EL PAPEL DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES

En pleno debate sobre la conveniencia de una racionalización del gasto en el conjunto de las Administraciones Públicas o de la cacareada necesidad en la reestructuración y optimización de este sector público, nos encontramos en uno de esos momentos históricos donde nuestra clase política, bien por razones económicas, por la crisis que atravesamos, bien por razones electoralistas, estamos prácticamente en campaña de una de ellas, o bien por el momento propicio resultado del grado de sensibilidad social y ciudadana respecto a todo esto, se ha dado cuenta de la necesidad de replantearse nuestro modelo de administraciones públicas, cuestionando, incluso, no sólo la utilidad sino la existencia de una parte de las mismas.

Nada mejor que una buena dosis de crisis económica para que nuestros gobernantes se planteen, en su propio detrimento con lo que ello conlleva en la supresión de determinados privilegios, incluso la supresión de ciertas instituciones enquistadas desde hace más de 175 años en nuestro ordenamiento público y que tan enraizadas están dentro de nuestra jerarquía institucional, las conocidas como Diputaciones Provinciales.

Creadas allá por el año 1836 en el reinado de Isabel II tenían como función principal el gobierno y la administración autónoma de la provincia.

Actualmente, y dentro del actual marco autonómico, cada provincia dispone de una de ellas excepto aquellas CCAA uniprovinciales como la de Asturias, Cantabria, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja, donde su competencia es asumida por la propia comunidad autónoma, por aquello de la no duplicidad de funciones.

En determinadas CCAA, la denominación que se las asigna obedece a ciertas etimologías que bien podrían estar relacionadas con ciertas connotaciones regionalistas, de tal modo que en el País Vasco se las conoce como Diputaciones Forales, en las Islas Baleares como el Consejo Insular, en las Islas Canarias como el Cabildo Insular y en Cataluña como los Consejos de Vergüerías, hoy cuestionados por el propio Tribunal Constitucional.

Y dentro de cada Diputación Provincial existe un Órgano de Gobierno formado por un presidente, un vicepresidente, una junta de gobierno y un pleno, todos ellos órganos de “elección indirecta”, esto es, la composición viene dada por los resultados en las elecciones municipales en cada provincia, donde el número de diputados en cada pleno depende del número de habitantes que hay en cada provincia, y todo esto regulado por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, sobre el Régimen Electoral General.

En las provincias vascas, y como excepción, las diputaciones forales, además de las funciones que les son propias, poseen también competencia en materia fiscal, y sus órganos son de “elección directa”, esto es, por votación. En esencia, entre las funciones propias atribuibles a las diputaciones estarían:

a) Asistencia jurídica, económica y técnica a los municipios.

b) Fomento del desarrollo económico y social en el territorio provincial.

c) Prestación de servicios supramunicipal y supracomarcal.

Por otra parte, las diputaciones forman parte del escalafón jerárquico dentro de nuestro sector público formado por una Administración Central/Estado, por las CCAA, por las Provincias/Diputaciones Provinciales y por las Entidades Locales/Ayuntamientos.

Y una vez comentado el papel y sitio que ocupan y habiendo ido desarrollando su función hasta la fecha de hoy, a pesar de los numerosos cambios desarrollados, tanto en materia institucional como constitucional de nuestras administraciones públicas, es ahora cuando su existencia está siendo más cuestionada, si bien nunca les faltó una masa crítica antes de la llegada de la extrema situación presente.

Y esto habrá que achacarlo, es de suponer entre otras razones, a la insostenibilidad de nuestro sistema de administraciones públicas situándolas en el centro de la diana y convirtiéndolas en instituciones anquilosadas empeñadas en seguir existiendo al mismo tiempo que se iba produciendo un incremento, cada vez mayor, de las competencias de las propias CCAA, a través de los desarrollos de sus respectivos estatutos lo que ha provocado un solapamiento y duplicidad de funciones entre ellas acarreando un incremento innecesario del gasto corriente y más aún en el capítulo de personal.

El presupuesto que manejan el conjunto de las Diputaciones Provinciales, según datos cerrados al 2009, asciende a 7.000 millones de euros, al tiempo que en las tres Diputaciones Forales vascas su presupuesto más que duplicaba al del resto llegando a los 15.000 millones de euros.

A fecha del primer trimestre del presente año, la deuda del conjunto de diputaciones provinciales ascendía a unos 7.200 millones de euros.

Y si además, como dato anecdótico, una diputación como la de Valladolid, de considerable envergadura, sólo destinó en ese año el 29,15% de su presupuesto total al capítulo de “inversiones reales”, esto es, a las tareas propias para el desarrollo provincial, nos haremos una idea dónde y a qué se destina el resto de los presupuestos.

Son eficaces, son eficientes nuestras diputaciones... ???

Desde la perspectiva del ciudadano, contribuyente nato, el problema puede llegar a adquirir tintes dramáticos si tenemos en cuenta el momento que estamos viviendo, y algo de razón llevará el ciudadano cuando, a tenor de todo esto, es en el plano político cuando surgen dentro de nuestra clase dirigente, auténticos partícipes y creadores de este desaguisado, corrientes que abogan sino por la supresión total de estas instituciones si por una reestructuración total del papel que vienen jugando.

Parece claro que, tanto desde el plano institucional como desde el plano social, es imprescindible acometer las reformas necesarias para eliminar duplicidades en funciones y tareas lo que conllevará el correspondiente ahorro y eficiencia en el gasto.

El reto, pues, que se plantea ahora es bajo qué fórmula debe acometerse una auténtica reforma de estas administraciones a fin de que no pierdan el espíritu con el que fueron creadas.

En mi opinión, una de las fórmulas posibles estaría dentro de las propias CCAA, asumiendo directamente esas tareas para provocar una optimización de recursos, creando, dentro del organigrama de cada comunidad autónoma, una figura que gestionase y controlase directamente el desarrollo económico y social de cada provincia.

Si tenemos en cuenta que existen en la actualidad unos 8.000 municipios, cabe otra fórmula, postulada por algunos, que sería proceder a la creación de una figura denominada “agrupación de municipios” que operase bajo un órgano coordinador. No olvidemos que ya existen en la actualidad ayuntamientos que aglutinan, de forma centralizada, la gestión de otros municipios y pedanías que por sí mismos no disponen de esa capacidad de gestión dado su tamaño, lo que nos llevaría, no a crear esa figura, sino a fomentar su desarrollo normativo dotándola de los medios y recursos necesarios para acometer en plenitud todas y cada una de esas funciones asignadas.

Y es aquí donde surgirá el debate, que, a buen seguro, se planteará para la próxima legislatura, sometiendo a estas administraciones a su propio test de estrés que bien podría llevar a su desaparición y, con ello, a la supresión de uno de esos niveles en nuestro ordenamiento administrativo público.

Habrá que estar atentos si ese debate y las soluciones propuestas traerán en realidad esa racionalización que buscamos, sin perder eficacia en su labor y que no suponga un maquillaje, vivido ya en otras ocasiones, que impida afrontar con seriedad una reforma a todas luces necesaria.

Soy Goyo Vilda y en este blog comparto contigo mis inquietudes y reflexiones semanales. Para atender tus intereses personales o necesidades empresariales estoy a tu disposición con todo el equipo técnico de ALFICO. Puedes usar el formulario de contacto de nuestra web o el teléfono 979 123 738.