar ambas variables el resultado se antoja irrefutable.

Si tenemos en cuenta que a fecha de hoy el desempleo que venimos padeciendo, de forma más intensa que nunca, se ha convertido en nuestra primera preocupación ciudadana, desbancando incluso al ya tradicional y trágico problema del terrorismo, nos podemos hacer una idea de la importancia que adquiere un análisis real y riguroso, tanto en su aspecto cuantitativo como cualitativo, de la problemática que presenta en nuestro país el mercado laboral.

La realización de un estudio transparente y claro de nuestro mercado de trabajo traería como consecuencia última sacar las conclusiones que bien podrían ayudarnos a tomar una serie de soluciones adecuadas para paliar, en la medida de lo posible, lo que a buen seguro se ha convertido, y por largo tiempo, se convertirá en un problema de gran calado que torpedea duramente la línea de flotación de ésta nuestra sociedad, que no es otra que el derecho constitucional a que todo ciudadano disponga de la oportunidad de ocupar un puesto de trabajo y así se desarrolle tanto en el aspecto profesional y como personal.

El problema del desempleo, verdadera guillotina del futuro de jóvenes y no tan jóvenes, y por la importancia que adquiere su dimensión, se viene analizando históricamente por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a través de la Encuesta de Población Activa (EPA) desde allá por el año 1964.

A lo largo de los años, el método estadístico, y dada nuestra integración en la Unión Europea, ha ido sufriendo ciertas transformaciones en el modo y en el método a fin de perseguir la uniformidad de datos con el resto de países de la Unión, todo ello, recogido en los distintos Reglamentos números 577, 1.897 y 2.257 de los años 1998, 2000 y 2003, respectivamente.

En el año 2002 se introdujo un gran cambio en la metodología de la EPA que afectó tanto a las definiciones utilizadas en la encuesta como al proceso de cálculo de los resultados.

En el 2005 los cambios supusieron una nueva EPA y ruptura de la serie histórica de información.


La EPA realiza el estudio estadístico de nuestro mercado laboral sobre una población igual o superior a los 16 años. En base a este segmento de población, analiza el volumen que existe de personas ocupadas, desempleadas e inactivas sobre una población potencialmente activa; lo que permite calcular la “tasa de actividad” de nuestra población.

En el plano de las definiciones, y a modo sencillo, diré de forma escueta que se considera:
  • Ocupado, a la persona con trabajo remunerado.
  • Parado, a la persona que no está ocupada y que busca empleo activamente o espera encontrarlo.
  • Población Inactiva, a los estudiantes, amas de casa, jubilados, enfermos para trabajar y los que no buscan empleos.
  • Población Activa, lo forman ocupados y parados.
  • Tasa de Desempleo, sería el número total de parados entre el total de población activa, en tantos por ciento.
  • Desempleo Estructural, al desempleo de largo plazo e involuntario que no disminuye ni desaparece y que va muy ligado al desarrollo tecnológico.
  • Desempleo Coyuntural, al desempleo ligado a la evolución propia de la economía, siendo cíclico. Esto es, aumenta o disminuye según evolucione esa economía.
Hasta aquí los conceptos técnicos, pero lo que realmente resulta relevante es saber en qué situación se encuentra nuestro mercado laboral con respecto al resto de los países de nuestro entorno, por qué nuestro mercado resulta tan sensible a los cambios cíclicos de la economía, por qué sufre un deterioro tan rápido y con tanta ralentización se recupera, y lo que es más grave por qué presenta tasas de desempleo tan galopantes y duraderas en el tiempo, al cierre del primer trimestre del presente año era del 20,89 % (4.833.700 parados), lo que conlleva una carga dramática para el futuro de familias y parados, sin entrar en lo que supone para una sociedad un aspecto para mí de vital importancia como es la fuga de talentos al exterior, entre otras consecuencias.


Una de las explicaciones que se podría dar a la composición de nuestro desempleo sería que, desde siempre, nuestro mercado laboral ha presentado una dualidad, que se podría explicar de forma sencilla, porque existe una parte de nuestro mercado compuesto por trabajadores de más edad y con contratos indefinidos con una mayor protección laboral y mejores remuneraciones, y otra parte, donde existen trabajadores jóvenes con contratos temporales y un alto grado de desprotección.

Esto provoca efectos negativos en nuestra productividad, dado que esos trabajadores jóvenes y con contratos limitados no tienen acceso a una formación laboral adecuada y así el ajuste en una crisis, como la que ahora vivimos, bien ha podido venir, como suele suceder, por el lado más débil canalizándose a través de despidos masivos en este sector de trabajadores, provocando que en nuestro país tengamos una de las mayores tasas de desempleo juvenil que al cierre de este primer trimestre llega a la escandalosa cifra del 43,61%.

Otro de los aspectos contundentes es que nuestro desempleo estructural nunca ha bajado del 8%, incluso en situaciones de bonanza económica que es donde más se activa nuestra maquinaria de generación de empleo, lo que nos lleva a tener una de las mayores tasas de desempleo dentro de los países que conforman la OCDE.

Parece pues claro, que nuestro mercado de trabajo está fuertemente ligado al nivel de desarrollo que presente nuestra propia economía. Una economía muy intensiva en mano de obra, necesita más mano de obra que otros países para producir lo mismo, y con un bajo nivel de desarrollo tecnológico. Así, y para que nos hagamos una idea, Alemania creciendo el 1% ya genera empleo neto mientras que España necesita hacerlo a tasas del 3%, es decir, el triple.

Si queremos, abatir estas nefastas estadísticas y abandonar la cola de los países generadores de empleo no quedará más remedio que afrontar, de una vez por todas, un verdadero cambio en nuestro modelo productivo.


No hay mayor activo en una sociedad que las personas que lo forman y no hay sociedad que pueda ser desarrollada sin la participación más directa de los que la componen, por eso habrá que abordar programas de alto valor añadido, por la vía del desarrollo tecnológico en todos los campos de nuestra industria, de servicios, en ciencia, educación y en cultura lo que llevará que nuestra sociedad tenga otra dimensión y así nuestra economía dé una verdadera oportunidad a quienes hoy se sienten frustrados y ninguneados por el sistema, donde se incentive la valentía de empresarios, se invierta en investigación y se apueste por un verdadero desarrollo y así provocar que nuestro país abandone de una vez por todas esas nefastas estadísticas que siempre nos acompañan.

Apostar por esto no es un deseo, es una necesidad.

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sábado, 27 de agosto de 2011

EL PAPEL DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES


En pleno debate sobre la conveniencia de una racionalización del gasto en el conjunto de las Administraciones Públicas o de la cacareada necesidad en la reestructuración y optimización de este sector público, nos encontramos en uno de esos momentos históricos donde nuestra clase política, bien por razones económicas, por la crisis que atravesamos, bien por razones electoralistas, estamos prácticamente en campaña de una de ellas, o bien por el momento propicio resultado del grado de sensibilidad social y ciudadana respecto a todo esto, se ha dado cuenta de la necesidad de replantearse nuestro modelo de administraciones públicas, cuestionando, incluso, no sólo la utilidad sino la existencia de una parte de las mismas.

Nada mejor que una buena dosis de crisis económica para que nuestros gobernantes se planteen, en su propio detrimento con lo que ello conlleva en la supresión de determinados privilegios, incluso la supresión de ciertas instituciones enquistadas desde hace más de 175 años en nuestro ordenamiento público y que tan enraizadas están dentro de nuestra jerarquía institucional, las conocidas como Diputaciones Provinciales.

Creadas allá por el año 1836 en el reinado de Isabel II tenían como función principal el gobierno y la administración autónoma de la provincia.

Actualmente, y dentro del actual marco autonómico, cada provincia dispone de una de ellas excepto aquellas CCAA uniprovinciales como la de Asturias, Cantabria, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja, donde su competencia es asumida por la propia comunidad autónoma, por aquello de la no duplicidad de funciones.

En determinadas CCAA, la denominación que se las asigna obedece a ciertas etimologías que bien podrían estar relacionadas con ciertas connotaciones regionalistas, de tal modo que en el País Vasco se las conoce como Diputaciones Forales, en las Islas Baleares como el Consejo Insular, en las Islas Canarias como el Cabildo Insular y en Cataluña como los Consejos de Vergüerías, hoy cuestionados por el propio Tribunal Constitucional.

Y dentro de cada Diputación Provincial existe un Órgano de Gobierno formado por un presidente, un vicepresidente, una junta de gobierno y un pleno, todos ellos órganos de “elección indirecta”, esto es, la composición viene dada por los resultados en las elecciones municipales en cada provincia, donde el número de diputados en cada pleno depende del número de habitantes que hay en cada provincia, y todo esto regulado por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, sobre el Régimen Electoral General.

En las provincias vascas, y como excepción, las diputaciones forales, además de las funciones que les son propias, poseen también competencia en materia fiscal, y sus órganos son de “elección directa”, esto es, por votación. En esencia, entre las funciones propias atribuibles a las diputaciones estarían:
a) Asistencia jurídica, económica y técnica a los municipios.
b) Fomento del desarrollo económico y social en el territorio provincial.
c) Prestación de servicios supramunicipal y supracomarcal.
Por otra parte, las diputaciones forman parte del escalafón jerárquico dentro de nuestro sector público formado por una Administración Central/Estado, por las CCAA, por las Provincias/Diputaciones Provinciales y por las Entidades Locales/Ayuntamientos.

Y una vez comentado el papel y sitio que ocupan y habiendo ido desarrollando su función hasta la fecha de hoy, a pesar de los numerosos cambios desarrollados, tanto en materia institucional como constitucional de nuestras administraciones públicas, es ahora cuando su existencia está siendo más cuestionada, si bien nunca les faltó una masa crítica antes de la llegada de la extrema situación presente.

Y esto habrá que achacarlo, es de suponer entre otras razones, a la insostenibilidad de nuestro sistema de administraciones públicas situándolas en el centro de la diana y convirtiéndolas en instituciones anquilosadas empeñadas en seguir existiendo al mismo tiempo que se iba produciendo un incremento, cada vez mayor, de las competencias de las propias CCAA, a través de los desarrollos de sus respectivos estatutos lo que ha provocado un solapamiento y duplicidad de funciones entre ellas acarreando un incremento innecesario del gasto corriente y más aún en el capítulo de personal.


El presupuesto que manejan el conjunto de las Diputaciones Provinciales, según datos cerrados al 2009, asciende a 7.000 millones de euros, al tiempo que en las tres Diputaciones Forales vascas su presupuesto más que duplicaba al del resto llegando a los 15.000 millones de euros.

A fecha del primer trimestre del presente año, la deuda del conjunto de diputaciones provinciales ascendía a unos 7.200 millones de euros.


Y si además, como dato anecdótico, una diputación como la de Valladolid, de considerable envergadura, sólo destinó en ese año el 29,15% de su presupuesto total al capítulo de “inversiones reales”, esto es, a las tareas propias para el desarrollo provincial, nos haremos una idea dónde y a qué se destina el resto de los presupuestos.

Son eficaces, son eficientes nuestras diputaciones... ???

Desde la perspectiva del ciudadano, contribuyente nato, el problema puede llegar a adquirir tintes dramáticos si tenemos en cuenta el momento que estamos viviendo, y algo de razón llevará el ciudadano cuando, a tenor de todo esto, es en el plano político cuando surgen dentro de nuestra clase dirigente, auténticos partícipes y creadores de este desaguisado, corrientes que abogan sino por la supresión total de estas instituciones si por una reestructuración total del papel que vienen jugando.

Parece claro que, tanto desde el plano institucional como desde el plano social, es imprescindible acometer las reformas necesarias para eliminar duplicidades en funciones y tareas lo que conllevará el correspondiente ahorro y eficiencia en el gasto.

El reto, pues, que se plantea ahora es bajo qué fórmula debe acometerse una auténtica reforma de estas administraciones a fin de que no pierdan el espíritu con el que fueron creadas.

En mi opinión, una de las fórmulas posibles estaría dentro de las propias CCAA, asumiendo directamente esas tareas para provocar una optimización de recursos, creando, dentro del organigrama de cada comunidad autónoma, una figura que gestionase y controlase directamente el desarrollo económico y social de cada provincia.

Si tenemos en cuenta que existen en la actualidad unos 8.000 municipios, cabe otra fórmula, postulada por algunos, que sería proceder a la creación de una figura denominada “agrupación de municipios” que operase bajo un órgano coordinador. No olvidemos que ya existen en la actualidad ayuntamientos que aglutinan, de forma centralizada, la gestión de otros municipios y pedanías que por sí mismos no disponen de esa capacidad de gestión dado su tamaño, lo que nos llevaría, no a crear esa figura, sino a fomentar su desarrollo normativo dotándola de los medios y recursos necesarios para acometer en plenitud todas y cada una de esas funciones asignadas.

Y es aquí donde surgirá el debate, que, a buen seguro, se planteará para la próxima legislatura, sometiendo a estas administraciones a su propio test de estrés que bien podría llevar a su desaparición y, con ello, a la supresión de uno de esos niveles en nuestro ordenamiento administrativo público.

Habrá que estar atentos si ese debate y las soluciones propuestas traerán en realidad esa racionalización que buscamos, sin perder eficacia en su labor y que no suponga un maquillaje, vivido ya en otras ocasiones, que impida afrontar con seriedad una reforma a todas luces necesaria.

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