EL EMPLEO POLÍTICO

Ahora que por fin ya sabemos sobre el "préstamo” que el organismo europeo ha concedido a nuestro país para oxigenar nuestro maltrecho sistema financiero, dicen que de unos 100.000 millones de euros, bien pudieran explicarnos los responsables de nuestro estamento gubernamental cómo y de qué forma vamos a  devolver, no sólo el principal de este compromiso, sino de la ingente Deuda Pública viva que mantenemos por la continua emisión, cada vez en más cantidad y a un precio más caro, que hemos tenido que poner en el escaparate del mercado internacional para ir devolviendo, a su vez, el vencimiento de deuda emitida con anterioridad.

A fecha de hoy el total de la Deuda Pública alcanza ya el 72% de nuestro PIB, prácticamente el doble que lo que suponía allá por el año 2007, inicio del declive económico.

Ministro Sr. de Guindos

Por cierto, se me ocurre que el citado "préstamo" bien se podría considerar un rescate a la economía de nuestro país si no fuera por el empeño de nuestro ministro Sr. De Guindos por tratar, entiendo que con buen criterio, de no alarmar más a los depredadores internacionales ávidos de presas débiles, recurriendo así a la utilización de un léxico variopinto en el argot económico que persigue disimular o suavizar lo que, con temor, cada uno de los ciudadanos llamaríamos por su auténtico nombre.

Recordemos que esta "inyección" de dinero se hará directamente al FROB, Fondo de  Reestructuración Ordenada Bancaria, organismo avalado por el Estado, lo que supondrá con toda seguridad que se compute como deuda estatal lo que provocará una elevación, si cabe superior, del nivel de deuda de nuestro país.

Al final, la cuestión de fondo son las exigencias, que no gratuitas, a las que nos veremos sometidos por parte de los que nos prestan y que irán encaminadas a adelgazar de forma considerable el monto de nuestro gasto público para así cumplir con el objetivo que se nos ha impuesto de déficit fiscal.

Seguro, Sr. De Guindos, que este préstamo no solo traerá consecuencias para el sector bancario sino que mucho nos tememos que habrá que apechugar con la devolución del mismo con fondos públicos.

Esto, a buen seguro, nos llevara a afrontar, entre otras reformas, la optimización en lo que respecta a nuestro Sector Público, haciendo posible la cuadratura del círculo hasta ahora inabordable.

Cómo, con menos recursos y personal, seremos capaces de conservar nuestro estado de bienestar  sin que se produzca una merma de su calidad y ello en consonancia a  la contribución de los impuestos que se pagan. Sin lugar a dudas es uno de los grandes retos que se plantean dentro del aparato presupuestario de nuestra Administración.

Abordando la problemática de nuestra Función Pública, hoy tan de moda y no exenta de razones y razonamientos, el nivel de empleo público en España se sitúa en la mitad de la tabla en comparación con nuestros vecinos europeos por delante de Alemania, Luxemburgo y Reino Unido y por detrás de Suecia, Francia, Holanda y Bélgica.

El exceso desorbitado de sueldos políticos devora recursos

Es difícil ofrecer cifras reales por la opacidad que muestran nuestros dirigentes a la hora de dar datos sobre el montante total de empleo público; pero si tenemos en cuenta todos los empleos relacionados directamente con nuestras distintas administraciones  más los que tienen que ver con toda clase de instituciones públicas la cantidad se acercaría a los 3,1 millones de empleados lo que representa el 16% sobre el total de la población activa.

Dependerían de las CCAA el 56%, de las Haciendas Locales el 26% y de la Administración Central el 18%.

Y el total de las nóminas de los asalarios públicos se llevan unos 110.000 millones de euros de nuestros Presupuestos Generales del Estado. Esto representa el 51% de nuestro PIB, según datos del CIS.

La Ley 7/2007, de 12 de abril, regula el Estatuto Básico del Empleado Público que en su espíritu viene a establecer la relación que existe entre el empleado público y la Administración Pública.

Como curiosidad, en su artículo 8º, se establece una clasificación del  empleo público, los funcionarios de carrera, los funcionarios interinos, el personal laboral fijo y el personal laboral eventual.

Pero es en su artículo 6º donde se establece que las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las CCAA aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las Leyes Reguladoras de la Función Pública, tanto de la Administración General del Estado como de las CCAA.

En mi opinión, la libertad que otorga este artículo, al dar a las distintas administraciones libertad para conformar a su criterio todo lo relativo a la Función Pública dentro de su territorio, es causa probable de la situación en la que ahora nos encontramos en lo que supone la sobredimensión y solapamiento del sector público.

España no padece elefantiasis política, sino "mamutasis" 

En otras palabras, son los políticos que, por una u otras razones,  atendiendo a aspectos de territorialidad o a intereses inciertos, y aprovechando la autonomía que se les brinda en lo relativo a la organización de lo público, explica en buena medida  la  tan ineficiente e ineficaz situación en la que se encuentra el conjunto de nuestras administraciones, amén de presentar un cuadro enormemente dimensionado gracias a las ocurrencias de estos mismos políticos y demás interesados en la constitución de una amalgama de empresas, instituciones y fundaciones públicas satélites de difícil catalogación.

Sr. Beteta

Recientemente, el Sr. Beteta Secretario de Estado de Administraciones Públicas, manifestaba la necesidad de acometer un ahorro en el seno de nuestro sector público, centrada en torno a las condiciones laborales de los trabajadores públicos.

Ya existe un borrador donde se suprimirán vacaciones y días de permiso, se incrementarán las horas de trabajo y se reducirán salarios a todos aquellos trabajadores que reciben su salario de nuestras administraciones, sin olvidarnos del  despido de trabajadores acometido en toda clase de empresas públicas.

A nadie se le escapa que ha sido ineficaz y costosísimo mantener este volumen de empleo público, por motivos que todos sabemos o imaginamos,  pero no es menos cierto que no se puede acometer un adelgazamiento del gasto en el conjunto de nuestro aparato público a costa de la reducción de condiciones laborales de nuestros empleados públicos, eso producirá desánimo y dejadez, sin entrar en que habrá una disminución en el consumo derivado por la menor circulación de masa monetaria.

¿Y, si en vez de esto, se acomete una profunda reforma en la forma y manera en la que deben de operar nuestros trabajadores del sector público, exigiéndoles productividad y responsabilidad en su gestión como si de un sector privado se tratara?

¿Y si reducimos los aproximadamente 450.000 políticos que, de una u otra manera, viven de o en torno a la política?

¿Y si nos proponemos una autentica reforma dentro del Estado para evitar solapamientos innecesarios y duplicidades en la gestión pública?

O mucho me equivoco o me temo que la insostenibilidad del sistema que hemos creado obligará a tomar medidas muy, pero que muy drásticas si tenemos en cuenta que los grandes contribuidores de impuestos como son la clases medias y las pequeñas y medianas empresas, en un estado de colapso total, viéndose sometidas a una presión que ha llevado a una buena parte de las segundas a su desaparición.

Soy Goyo Vilda y en este blog comparto contigo mis inquietudes y reflexiones semanales. Para atender tus intereses personales o necesidades empresariales estoy a tu disposición con todo el equipo técnico de ALFICO. Puedes usar el formulario de contacto de nuestra web o el teléfono 979 123 738.